Tres años de impunidad: Asesinos de Óscar Pérez y de sus acompañantes siguen causando muertes y dolor en Venezuela

Todas las víctimas se encontraban en el interior de una casa ubicada en el sector Araguaney del kilómetro 16 del Junquito, propiedad del ciudadano William Sequera, médico de profesión.

El 15 de enero de 2018, hace exactamente tres años, el régimen de Nicolás Maduro, a través de un operativo conjunto cívico-militar, denominado “Operación Gedeón”, llevó a cabo la ejecución extrajudicial de siete personas, entre ellas el piloto y exinspector del CICPC, Óscar Pérez.

El hecho es recordado hasta los momentos como “La Masacre del Junquito”, uno de los casos más evidentes de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI). 

En dicho operativo participaron 600 efectivos pertenecientes, entre otros cuerpos de seguridad, a los siguientes:  Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB).

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En esta oportunidad se utilizaron armas de guerra no permitidas en estos casos: Lanza granadas antitanques RPG7, tanquetas y helicópteros, es decir, hubo “uso excesivo de la fuerza”, hecho que  debe ser castigado por los organismos internacionales protectores de los derechos humanos.

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De acuerdo con los artículos 328 y 329 de la Constitución Nacional ese tipo de armas debe ser utilizado, dado su poder de fuego y largo alcance, solo para la defensa militar de la Nación, no para enfrentar a un grupo humano que no posee la misma capacidad de respuesta.

Ese día, después de rendirse y dejar evidencia audiovisual, publicada en redes sociales, de su intención de entregarse, todos los civiles alzados en armas, fueron masacrados.

Las víctimas quedaron identificadas como: Óscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostino, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lisbeth Ramírez Mantilla, todos miembros de una organización denominada “Resistencia Venezolana o Equilibrio Nacional”, la cual se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

HEROES DEL JUNQUITO

Premeditación y alevosía comprobada

De acuerdo a los análisis realizados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como PROVEA, los funcionarios militares y policiales involucrados en el operativo nunca mostraron intención de ser garantes del orden constitucional y de los derechos fundamentales de los rehenes.

El abogado Marino Alvarado, por ejemplo, explicó que en el lugar debieron estar presentes, como garantes del estado de derecho, el  Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo, pero ninguno de los dos lo hizo.

Agregó el especialista que en Venezuela no está permitida la pena de muerte, por lo tanto, Tareck William Saab y Alfredo Ruíz, debieron hacer acto de presencia, mostrar una orden de aprehensión y otra de allanamiento de la vivienda, además de mediar para evitar la agresión armada en contra de los rehenes.  

Otros especialistas consultados indicaron que en materia de derechos humanos se incurre en delitos tanto por acción como por omisión, por lo tanto el silencio de estos dos funcionarios los hace cómplices necesarios de esta flagrante violación de los derechos humanos.

Asimismo el comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, también debe ser investigado por no haber evitado lo sucedido: ese día, casualmente, viajó al interior del país y hasta los momentos no se conoce qué razón tuvo para ausentarse de la ciudad capital a pesar de lo que estaba sucediendo.  

Cicpc 1
Douglas Rico

El Cicpc no fue el organismo que hizo el levantamiento de los cadáveres, tal como le correspondía, pero hasta los momentos Rico no ha ofrecido una explicación sobre este hecho.

El mencionado funcionario, además, permitió que la Sede Nacional de Medicatura y Ciencia Forense (Senamecf) o Morgue de Bello Monte, lugar donde fueron almacenados los cadáveres, fuera tomada por funcionarios militares y todo el procedimiento forense lo hicieran funcionarios adscritos a las FANB y no del Cicpc.

Video de Óscar Pérez aseverando que está negociando a efectos de entregarse

Asesinos siguen actuando impunemente

Los autores intelectuales y materiales de la llamada “Masacre del Junquito”, es decir, quienes integraron la cadena o línea de mando que ordenó, planificó, coordinó y ejecutó este hecho, aun manejan impunemente todo el poder en Venezuela, es decir, siguen provocando muertes y sufrimientos a sus adversarios políticos y a toda la población venezolana.

En este caso la estructura jerárquica funcionó desde el más alto nivel hasta la base: El flujo de la información tuvo su origen en quien aun ejerce el cargo de presidente de la República: Nicolás Maduro Moros.

Todos los demás acataron sus órdenes, razón por la cual son igual de responsables de este crimen de guerra.

