La pregunta que hay que hacerse, viendo los Presupuestos Generales de Estado en la partida de Administración de Justicia, es clara: ¿en qué contribuyen estos presupuestos de justicia para que salgamos de la grave crisis económica en que nos encontramos? Lo triste es que la Ministra de Justicia no es capaz de hacer unos presupuestos efectivos por causa de su debilidad en el Consejo de Ministros. Los presupuestos presentados recientemente, son engañosos y manifiestamente insuficientes para atender las necesidades de este esencial servicio público.
Podemos decir que la propuesta de la ministra LLop es continuista en la ineficacia. Una vez más pretende vender proyectos que suenan muy bien, pero que son huecos. Sin embargo, la Justicia no necesita que sus proyectos suenen bien, sino que funcionen bien. De tanto querer hacer titulares se ha olvidado de cómo solucionar los graves problemas de la Justicia en los próximos 12 meses, de la justicia que tiene que ayudar a superar la grave crisis económica que se va a agravar durante el año 2023.
Según las últimas encuestas sobre la percepción que los ciudadanos tienen de la Justicia, se llega a la conclusión de que el 72% de los consultados consideran que es lenta y el 79% opina que no cuenta con los recursos necesarios para actuar con eficacia y rapidez.
Una Justicia “plenamente confiable” e “inasequible a la corrupción”, aunque sometida de forma permanente a “presiones” por parte de los grupos políticos y económicos. Así ven los españoles a la administración de Justicia, según las últimas encuestas.
En cambio, el Poder Judicial es, según este estudio, el mejor valorado de los tres poderes del Estado, aunque un 48% de los encuestados opina que la administración de Justicia funciona mal, frente al 33% que cree que lo hace bien y el 18% que estima que lo hace regular.
La fama de lentitud que arrastra hace que el 72% de los españoles piensen que, siempre que se pueda, es mejor evitar acudir a ella. Y un porcentaje aún mayor, el 79%, sostiene que la Justicia no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar de forma más rápida y eficaz.
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Estos son los problemas que tienen que solucionar los presupuestos de la Justicia, pero una vez más, los mismos no han contentado a jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales y demás funcionarios de la Justicia. En cambio, Otegi y Rufián están muy satisfechos. Sin lugar a dudas, algo falla cuando las cuentas públicas nacen muertas, y cuando la partida que recoge el dinero para la Administración de Justicia no contenta a nadie. La conclusión es que el precio que está dispuesto a pagar el gobierno para lograr aprobar los Presupuestos, una vez más, es la Justicia.
Por eso, es evidente que da igual que este servicio público funcione o no, ya que el juego es otro y este consiste en pagar con la Justicia las exigencias de los socios del sanchismo.
Un primer pago es el posible fraccionamiento de la unidad del Poder Judicial. Son constantes las peticiones de Bildu y ERC, a la que se ha unido también el PNV, de crear un Poder Judicial propio. Un empeño que sólo tiene una explicación: el deseo de estos partidos de pasar a tener su cuota de control de los jueces en sus respectivos territorios.
El resultado sería el avance en un delicado y controvertido modelo que desgajaría funciones actualmente comprendidas en el Consejo General del Poder Judicial y que ya ha recibido los reparos del Tribunal Constitucional. Pero, pese a ello, no tengo ninguna duda de que el presidente del gobierno podría aceptar el traspaso del Poder Judicial para contentar a las formaciones mencionadas de las que depende continuar en el Gobierno.
El segundo pago que el sanchismo está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder es la deslegitimación de jueces y magistrados, verdadero objeto del odio de los comunistas de Podemos. Así pues, el Ministerio de Justicia es totalmente pasivo en la defensa de la independencia judicial. Son escandalosas las manifestaciones en los últimos meses de algunos miembros de Podemos contra la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El objetivo de Podemos es siempre el mismo, someter al Poder Judicial a los intereses partidistas, convirtiéndolo en un simple departamento al servicio del gobierno.
En un tuit, la Ministra Belarra, llegó a afirmar que el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, fue condenado por agredir a unos policías, “a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí”, acusando al Tribunal Supremo de prevaricación.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Echenique: “condenaron a Alberto Rodríguez sin pruebas”. Añadiendo que Batet ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar.”
Les han llamado prevaricadores, franquistas, violadores de derechos, machistas, consentidores de la pederastia, colaboradores con los delincuentes de género, perseguidores de la libertad de expresión y vulneradores de derechos humanos.
El Gobierno no tiene en cuenta que más allá del derecho al honor de los magistrados a quienes se acusa de prevaricar, se ataca a uno de los poderes del Estado, menospreciando la labor concreta de sus miembros, haciendo un daño terrible a la imagen de la Justicia en los momentos en que las fuerzas independentistas, encabezadas por el delincuente prófugo Puigdemont, la están cuestionando en el Tribunal Europeo. O a lo mejor, en eso consiste el pago.
En definitiva, existe una clara preocupación con los pagos que el Gobierno quiere hacer para continuar en el poder y que afectan a proyectos de modificación de leyes, como por ejemplo, el código penal, la ley de seguridad ciudadana y la LECRIM, ya que se han convertido en una moneda de cambio con los socios de ERC y Bildu.
Cómo funcione la administración de Justicia da igual porque lo que se pretende es que entremos en la crisis constituyente anunciada por el Ministro Campo antes de ser cesado de forma fulminante, y en la que se encontrarán muy cómodos los socios del Gobierno.
Por estos motivos, deben rechazarse estos presupuestos, no solo por ineficaces, sino por lo que pueden suponer para la convivencia y la calidad democrática de nuestra España.
Fernando de Rosa, Portavoz de justicia PP en el Senado.
