La muerte del sanguinario terrorista de Sendero Luminoso ha abierto un nuevo debate en Perú. Pero más allá de esta polémica, ¿significa también la muerte de Abimael Guzmán el fin de una etapa oscura para el país andino?
El dilema sobre el destino final del cuerpo de Abimael Guzmán continúa en Perú. El gobierno de Pedro Castillo había dejado la decisión en manos de la fiscalía: ¿qué hacer con los restos del fundador del grupo terrorista Sentiero Luminoso, culpable -directa e indirectamente- de la muerte de 69.000 personas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000? Varias voces han pedido que se incinere el cuerpo y que se retiren las cenizas por temor a que el lugar de enterramiento se convierta en un lugar de culto.
Guzmán murió el sábado 11 de septiembre, a los 86 años, en la base naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992, un día antes del aniversario de su captura. Las autoridades afirmaron que su salud se había deteriorado desde julio, por lo que tuvo que ser hospitalizado varias veces y finalmente murió de una neumonía bilateral.
«La muerte física de Guzmán es ciertamente un hito, pero lo que es más significativo es su muerte política, que comenzó el 12 de septiembre de 1992, cuando fue capturado. Fue entonces cuando su organización comenzó a desmoronarse», dijo a DW la politóloga Jo-Marie Burt, investigadora de WOLA, la oficina de Washington para América Latina. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el grupo terrorista marxista-leninista-maoísta fue responsable directo del 54% de las muertes durante el conflicto, pero «adoptó una estrategia de provocar consciente y sistemáticamente respuestas desproporcionadas por parte del Estado».
Burt, autor del libro «Violencia y autoritarismo en Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori», recuerda que Sendero Luminoso es el grupo insurgente latinoamericano más dogmático y violento, y el que más muertes ha causado en sus propias manos: «Siempre llamó la atención que mataran, sin ninguna preocupación, a las personas que decían defender: los campesinos, los indígenas o los pobres urbanos. Si mostraban una actitud diferente, los mataban sin piedad. En Ayacucho, en los Andes peruanos, Sendero Luminoso desató su furia contra la población, apuñalando a mujeres embarazadas y cortando los dedos a quienes acudían a votar en las elecciones, llamándolos «traidores».
Vacío legal en la muerte de terroristas
Por su parte, el analista peruano Pedro Yaranga, experto en seguridad global y terrorismo, coincide en que la muerte del líder terrorista es «simplemente la desaparición física de Guzmán», una muerte que se preveía desde hace semanas. Y critica la incapacidad del gobierno para elaborar una normativa al respecto. «El ejecutivo ni siquiera estaba preparado para facilitar ciertos protocolos. Guzmán no es un preso cualquiera. Es un criminal que ha causado miles de muertes, y sus ideas viven en sus partidarios como el Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales)», advierte Yaranga.
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La ley peruana establece que sólo los familiares cercanos pueden recibir los restos de una persona que ha muerto en prisión. Pero Guzmán no tenía contacto con sus familiares. Y su esposa, Elena Iparraguire, que era la número dos de Sendero Luminoso, también cumple cadena perpetua.
Iparragurre ha otorgado un poder a un antiguo terrorista convicto para que reclame los restos. Sin embargo, esto no sería válido porque no ha sido autentificado. Ante el vacío legal, y tras la insistencia de varias bancadas parlamentarias y de la Defensoría del Pueblo, el ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para «permitir la incineración» del líder senderista.
