Otra vez un expresidente del Perú protagoniza un escándalo, pero, a diferencia de anteriores ocasiones, se trata de algo más delicado: la vacunación arbitraria de funcionarios públicos. El nuevo escándalo fue titulado Vacunagate y estremece a todo el Perú a vísperas de las elecciones presidenciales.
Todo inició cuando la empresa china Sinopharm entregó 12 000 dosis de vacunas contra la COVID-19 a la Universidad Cayetano Heredia para ensayos médicos. Lo que no sabía el país es que la empresa proporcionó otras 2 000 dosis que se aplicaron fuera de la cobertura de los ensayos.
Entre las personas que fueron vacunadas con las 2 000 dosis extras, se encuentran alrededor de 600 que son parte del personal médico y técnico relacionado con el proyecto de inmunización de Sinopharm (1.200 dosis).
Con las otras 800 dosis fueron vacunados 400 profesionales que no pertenecían al proyecto de la Universidad Cayetano Heredia, pero estaban vinculados con las pruebas clínicas. A este grupo también se sumaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud del gobierno de Martín Vizcarra y sus respectivos familiares, entre otros, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio peruano La República.
En un comunicado a la opinión pública, la Universidad Cayetano Heredia informó que «mantenemos compromiso con la investigación responsable».
«Se puede decir que el gobierno de China lo que hizo fue regalar una ‘muestra gratis’ para los funcionarios del gobierno de Vizcarra dispuestos a probar la vacuna Sinopharm, como una forma de convencimiento para que elijan el producto chino y no otro», afirmaron fuentes del Ministerio de Salud consultadas por el medio. «Es algo que hacen los visitadores médicos que van a los consultorios y obsequian muestras de sus productos para que tener la preferencia».
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El último jueves el expresidente Martín Vizcarra admitió que fue parte de los ensayos clínicos de la vacuna en octubre del 2020, como parte de los exámenes de la fase 3. El ahora candidato al Parlamento Nacional señaló que no comunicó la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una «fase experimental».
«De acuerdo a la información que se estaría manejando, él [Martín Vizcarra] no habría sido parte de este programa de voluntariado, sino que habría sido objeto de una donación de un número indeterminado de vacunas de las cuales habrían sacado -en teoría- algún provecho de carácter personal o funcional. Estaríamos hablando de unas denominadas dosis de cortesía que, en otras palabras, son regalos que se hacen a funcionarios públicos cuando hay objetivos en materia de contratación», declaró el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
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