En la última semana, y justo en el momento en el que se han cumplido los 6 meses desde que Alberto Núñez Feijóo accediera a la presidencia del Partido Popular, el gobierno de España, presidido por Sánchez, ha iniciado una campaña de presión contra el líder de la oposición usando como excusa la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional en dónde entre otras cosas, pretende poner en la presidencia a un hombre afín a su ideología para consolidar sus planes respecto a la justicia.
Para llevar a cabo esta renovación, es preciso que el gobierno cuente con el voto de 220 diputados y que aparentemente, se use un supuesto consenso con el apoyo del principal partido de la oposición, a fin de validar de facto los planes de renovación de miembros del Consejo y del TC hacia una mayoría progresista de ambos órganos y así durante 4 años, tener una mayoría afín a sus postulados, gracias a la designación nominal de sus miembros desde el parlamento, dejando de lado la posibilidad de que los “cuidadores “de la marcha de la justicia, estén elegidos por los propios jueces y sean representantes emanados desde la propia justicia, tal y como exige la lógica, reclama la UE y no los escogidos desde la política.
En la actualidad, esta pretensión del gobierno, nace viciada, fundamentalmente, por las necesidades que tienen sus socios, que le sustentan, para cambiar los problemas que la justicia les causa para sus fines políticos. Este es el caso del independentismo catalán que, afectado de lleno por las condenas que recibieron sus líderes como consecuencia de la asonada del 1 de octubre, en donde se les acusa de haber cometido una sedición respecto al Estado, tienen a sus líderes imposibilitados para participar en política, razón por la que para mantener su fuerza en Cataluña, precisan que se modifique el tiempo de aplicación del delito de Sedición.
Los otros socios, en este caso Bildu, necesita dar una solución a su problema de la situación de los presos etarras y así acallar las constantes críticas internas que están recibiendo desde sectores juveniles de su conglomerado, que acusan a los bildutarras de haberse aburguesado, así como desde las propias familias de los presos, quienes quieren acelerar la salida de los condenados, aprovechando la asunción de competencias de la gestión de las prisiones en la Comunidad Autónoma Vasca.
Pero para el gobierno, el malo es Núñez Feijóo porque no acepta sus condiciones para la renovación del CGPJ, ni de los miembros del TC, dado que de esta manera, el Sanchismo, se queda solo ante la sociedad para “cumplir” con las obligaciones adquiridas con sus socios, quienes en ocasiones, han manifestado en la tribuna del Congreso, que “España les importa un pito”.
Núñez Feijóo ha hecho bien, no aceptando las imposiciones del gobierno y rechazando un acuerdo nada beneficioso ni para la justicia ni para la sociedad española. Digan lo que digan desde la izquierda o sus satélites mediáticos, Feijóo debe ser consciente que España no puede permitirse degradar la democracia hasta ese extremo, ya que los jueces, deben elegir a sus representantes en el consejo, modificar el delito de sedición, es dejar sin protección a una España que podría volver a sufrir el ataque de los independentistas catalanes tal y como lo han señalado en muchas ocasiones y tampoco puede aceptar que los presos de Eta, anden como Pedro por su casa, sin que se hayan resuelto 377 actos criminales de la banda, que todavía están irresolubles.
Feijóo puede ser para la izquierda y para los populistas de la derecha el enemigo a batir, le sacarán cuernos, tridente, dirán que hace lo que otros dicen, pero lo cierto es que Feijóo es la necesaria alternativa que precisa España, para que esto cambie, la democracia se normalice y tengamos un Pte del Gobierno al servicio de los españoles, un estado funcionando desde parámetros constitucionales y unos enemigos de España, alejados del poder y de sus fines.
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