A pesar de las reiteradas advertencias de los científicos de que apresurar la vacuna del COVID-19 podría ser peligroso, Donald Trump y casi todos los líderes del mundo han procurado acelerar su creación y aplicación. Aparentemente, su plan fue eludir las regulaciones para tener lista una vacuna cuanto antes.
En caso de que la vacuna resulte perjudicial para muchas personas, una enmienda a la ley PREP en Estados Unidos fue actualizada en abril, estableciendo que las empresas «no pueden ser demandadas por daños monetarios en los tribunales» por lesiones causadas por tratamientos del COVID-19. Esto incluye posibles daños por vacunas, terapias o aparatos respiratorios.
Tradicionalmente, no se ha ofrecido mucha protección de responsabilidad legal a las compañías farmacéuticas. Las personas dañadas por las vacunas para otras enfermedades pueden presentar reclamaciones ante el Programa Nacional de Compensación por Lesiones por Vacunas. Sin embargo, ahora se prohíbe que cualquier persona que sienta que fue perjudicada por una vacuna contra el coronavirus use el programa.
Esta inmunidad legal frente a posibles daños ocasionados por la vacuna contra el COVID-19 se le está otorgando a las compañías farmacéuticas en buena parte del mundo.
¿Qué puede salir mal?
Se están desarrollando aproximadamente 120 vacunas para el coronavirus a nivel mundial. Debido a la carrera contrarreloj para desarrollarla, todas tienen un potencial alto de daño. No sería la primera vez que esto ocurra. Por ejemplo, una vacuna para la gripe porcina terminó causando un grave trastorno neurológico en miles de personas sanas que la tomaron en la década de 1970.
En marzo se autorizó la hidroxicloroquina como medicamento para COVID-19. Después de comprobarse los efectos secundarios fatales que ocasionaba a los pacientes, fue revocada en junio.
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Además de que algunas de estas vacunas puedan ser ineficaces contra el coronavirus, puede que otras incluso empeoren la enfermedad, como fue el caso de la vacuna destinada a proteger a los niños del virus del dengue durante 2016 en Filipinas.
No son pocos los miembros de la comunidad médica en todo el mundo que han alertado sobre los riesgos de aplicar masivamente una vacuna que fue desarrollada de forma tan apresurada.
¿Y el resto del mundo?
AstraZeneca, una empresa farmacéutica global con sede en Reino Unido, también recibió protección contra futuras demandas de responsabilidad por productos relacionados con su vacuna COVID-19 en casi todos los países donde serán suministrados.
“Esta es una situación única en la que nosotros, como compañía, simplemente no podemos asumir el riesgo si en… cuatro años la vacuna está mostrando efectos secundarios”, dijo a Reuters Ruud Dobber, miembro del equipo ejecutivo de AstraZeneca.
La cuestión de quién paga las demandas por daños y perjuicios en caso de efectos secundarios todavía es un punto muy delicado en las negociaciones del suministro.
