Por la independencia del Poder Judicial

Desde muchos sectores de la sociedad se reclama con insistencia la exigencia de contar con un sistema de justicia independiente, tanto respecto a su aspecto formal como, sobre todo, desde su vertiente práctica. Los que nos dedicamos al mundo del derecho lo venimos exigiendo desde hace tiempo, aún con más convicción y firmeza.

En efecto, abogados, fiscales, incluso los propios jueces, todos los operadores jurídicos, venimos demandando un cambio en el actual sistema de organización en el que se desenvuelve la administración de justicia en España.
La importancia de lo que entendemos por Justicia no es, ni mucho menos, una cuestión menor. Desde la antigüedad se ha entendido a aquella como una de las virtudes cardinales. Fue Platón quien describió la justicia como la virtud principal. Solo cuando alguien comprenda la justicia, aseveraba el filósofo, conseguirá las otras y cuando alguien posea todas las virtudes (justicia, prudencia, fortaleza y templanza) será la propia justicia la que podrá preservarlas.

Si profundizamos en el concepto de justicia, diremos, según la primera acepción de la Real Academia Española, que es “una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece” y en la tercera, el “conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene”

Si traemos la definición que de la Justicia (iustitia) ya se hacía desde el Derecho Romano, en palabras del jurista Ulpiano, el término justicia sería: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho). Siendo los preceptos o mandatos del derecho: “Honeste vivere,
alterum non laedere et suum quique tribuere…” (Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde).

Como verán, por tanto, no es cuestión baladí el hecho de atribuir a un determinado poder del Estado tan determinante responsabilidad, cuál es la de administrar o conceder a cada ciudadano el derecho que pudiera
corresponderle.
Pues bien, si nos fijamos en el estudio elaborado por la organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, Foro Económico Mundial (The World Economic Forum) en el Reporte Global de Competitividad 2013-2014, sobre la valoración
de independencia judicial de los 142 países estudiados, España se encuentra en el puesto 72o (ver página
365, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf). Y en el año 2020, El Foro Económico Mundial, situaba la independencia judicial en España al nivel de Irán e Indonesia.

En este ranking la independencia judicial se mide, entre otros parámetros, por cómo son seleccionados los jueces. Mecanismos de elección con examen, calificaciones y audiencias públicas garantizan una justicia más independiente.
Si la designación pasa por nombramientos desde los otros poderes del Estado, la valoración de la independencia en la justicia es menor. Otro de los factores es la transparencia. Cuando todas las decisiones y los procesos judiciales son
accesibles para cualquiera, es más fácil comprobar si un juez falló por presión o connivencia con alguna de las partes. Además, facilita el control que puede ejercer la prensa.

Los países que ocupan en este listado los primeros puestos y que obtienen una mayor valoración por tener una justicia más independiente son: Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, Hong Kong y Noruega. En el lado opuesto, cerrando el ranking se encuentra Venezuela obteniendo la peor valoración al contar con un sistema de justicia muy lejos de ser independiente.
En España, a partir del año 1985, fecha en la que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el sistema de elección de una parte de los Jueces que componen el Consejo General del Poder Judicial pasó a elegirse por el Poder Legislativo, hubo un claro retroceso en la valoración sobre nuestra independencia de la Justicia. A partir de entonces, muchos juristas y no
juristas, alertaron de esta afrenta para la separación de poderes, sustento necesario e imprescindible en un Estado de Derecho.
Ahora, que se acerca el año electoral, sería conveniente volver a exigir a los candidatos de las diferentes opciones políticas que reclaman nuestro voto, que vuelvan a resucitar a Montesquieu y recuerden, como hizo él en su obra “El Espíritu de las Leyes”, que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no deben concentrarse en las mismas manos, sino cada poder contrarrestar y equilibrar a los otros.
Si no conseguimos instaurar un sistema de Justicia totalmente independiente, todas las demás virtudes conseguidas quebrarán y si lo hacen, no tendremos un país virtuoso…, ni justo.