Es así, lo pongas como lo pongas: a nosotros, las personas normales y corrientes, puede, sí, preocuparnos el precio de la electricidad, los carburantes, la calefacción y lo que nos cuesta la cesta de la compra; pero lo que más íntimamente nos toca, lo que nos afecta en lo más nuestro, que es nuestro propio cuerpo y el de quienes amamos, es la salud, el estar y sentirnos bien con lo único que no podemos quitarnos de encima cuando nos vamos al trabajo, a hacer deporte, a cenar con los amigos o a la cama -a dormir o no-, es este armazón contenido en nuestra piel.
Es normal, por tanto, que la salud y, por ende, la sanidad, que no es otra cosa que el cuidado de aquella, figure en el primer lugar de nuestras cuitas. Queremos, pagamos y merecemos una atención adecuada a nuestros males, en tiempo y forma, con la aplicación que los avances en la materia vienen viendo los siglos, desde la antigüedad.
Y el problema, en cualquier país del mundo, pero muy especialmente en España, es cuando los políticos ponen en ella sus sucias zarpas para utilizarla, la Sanidad, como arma arrojadiza contra sus adversarios, estén en el gobierno o en la oposición.
Denme solo tres párrafos para ubicarlos. En España existe, amparado por la Constitución, un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad o desempleo (artículo 41), que reconoce el derecho a la protección de la salud, competiendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (artículo 43). Un régimen que, para que no falte de nada, la Ley Orgánica 4/2000 incluía los derechos y libertades de los extranjeros residentes en España.
Y todo ello no de ahora, oiga. El punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales (1883) que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión, en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que se van reconociendo, como el Seguro Obligatorio de Maternidad, Seguro de Paro Forzoso, Seguro de Enfermedad, o el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
La Ley de 14 de diciembre de 1942, que ningún gobierno progresista ha enterrado, de momento, a pesar de ser muy, pero que muy franquista, crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE, pero sin nada que ver con el PSOE socialista), bajo la gestión del Instituto Nacional de Previsión, de cobertura de los riesgos sanitarios a través de una cuota vinculada al trabajo, cuya afiliación es obligatoria y única para la vida de la persona y para todo el sistema, como lo es el pago, por empresarios y empleadores, de las cuotas o cotizaciones, como requisito previo e ineludible a la iniciación de sus actividades.
España es, hoy, ahora mismo, el primer país de la UE en esperanza de vida al nacer, con una esperanza de vida saludable a los 65 años por encima de la Media de la UE. Digan lo que digan los muchos o pocos manifestantes movilizados por la izquierda radical (y solo en las Comunidades gobernadas por la oposición al Gobierno Central, porque, ya digo, han convertido la Sanidad en un arma arrojadiza), la puntuación que da la ciudadanía a los servicios sanitarios, primero a los hospitales y especialistas y luego al médico/a de familia está por encima del promedio de la UE, según la poco sospechosa Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica en España, en junio de 2021.
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Frente a eso, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países desarrollados más ricos del mundo, es, sin embargo, uno de los pocos sin una cobertura sanitaria universal. Actualmente, 45 millones de personas carecen de alguna prestación sanitaria y 45.000 personas mueren cada año por la falta de atención sanitaria. Junto a Polonia y Grecia forman los tres países miembros de la OCDE sin un conjunto de servicios básicos garantizados.
La cobertura sanitaria universal está aún muy lejos de conseguirse en los Estados Unidos, la falta de una red de atención pública junto a todas las organizaciones privadas que deben gestionar el dinero hacen que no llegue realmente a los más pobres, a pesar de programas como los que los estadounidenses denominan asistencia sanitaria pública, como Medicare o Mediaid, donde los organismos públicos del país administran y distribuyen los fondos económicos, pero no suministran la atención médica al carecer de una red de hospitales públicos.
La salud es algo muy importante, no sé para los políticos, pero sí para cada uno de nosotros. Su cuidado, su gestión, su atención, desde la prevención hasta la curación, que es de lo que debe entender la Sanidad, es algo demasiado trascendental como para convertirla en munición de tirachinas. Porque, miren, a lo mejor la Sanidad no da votos. Pero, no lo duden, sí los quita.

Antonio Imízcoz