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En cualquier democracia del mundo que se tenga por tal -salvo, claro, en aquellas que por tales se tienen sin llegar a serlo- se observa con escrupulosa atención el principio conocido como “separación de poderes”; lo que viene a significar que hay un poder ejecutivo, que gobierna, un poder legislativo, que modera y controla a aquel sobre la base de los resultados de unas elecciones, y un poder judicial, independiente de ambos, que entiende de la aplicación, también a los anteriores, de las leyes que dimanan de uno y otro.

No creo que existan más de cinco o seis ejemplos perfectos de la aplicación de tal principio, pero podríamos afirmar que así ocurre generalmente en los países occidentales, en especial los europeos. Cualquier otra cosa supondría un escándalo de alcance internacional. Ni en la políticamente caótica Italia, ni en el últimamente trémulo Reino Unido, pero ni en Polonia, ni en Hungría, ni en los países nórdicos… En nuestro entorno todo, la independencia del poder judicial como pilar de la democracia, la estabilidad y la convivencia, no solo se respeta, sino que ni siquiera se discute.

Y héte aquí que en España, con un gobierno de izquierdas (ya sabes, progresista, moderno, avanzado y contumazmente democrático) la independencia del poder judicial no solo se discute, sino que, desde ese mismo gobierno, se amenaza, se ataca y se secuestra.

La coalición social comunista que encabeza Pedro Sánchez -decir que lidera sería demasiado- ha ido, en los cuatro últimos, años saltándose las sucesivas líneas rojas que la concepción de una democracia establece como garantía de un poder judicial efectivamente independiente.

Podríamos empezar con la ocurrencia inédita de nombrar Fiscal General del Estado a una ministra de Justicia saliente, saltándose el requisito de oír al Consejo General del Poder Judicial, antes de ser nombrada por el Rey de España.

Claro que, para ello, debería existir un Consejo General del Poder Judicial comme il faut. Y tal no existe en España. No hay precedentes en la democracia española -menos en ninguna democracia europea- de una parálisis institucional que afecte de tal manera al Poder Judicial. Con el Supremo al borde del colapso, el Constitucional sin poder renovarse y el CGPJ en funciones y bloqueado desde hace casi cuatro años, desde el 4 de diciembre de 2018. Todo un récord en la historia del órgano de gobierno de los jueces, cuya composición actual data de la arquitectura parlamentaria de 2013, es decir, de la primera legislatura de Mariano Rajoy, hace casi nueve años.

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Sí, claro, puede decirse que, contando con mayoría absoluta, bien hubiera podido la derecha haber tomado cartas en el asunto. Pero la derecha tiene siempre la manía de intentar hacerlo todo lo que atañe a su gestión “consensuadamente”. Por eso, por ejemplo, se aplicó en Cataluña un artículo 155 de suspensión de la autonomía descafeinado y timorato.

Pero es que en la actualidad, ¿a qué acuerdos va a llegar la derecha, en la oposición, para renovar los órganos judiciales con los precedentes de la actuación de Pedro Sánchez en su intento de dominar, sojuzgar y esclavizar al poder judicial en su favor? Menos cuando ya ha acordado con los separatistas catalanes la revisión del delito de sedición, para que el fugado expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda volver a España desde su refugio en caballo blanco y con capa de armiño.

Por más que desee cumplir la ley y actualizar los órganos judiciales, torpe sería el líder de la oposición si accediera con semejante hipoteca. Porque, vale, sí, la ley es dura; pero, amigos, es la ley.