Ortega detiene y toma como rehenes a familiares de dirigentes opositores

Las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua denuncian una nueva forma de represión por parte del régimen de Ortega Murillo.

El gobierno de Daniel Ortega está tomando como «rehenes» a familiares de disidentes u opositores sandinistas para obligarlos a entregar a sus parientes que han huido de Nicaragua, denunciaron el viernes (16.09.2022) organizaciones de derechos humanos del país centroamericano.

«Este comportamiento criminal no tiene precedentes en la historia, no es propio de ninguna dictadura, tiene las características de un secuestro en el que el secuestrador secuestra a víctimas inocentes, las toma como rehenes para capturar a la persona que quiere secuestrar», dijo el Cenidh en una declaración pública.

La organización, crítica con el gobierno de Ortega, dijo que «en las últimas semanas» había monitoreado y «documentado un nuevo patrón de represión por parte del régimen de Ortega Murillo» contra el movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que incluye a miembros de su familia.

Acciones arbitrarias e inconstitucionales
Según informó La Prensa, el abogado Gonzalo Carrión, del grupo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, dijo que «la captura de familiares y allegados de personas perseguidas» por la policía es una prueba de «una serie de acciones arbitrarias e inconstitucionales» del régimen de Ortega.

El periódico denuncia la detención de Jeannine Horvilleur, de 63 años, y de su hija Patricia Álvarez Horvilleur, sacadas a la fuerza de su domicilio por la policía y detenidas sin orden judicial por ser familiares de un dirigente de la oposición huido del país.

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«A nivel nacional, se desató una estrategia de acoso, persecución, amenazas e incluso detenciones arbitrarias de miembros del partido y sus familias. Al cierre de esta edición, se habían registrado más de 10», dijo el Sr. Cenidh.

Se necesita una acción urgente
Para el Cenidh, la detención de familiares no políticos «excede la gravedad penal del secuestro extorsivo, que, según el código penal, se produce cuando se pide un rescate o cualquier otro beneficio monetario».

Recurso ante la CIDH

En concreto, hizo un «llamamiento especial» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), «para que analicen esta situación y promuevan acciones acordes a la gravedad y urgencia del caso».

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, acentuada tras las polémicas elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus posibles rivales en prisión y dos en el exilio.

jc (efe, La Prensa,dw)