El Departamento de Justicia no ha terminado de investigar la denuncia de fraude electoral en Estados Unidos

El Departamento de Justicia respondió a las reacciones de un artículo de The Associated Press que citaba al fiscal general William Barr diciendo que «hasta la fecha, no hemos visto un fraude a una escala que pudiera haber provocado un resultado diferente en las elecciones». 

«Algunos medios de comunicación han informado incorrectamente que el Departamento de Justicia ha concluido su investigación sobre el fraude electoral y que anunció una conclusión de que no hubo fraude en las elecciones. Eso no es lo que informó Associated Press ni lo que declaró el fiscal general», dijo un portavoz del Departamento de Justicia, según la reportera de CBS News Catherine Herridge.

«El Departamento continuará recibiendo y procesando enérgicamente todas las acusaciones de fraude específicas y creíbles lo más rápidamente posible», indicó el portavoz a la periodista Herrige.

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Las declaraciones de Barr a The Associated Press habrían sido tergiversadas para sugerir que el fiscal general había dictado una conclusión sobre la denuncia por fraude electoral.

Por otra parte, el equipo legal del presidente Donald Trump emitió una respuesta a las declaraciones de Barr, señalando que el FBI no ha contactado a los numerosos testigos con los que están trabajando.

«Con el debido respeto al fiscal general, no ha habido ningún tipo de investigación del Departamento de Justicia. Hemos reunido amplias pruebas de votación ilegal en al menos seis estados, que no han sido examinadas. Tenemos muchos testigos que juran haber visto crímenes cometidos en relación con el fraude electoral. Hasta donde sabemos, ni uno solo ha sido entrevistado por el Departamento de Justicia.

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El Departamento de Justicia tampoco ha auditado ninguna máquina de votación ni ha utilizado sus poderes de citación para determinar la verdad», afirmaron Rudy Giuliani y Jenna Ellis, abogados de Trump.

Días después de las elecciones presidenciales, el fiscal general autorizó al Departamento de Justicia a investigar cualquier «acusación sustancial» de fraude electoral y señaló que «tales investigaciones y revisiones pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían afectar potencialmente el resultado de unas elecciones federales en un estado concreto».