Un tribunal peruano condena a 30 meses de prisión a la cuñada de Pedro Castillo

Yenifer Paredes está acusada de delitos de corrupción. Según la acusación, adjudicó contratos de obras públicas de forma irregular y fue culpable de blanqueo de dinero.

El domingo (28.08.2022), un juez peruano condenó a 30 meses de prisión preventiva a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, acusada por la fiscalía de formar parte de una presunta red de corrupción dirigida desde el palacio de gobierno.

«Ordeno la detención preventiva de ambos imputados por 30 meses», dijo el juez Johnny Gómez Balboa tras una audiencia que duró casi cuatro horas. El otro acusado es el alcalde José Medina. La fiscalía había solicitado 36 meses de prisión preventiva para cada uno de ellos.

Paredes, de 26 años, está acusado de formar parte de una red de corrupción que adjudicaba contratos de obras públicas y blanqueaba activos, dirigida -según la acusación- por el presidente de izquierdas. Se enfrenta a una condena de 23 años.

La cuñada del presidente compareció virtualmente ante el juez en una comisaría de Lima, donde se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de agosto.

Manifestaciones fuera del tribunal
Se espera que en los próximos días sea trasladada a la prisión de mujeres de Chorrillos, al sur de la capital peruana.

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Medina, el coacusado, es alcalde de Anguía, un pueblo en el norte de Cajamarca, la región de donde proviene la familia de Pedro Castillo.

Los fiscales alegan que su cuñada y el alcalde conspiraron para proponer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento.

Durante la audiencia, decenas de manifestantes progubernamentales y de la oposición se reunieron fuera del tribunal y gritaron consignas a favor y en contra de Yenifer Paredes.

La policía antidisturbios impidió que los dos grupos se enfrentaran, pero algunos manifestantes lanzaron huevos, algunos de los cuales acabaron arrojados a los periodistas.

El fiscal Jorge García Juárez y el defensor de Paredes, José Dionicio Quesnay, anunciaron que apelarían. El primero para ampliar el plazo a 36 meses y el segundo para evitar que su cliente sea detenido de nuevo.

mg (afp, Perú 21)