En este especial Factores de Poder  muestra, a través de dos infografías, quiénes ocupaban la línea de mando en fecha 15 de enero de 2018, qué cargo ejercía cada uno durante este operativo y qué hacen actualmente dentro de la administración gubernamental de Nicolás Maduro Moros:

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Línea de mando 15 de enero de 2018
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Línea de mando 15 de enero de 2021

Maduro, el autor intelectual de la Masacre del Junquito

Diversos abogados penalistas explican que nadie comete la torpeza de incriminarse así mismo en un delito penal o de cualquier índole, lo curioso es que Nicolás Maduro lo hizo y así quedó demostrado en tres declaraciones públicas que realizó a propósito de que Óscar Pérez se había pronunciado en su contra.

No solo se incriminó asimismo sino que reveló qué organismos habían cumplido la orden de asesinar a los rebeldes.

En su condición de Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Maduro el 28-12-2017 dijo: “He ordenado a la Fuerza Armada plomo, plomo, a los grupos terroristas. Cero tolerancia!”.

Luego, el propio día de los hechos, el 15 de enero de 2018, al presentar la Memoria y Cuenta de su gestión, Maduro, se refirió a lo sucedido en El Junquito y felicitó al Ejército venezolano, a la Dgcim, al Sebin, al Ministro del Interior Néstor Reverol, a la PNB, a la GNB y a los Comandos de Fuerzas Especiales de la Armada y del Ejército por haber llevado a cabo un trabajo conjunto y haber  “desmantelado” al grupo terrorista que había atacado varias instalaciones públicas, entre ellas, la del Tribunal Supremo de Justicia.

Maduro mintió al decir: “hubo un enfrentamiento armado luego que se les prestó todas las condiciones para su entrega. Nosotros respetamos los derechos humanos”.

Un día después, el 16-01-2018, en un acto de la Guardia Nacional indicó: “La orden que les di el 28 de diciembre desde aquí desde este mismo patio, ayer se cumplió (… ) a 17 días desde que se las di en esta misma plaza”.

Agregó: “Mi reconocimiento al Comandante Estratégico Operacional, al ministro Reverol, a las Fuerzas Especiales de la Armada, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía Nacional Bolivariana. A los 17 días de dar la orden, orden cumplida”.

Todas estas declaraciones deben, a efectos de establecer responsabilidades, ser debidamente examinadas por los organismos internacionales protectores de  los derechos humanos, especialmente por la Corte Penal Internacional:

1. Maduro: “Ordené a la FANB plomo con los terroristas. Tolerancia cero”

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2. Maduro en enero de 2018, durante la entrega de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, miente y felicita a la FANB por lo ocurrido

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3. Maduro el 16 de enero de 2018: Durante acto de transmisión de mando de la Guardia Nacional.

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Bastardo Mendoza, hasta el cuello

Como se recordará, la “mediación” entre los rehenes y las autoridades policiales la llevó a cabo el entonces director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Teniente Coronel (GNB), Rafael Antonio Bastardo Mendoza, un oficial sancionado por la comunidad internacional por haber cometido graves violaciones de los derechos humanos  y por dirigir el grupo de exterminio del régimen venezolano.

Bastardo Mendoza le dijo a los rehenes, y así quedó grabado en un video, lo siguiente:

“Yo no quiero que suba más nadie, no quiero Guardias, voy a permitir nada más al Ministerio Público, periodistas y nosotros, para que esto tenga un final ganar-ganar. Le acabo de decir a Pimentel que la orden del Presidente, y se extrañó, es resguardarles la vida. Somos una familia, vinimos a cumplir una orden y aquí estamos”.

Minutos después el oficial “desapareció” del lugar y es cuando funcionarios adscritos a la Dgcim y el FAES accionaron las armas de guerra para acabar con la vida de los miembros del movimiento Equilibrio Nacional.

Tarde o temprano Bastardo Mendoza tendrá que explicar ante la justicia internacional quién le dio la orden de no seguir “mediando” con los rehenes y por qué se prestó para engañarlos y ganar tiempo.

En la actualidad no se conoce con exactitud qué cargo ejerce el comandante Bastardo Mendoza. Informaciones extraoficiales indican que fue enviado a Cuba como agregado militar o que se encuentra bajo resguardo en un país europeo.

El actual jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB es el comisario José Miguel Domínguez, alias “Miguelito”, ex funcionario del Sebin y ex escolta del llamado protector del Táchira, Freddy Bernal.

Dominguez también está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros  (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

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Granko Arteaga con el Lanzagranadas RPG7

De acuerdo a versiones fotográficas transmitidas en las redes sociales, uno de los funcionarios que accionó el lanzagranadas antitanques RPG7, fue el coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, actual director de la División de Asuntos Especiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El pasado 3 de julio de 2020, luego de conocerse un Informe que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentó sobre Venezuela, en el cual se indica que la mayoría de personas detenidas en la Dgcim han sido sometidas a desaparición forzosa y crueles torturas, Nicolás Maduro ascendió a este cuestionado oficial al grado de coronel.

