Del 15 de octubre al 31 de diciembre, no será posible acceder a un lugar de trabajo, público o privado, sin el pasaporte sanitario en Italia. Pero se critica su aplicabilidad porque el 25% de los adultos aún no se han vacunado.
Una encuesta muestra que cerca del 75% de los italianos -casi el 75% de la población mayor de 12 años ya ha sido vacunada- está de acuerdo con la exigencia de un certificado sanitario contra el covirus.
Con la medida aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre, el Primer Ministro Mario Draghi consiguió evitar la imposición de la vacunación obligatoria, a la que estaba de acuerdo, pero que habría planteado problemas constitucionales y creado una ruptura con los socios de la Liga.
Pero Draghi sigue con su mano dura para evitar más cierres que serían fatales para una economía que parece recuperarse, dado que, según informó este jueves, el PIB crecerá en torno al 6% en el conjunto de 2021, frente a una caída del 8,9% en 2020, por lo que «esta iniciativa también va en la dirección de proteger esta recuperación».
23 millones de trabajadores afectados
Del 15 de octubre al 31 de diciembre, sin la tarjeta sanitaria no se podrá acceder a ningún puesto de trabajo, ya sea público o privado. Esta medida afecta a 23 millones de trabajadores.
Para quienes no quieran vacunarse, las pruebas del coronavirus costarán 8 euros para los menores y 15 para los adultos. En Italia, pueden realizarse en las farmacias, que también proporcionarán el certificado. Mientras que para las personas que tengan problemas para recibir la vacuna y tengan un certificado médico que lo justifique, las pruebas serán gratuitas.
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En la actualidad, Italia tiene al 74,61% de su población mayor de 12 años inmunizada contra el coronavirus, al igual que sus vecinos de la UE, y se ha dado un impulso a la campaña de vacunación con el pase obligatorio para algunas actividades.
Pero lo preocupante es que el grupo de personas que menos se ha vacunado es el de la edad laboral.
¿Quién controla el pase de salud laboral?
Tras la aprobación del decreto, aún se esperan las directrices para su aplicación, ya que todavía hay muchas dudas sobre quién lo controlará. Las empresas tendrán que disponer de una app en sus teléfonos móviles para comprobar el pasaporte sanitario sin revelar datos privados como si se ha obtenido a través de una prueba, una vacuna o el paso de la enfermedad, como ocurre en los restaurantes y locales de ocio.
«Es un esfuerzo extra, pero se puede hacer fácilmente y, si se mantiene abierto, merece la pena», dice Patrizia De Luise, presidenta de la asociación empresarial Confesercenti, citada por el diario La Stampa. Para Lino Enrico Stoppani, presidente de la asociación de comerciantes Fipe Confcommercio, la nueva normativa «crea un problema de organización, sobre todo si tengo que dejar a los empleados en casa sin pase y no sé cómo sustituirlos.
jov (efe, lastampa)
