por Eugenio Narbaiza, desde España
48 horas después de que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara una proposición de ley presentada por los partidos que sustentan al gobierno social comunista para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su periodo de prórroga, hecho este que se viene produciendo desde hace dos años, por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios PSOE y PP, el órgano de dirección de los jueces, en su calidad de órgano constitucional, ha decidido mediante pleno, el nombramiento de cuatro jueces, así como dar una respuesta institucional al ejecutivo de Pedro Sánchez, quien por otra parte, ha decidido utilizar el procedimiento de urgencia, para que su propuesta de limitación de funciones del Consejo, entre en vigor lo antes posible.
El CGPJ
Haciendo un relato cronológico que los hechos que han elevado a categoría de protagonista a la justicia, por el intento desde el gobierno de limitar las funciones del CGPJ después de que, durante dos años, este no se haya producido, dada la prerrogativa del parlamento para que la renovación cuente con los votos de los 2/3 de los diputados, el pasado día 15, el congreso celebró un pleno en el que los partidos que sustentan al gobierno, presentaron una `propuesta de ley que modificaba las funciones del órgano de dirección de la justicia.
En este pleno —que fue especialmente bronco por los ataques contra la judicatura—, la composición de los tribunales y alguna de sus actuaciones, desde el sector de partidos independentistas vasco y catalán, quienes llegaron a acusar a los jueces de “franquistas” o “ultraderechistas”, puede calificarse como uno de los más duros que se recuerdan dado el nivel de agresividad tanto de Esquerra Republicana, Podemos y Bildu contra el tercer poder del Estado, aprobó el vaciamiento de las funciones del Consejo, hecho este de dudosa legalidad constitucional, que fue rematado al día siguiente, con su tramitación por el procedimiento de urgencia.
El jueves, se produjeron dos hechos de gran importancia para la vida judicial española, puesto que, a las diez de la mañana, las asociaciones judiciales, mantuvieron una reunión con el ministro del ramo.
Juan Carlos Campos, para expresarle sus quejas por lo que ellos consideran una vulneración de la independencia del órgano de dirección de los jueves, así como un conflicto de competencias entre los poderes del estado.
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Paralelamente, el CGPJ, celebraba un pleno en el que además de proceder a los nombramientos, cosa que el gobierno de Pedro Sánchez pretende evitar, solicitaron a la Cámara Baja, que recabe el informe de este Consejo, respecto a la proposición aprobada, así como se insta a que se solicite un informe al Consejo de Europa, mediante la Comisión de Venecia, para que haga un dictamen sobre la idoneidad o no de la pretensión del gobierno.
En este pleno del órgano de dirección de los jueces, 16 de sus 20 miembros, entre los que se encuentran los designados por el propio partido del gobierno, recuerda que la toma en consideración del acuerdo adoptado en el Congreso, afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución atribuye a este órgano, en garantía de la independencia judicial.
Finalmente, cabe señalar que el Consejo al finalizar la reunión, tiene previsto emitir un comunicado institucional, por las opiniones y aseveraciones mantenidas por algunas formaciones políticas, durante el desarrollo de la sesión del Congreso de los Diputados, puesto que en sí mismas, suponen una degradación tanto de los miembros de la carrera judicial, como de los que forman parte de los órganos jurisdiccionales, que fueron calificados como franquistas o ultraderechistas.
¡Qué casualidad!
Dos fuerzas políticas de carácter independentista que por ser heredera de ETA una de ellas y la segunda una de las que protagonizó el intento de sedición en los hechos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2018, fueron las principales protagonistas en el Pleno del Congreso, en el que ante la imposibilidad de acuerdo con el primer partido de la oposición para la renovación del CGPJ, se pretende desde el ejecutivo, limitar unas funciones que le vienen atribuidas en la Constitución.
Lo cierto es que estas dos fuerzas, ambas, afectadas por causas judiciales, que en estos momentos son el principal apoyo para el mantenimiento de Pedro Sánchez en el poder, por apoyar los presupuestos generales del estado, quieren cobrarse uno de los aspectos fundamentales de una democracia, como es el hecho de las atribuciones del CGPJ.
Puede ser cierto que este órgano de dirección de los jueces, tiene finalizado su periodo regular de cinco años, pero su no renovación, no implica que sus funciones queden paralizadas, puesto que las mismas, pueden ejercerse plenamente mientras que este consejo, permanezca en situación de “prórroga”.
Lo que es inaceptable en democracia es que una parte del gobierno que está afectada por causas judiciales contra su líder y contra alguno de sus componentes, así como dos partidos independentistas, que se han visto afectados también por circunstancias como la del intento de sedición en Cataluña el 1 de Octubre de 2018 o por la repetición del juicio del líder de Bildu Arnaldo Otegui, pretendan vaciar de contenido un órgano constitucional porque no atiende a sus intereses, puesto que han sido los jueces, quienes después de que desde la Generalitat de Cataluña, abrieran las manos para un tercer grado a los “políticos del proces”, la sala segunda del supremo, les devolviera a la realidad, obligándoles a volver a la cárcel, abandonando el tercer grado establecido, o en el caso del independentismo vasco, el hecho de que el tribunal supremo, haya acordado la repetición del juicio contra Arnaldo Otegui, por el intento de reconstrucción de Batasuna.
Por mucho que estos partidos, junto con el socio principal de Podemos, conformen una mayoría absoluta, pero que no alcanza los 3/5 establecidos por la Constitución para la renovación del Consejo, desde el punto de vista de la independencia judicial y de la democracia, no se puede consentir que se subviertan las leyes y preceptos establecidos, por mera venganza a quienes han juzgado sus tropelías.
Hechos como estos, en donde se producen “conflicto de competencias” entre los distintos poderes del estado, no hacen sino dañar los principios básicos de una democracia, que, en los últimos tiempos, con ataques furibundos a instituciones como la monarquía o como la judicatura, desde formaciones que, si bien están legitimadas para gobernar y completar un gobierno, en sí mismas, no son más que una minoría respecto a la voluntad popular de los españoles.
Lo que resulta increíble es que un partido de estado como es en este caso el PSOE, el principal partido de gobierno, pero la primera minoría mayoría en el parlamento, abandone los acuerdos institucionales adoptados durante 40 años de democracia con la oposición y acepte que en la cámara legislativa que representa a la voluntad de los españoles, se profieran calificaciones y afirmaciones que afectan a uno de los pilares del estado de derecho, como es la justicia, su independencia, por lo tanto, un elemento decisivo de la democracia, de una manera que degrada su calidad y no tiene nada que ver con el contrato social establecido con los electores en las urnas.
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La sesión plenaria del congreso de los diputados a la que hacemos referencia.
En caso de que te los hayas perdido, Eugenio Narbaiza realizó dos especiales muy buenos sobre el tema judicial español que te compartimos a continuación
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