Maduro olvida a los presos políticos más significativos

| |

5f2a11e4d10b1
Foto: AFP

Caracas, ABC (01 de septiembre). El régimen de Nicolás Maduro lanzó ayer una segunda fase de lo que parece ser una nueva estrategia política para Venezuela para incentivar el interés de los partidos opositores en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, consideradas como una farsa y un fraude. Tras la liberación hace cuatro días, con medidas cautelares, del diputado Juan Requesens, ayer indultó a diputados opositores que estaban presos y otros que se encuentran exiliados por la persecución que inició el régimen años atrás. Un total de 110 personas, aunque según el Foro Penal sólo medio centenar pueden considerarse presos políticos y aún quedarían 356 en las prisiones venezolanas.

Sin embargo, el régimen venezolano no ha querido beneficiar a destacados dirigentes como Leopoldo López (refugiado en la Embajada de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019), Julio Borges ni a Henrique Capriles Radonski, quien en 2013 se midió en las elecciones presidenciales con Maduro, y anteriormente lo había hecho con Hugo Chávez. Tampoco figuran entre los beneficiados ningún militar disidente preso.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, leyó un documento firmado por Nicolás Maduro anunciando que libra de delitos a 110 dirigentes cuya inmunidad parlamentaria había sido allanada, así como a periodistas y actores sociales detenidos por diversos delitos. Entre los diputados se encuentran Freddy Guevara, Henry Ramos Allup (secretario general de Acción Democrática) y Gilber Caro, así como también Roberto Marrero, quien fuera jefe de gabinete del presidente interino, Juan Guaidó. También figura el periodista Nicmer Evans, que está preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

En la lista facilitada por las autoridades venezolanas figuran cuatro personas que cuentan con la nacionalidad española, además de la venezolana: la abogada Antonia Turbay (por el caso de Iván Simonovis), Demóstenes Quijada, (asesor de Juan Guaidó), Sergio Termini (amigo de Julio Borges) y Yofran Quintero.

Los indultos fueron otorgados con el objetivo de alcanzar la «paz y la reconciliación», según leyó Rodríguez en el comunicado a través de una rueda de prensa ofrecida desde Caracas. Aseguró que fueron aprobados en el marco de los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, previos a las elecciones a la Asamblea Nacional que se celebrarán el 6 de diciembre, una convocatoria en la que buena parte de la oposición ha dicho que no participará por tratarse de «una farsa».

Tras el anuncio, la diputada Mariela Magallanes, una de las beneficiadas, aseguró a través de su cuenta en Twitter que «ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal». La parlamentaria fue una de las opositoras que buscó refugio en una legación cuando la Asamblea Nacional Constituyente le allanó su inmunidad. Con los meses, Magallanes logró salir de Venezuela hacia Italia.

Américo De Grazia también lanzó un mensaje rotundo en las redes sociales: «Ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle».

Sigue la cacería de diputados

Una gran parte de los indultados salieron de Venezuela huyendo de la persecución del régimen como es el caso de José Guerra, Mariella Magallanes, Miguel Pizarro, Juan Andrés Mejía, Américo De Grazia, entre otros. Mientras que Fredy Guevara se encuentra en calidad de huésped en la embajada de Chile desde noviembre de 2017, luego de ser perseguido por protagonizar grandes manifestaciones contra el Gobierno chavista.

La cacería de diputados la inició el régimen tras el fallido golpe de Estado de abril de 2019, en el que participaron Guaidó y Leopoldo López. Por lo que el régimen tuvo entre ceja y ceja desmantelar el Parlamento, la única institución del Estado controlada por la oposición desde 2015.

Pero hace tres años, tras la creación de la Constituyente, el régimen allanó la inmunidad parlamentaria de sus detractores y desde entonces, la cúpula chavista insistió en la captura de opositores que integran el Poder Legislativo bajo el argumento de que apoyaron la Operación Libertad, por lo que fueron tachados de traicionar la patria.


Continúa leyendo


Artículo añadido al carrito.
0 artículos - $0.00