por Eugenio Narbaiza
Desde que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del gobierno hace nueve meses, uno de sus principales objetivos ha sido el control total de todos los resortes del Estado, a fin de iniciar una transformación del sistema democrático español.
Este intento de control, se ha centrado fundamentalmente en la justicia y en sus órganos de gobierno, tanto en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como en la parte que corresponde a la Fiscalía del Estado, nombrando para ello a quien fuera en un anterior gobierno Ministra de Justicia, como Fiscal General del Estado, cosa que, en 43 años de democracia, solo se había producido una vez, en tiempos de Felipe González.
Para poder llevar a cabo este control, Sánchez, ha buscado como excusa la renovación del CGPJ, que debía haberse renovado hace dos años, pero que como consecuencia de los vaivenes electorales que ha sufrido España en ese tiempo, no le ha sido posible, puesto que esta renovación, precisa de 3/5 de las cámaras legislativas españolas, lo que supone un total de la aprobación de 220 diputados, cifra a la que no llega ni con el concurso de sus socios de Podemos, Nacionalistas, Independentistas Catalanes y los miembros de Bildu, razón por la que depende del apoyo del primer partido de la oposición, el PP, quien no acepta esta renovación, si Sánchez no rectifica alguna de sus decisiones de gobierno, como el nombramiento de la fiscal general, la participación de Podemos en las negociaciones y exigiendo que en esa parte de cambio del órgano rector de los jueces, sean estos los protagonistas en la elección de sus representantes.
Visto que esa pretensión de control de los órganos directivos de la justicia le era imposible por la vía establecida, tanto Pedro Sánchez como sus socios de gobierno, presentaron una proposición de ley que estaba destinada a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la que aspiraba a que, si no alcanzaba los 3/5 exigidos por
la ley y el artículo 122 de la CE, modificar esta ley orgánica de tal manera que en segunda votación, le bastaría una mayoría absoluta.
Pero Pedro Sánchez, no ha calculado de manera correcta las reacciones que su pretensión podía provocar, ya que por un lado, la UE a través de la Comisión, mostró su discrepancia respecto a que esa medida puede provocar una ruptura de la independencia de los órganos judiciales y por otro, los jueces españoles, a través de sus asociaciones, mostraron su protesta, llegando incluso a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la pretensión de Sánchez, podría vulnerar la ley de leyes española.
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Precisamente, la opinión de los jueces, que se ha visto reflejada a través de las tres asociaciones profesionales, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro de la Justicia Independiente, que engloban al 90% de los jueces en ejercicio en la justicia, ha sido un elemento destacado de protesta ante este deseo del gobierno, dado que para ellos, la independencia judicial, la necesidad de medios para desarrollar su trabajo, es imprescindible, lo que no se producirá si esta proposición de ley de los partidos que sustentan al gobierno, saliera adelante, puesto que uno de los partidos que componen el ejecutivo, durante el periodo anterior a su mandato, siempre ha manifestado que los jueces, deben de estar al servicio del gobierno.
Como todos los seguidores de Factores de Poder han podido comprobar en una entrevista que realizamos a través del programa Agárrate que dirige Patricia Poleo y que realizó el periodista Eugenio Narbaiza a 3 portavoces de estas asociaciones, la actitud de los profesionales de la justicia en España, es beligerante a cualquier control de la misma, siempre que esta pretenda ser controlada por el gobierno, porque en su opinión, para que la justicia sea efectiva y equitativa, es imprescindible que sea independiente respecto a los otros poderes del estado.
También, consideran que uno de los graves problemas que padecen, es la ostensible falta de medios para poder desarrollar su trabajo, junto con el hecho de que se está produciendo una importante desertización judicial, en aquellas autonomías, en las que, transferidas las competencias, reciben por un lado presiones políticas desde instancias autonómicas, llegando al punto de que se ha pretendido controlar los ordenadores, en donde están trabajando en sus causas judiciales o presión social, por el hecho de no ser nativos de la región en donde están destinados y haber intervenido en causas que han afectado a políticos, como le sucedió en el caso del “Proces” al juez Llarena, mientras que estaba realizando la instrucción del caso en donde fueron condenados unos políticos catalanes por haber cometido un delito de sedición como consecuencia de los hechos acaecidos en Cataluña en el intento de rebelión nacionalista el 1 de Octubre de 2018.
En definitiva, la justicia en España y su independencia, está en juego si nadie lo remedia, porque, aunque durante la pasada moción de censura que sufrió Pedro Sánchez la semana pasada, anunció la paralización de esa proposición de ley para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial, nadie garantiza que, en el proceso de negociación con el principal partido de la oposición, no se llegue a un acuerdo tanto en el modo de efectuar ese cambio en la cúpula de los regidores de la justicia, ni en el hecho de la composición del nuevo consejo, motivo por el que podemos decir que en España, la justicia, está susceptible de ser dominada desde el gobierno, a pesar de que sus principales actores, los jueces, rechazan todo lo que afecte a su independencia.
Las asociaciones de jueces hablan sobre la justicia en España
El intento por parte del gobierno de Pedro Sánchez de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder llevar a cabo una renovación del CGPJ, la necesidad de que la justicia sea independiente en España, así como las dificultades que suponen para el buen funcionamiento de la justicia, la desertización que se produce en algunas comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, han sido alguno de los temas que se han tratado en un programa especial, dirigido por Patricia Poleo y presentado por Eugenio Narbaiza en la cadena de televisión Factores de Poder dentro del programa Agárrate.
Este especial de la justicia española, cuyo análisis se ha hecho a modo de entrevista con las portavoces de las tres asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, las representantes de los jueces, expresan su rechazo a las pretensiones del gobierno de Sánchez respecto al nombramiento de los representantes del CGPJ, porque consideran que daña la independencia que necesitan los órganos rectores de los jueces para el buen desarrollo de su trabajo, además de lamentarse de la gran falta de medios que padecen para llevarlo a cabo, considerando que deben ser los propios jueces quienes sean los elegidos y elegibles para componer el máximo órgano judicial español.
