Este miércoles 25 de noviembre cerca de 75.000 pensionados españoles vieron como se les reducirá —aproximadamente 400 euros— el pago o bono extra que recibirán por Navidad.
Esta es una medida que tomó la Tesorería de la Seguridad Social, se amparó en una decisión tomada por el Ministerio de Hacienda, en donde se aplicarán descuentos sobre importes extra, siempre que la prestación esté afectada por embargos. Con esta reducción los pensionados recibirían un pago estimado de 1.100 euros.
En otras palabras es una reducción que solo se aplicará a aquellos pensionados que por uno u otro motivo tengan embargada su pensión. Cabe destacar que en España el embargo es un procedimiento que permite al acreedor recuperar el dinero de un deudor, al quedar bloqueados con parte o la totalidad de sus fondos, y se puede aplicar a cualquier ingreso, incluido las pensiones. Ahora mismo en España hay 8.867.680 pensionistas en España, por lo que estos 75.0000 afectados solo representan el 0,84% de los beneficiarios.
Hacienda endurece sus medidas contra pensionados españoles
Este cambio de criterio en cuanto al pago de la pensión se debe a un endurecimiento en las restricciones que venía aplicando el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el propio ente gubernamental explicó que dicha medida solo se hará sobre aquellos pagos extra o especiales que reciban los pensionados embargados. Los pensionistas españoles tienen dos pagas extra al año, una en junio, justo antes del verano; y otra en noviembre, antes las festividades navideñas. Pero, para el pago de la pensión de enero no se aplicará reducción alguna.
“En los meses de paga extra de estaba deduciendo menos de lo que la dirección general de tributos dice ahora que hay que descontar. Así que los que tengan embargada parte de la pensión este mes, algunos, cobrarán menos”, explicaron miembros de la Seguridad Social.
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Esta medida ya se venía aplicando por Dirección General de Tributos, pero los porcentajes de deducción aumentaron y muchos pensionistas recibieron con sorpresa la noticia, ya que no habían recibido notificación alguna de la Seguridad Social ni tampoco del Ministerio de Hacienda. El pago de la pensión y el extra de este año se realizarán el primero de diciembre.
El Ministerio de Hacienda explicó que el aumento en tarifa deductoria que aprobó está amparado por las leyes. “Nos hemos limitado a aplicar la norma que señala los límites de embargabilidad en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se aplican sobre la totalidad de las percepciones salariales, incluyendo también la paga extraordinaria, aplicando a todos los afectados para evitar discriminación”.
Esta medida ha sido ha sido criticada por diversas personalidades políticas, uno de ellos ha sido el diputado de Vox, Ignacio Garriga, aprovechó la noticia para atacar al gobierno, expresando su rechazo hacía la reducción del pago de pensiones mientras que los que están en el poder aumentan gasto de sus asesores.
Reformas en el sistema
Pero no es la primera vez que el tema de las pensiones repercute en España en los días recientes, ya que el pasado jueves 19 de noviembre el Pleno del Congreso de aquel país aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo, que servirán de orientación para la reforma del sistema público de pensiones. Una votación que contó con la aprobación del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse y Vox fue el único que votó en contra.
Desde el año 2016 se inició un proceso para renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema, mismo que cuatro años más tarde terminó por aprobarse. El nuevo texto que regirá el sistema público de pensiones, no modificará los principios básicos de este sistema, pero sí de otros puntos de interés.
Entre los principales aspectos que estarán en el nuevo acuerdo se encuentra la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. Expulsando o eliminando del sistema un conjunto de gastos detectados como impropios. También se eliminarán los préstamos desde la Administración central y se sustituirán por transferencias para así no aumentar la deuda del sistema.
Por último el nuevo acuerdo asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el cálculo del número de años necesarios para aplicar a la pensión, apostando a la elección de los mejores años con el fin de evitar que afecten el valor de la pensión.
Las pensiones en el ojo del huracán
Según estudios realizados por el Banco de España reflejan que la pandemia de coronavirus provocará una grave crisis económica en España. Motivada principalmente por la caída anual del Producto Interior Bruto (PIB) que podría rebasar el 11% y el paro que rondará el 20%. Ante este panorama crítico el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich, había ofrecido declaraciones con respecto a varios temas concernientes a la economía entre los que mencionó las pensiones.
«Ya teníamos problemas con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Debemos ir trabajando hacia uno que prime más lo que se cobra en función de lo que se recibe. Tenemos que alargar la esperanza de vida y también la jubilación. La pensión máxima son 2.400 euros, habrá que dar incentivos a quienes no quieran jubilarse. Cobrar en función de lo que pague y separar la cuestión asistencial«, comentó Pich.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, también aclaró que: «Una parte de las pensiones se financia con los Presupuestos Generales y seguirá siendo así, pero habrá que ir haciendo otras cosas como que la gente se jubile lo más tarde posible e interiorizar que cobras en función de lo que hayas pagado».