Granko Arteaga también está sancionado  por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea por violar los derechos humanos.

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Granko Arteaga

Ministro Reverol también mintió descaradamente

Veinticuatro horas después de la masacre, el ministro del Interior, Justicia y Paz, MG (GNB) Néstor Reverol, confirmó la muerte de Pérez y de las 6 personas que lo acompañaban.

A través de un comunicado leído en Venezolana de Televisión, Canal 8, el funcionario mintió descaradamente al calificar de “terroristas” a los alzados y al decir que se trató de un “enfrentamiento”.

“Después de varios intentos  de negociación pacífica, el grupo inició un enfrentamiento que dejó dos policías muertos y 8 gravemente heridos”, agregó el funcionario sin mostrar una sola prueba de lo que estaba asegurando.

Reverol tendrá que explicar ante la justicia internacional, entre otras cosas, por qué todo el procedimiento forense fue realizado por efectivos militares, por qué los entierros se llevaron a cabo en forma prácticamente clandestina y por qué se le impidió a los familiares de las víctimas  rendirle el homenaje póstumo que cada uno merecía.

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Matar a un rendido es un crimen de guerra

Diversos tratados internacionales, entre ellos, el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, explican los pasos que deben darse en este tipo de operativos, sobre todo cuando las personas (combatientes) manifiestan su rendición y su voluntad de entregarse.

A través de varios de los videos que subió a su cuenta de IG (@oscarperezg.coficial), el  exinspector del Cicpc, Óscar Pérez, dijo, entre otras cosas: “Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios conocidos por nosotros, estamos negociando para entregarnos”.

Al ser atacados a tiros Pérez gritó y así quedó grabado: “No disparen, aquí hay civiles, hay mujeres y niños, van a matar a gente inocente. Nos vamos a entregar, no sigan disparando. ¡Venezuela!, no quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir”.

Según el artículo 8, parágrafo 6 del Estatuto de Roma un “crimen de guerra” es: “Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción”.

En este instrumento también se considera un “crimen de guerra”: el homicidio intencional, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos.

El Convenio de Ginebra, que contiene las principales normas destinadas a limitar la barbarie en la guerra, indica, en lo relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1949) lo siguiente:

Artículo 3: “Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad”.

Agrega: “Se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas”.

Video de Óscar Pérez herido diciendo que lo quieren matar

Corte Penal Internacional debe actuar en contra los criminales

El pasado 14 de diciembre de 2020 la Corte Penal Internacional determinó  que la administración de Nicolás Maduro y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano han cometido crímenes de Lesa Humanidad.

A través de un informe conclusivo la mencionada Fiscalía indicó que existen fundamentos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno (colectivos) han cometido delitos de lesa humanidad.

Indicaron que se trata de encarcelaciones arbitrarias u otro tipo de privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, torturas, violación u otras formas de violencia sexual y persecución a un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

La CPI señaló directamente, como autores materiales de estos crímenes a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entre otros.

En el documento también se hace referencia a que personas afines al Gobierno (colectivos) también participaron  en la represión de opositores o de personas percibidas como tales.

Este documento denominado “Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020” se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, puesto que la Corte es un tribunal de última instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a delante investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.

fiscal bensouda
Fiscal Fatou Bensouda

Bensouda estima que concluirá el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de un expediente, por el contrario, archivarlo. 

Causa preocupación que habiendo tantas evidencias, la Corte Penal Internacional no haga mención de la llamada Masacre del Junquito, que es evidentemente un crimen de guerra.

Se trata, por cierto, de la única masacre que se ha llevado a cabo en vivo y directo a través de las redes sociales.

La fiscal general, Fatou Bensouda,  debe entregar el cargo el 15 de junio de 2021 y Venezuela espera que antes de irse haga justicia en éste y todos los casos referidos a Venezuela.

Fotografías muestran los tiros de gracia

A pesar de las abundantes pruebas que se han consignado ante la Corte Penal Internacional (CPI) ésta instancia de justicia internacional no ha considerado lo sucedido en Venezuela como una prioridad.

El 9 de diciembre de 2019 dos diputados venezolanos en el exilio, Wilmer Azuaje y Franco Casella, consignaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya la cantidad de 400 fotografías inéditas, videos e “información estratégica” sobre la llamada “Masacre del Junquito”.

A través de su cuenta de Twitter (@AZUAJE_WILMER) Azuaje informó que se trata de imágenes muy impactantes en las cuales se aprecia la cantidad de heridas de bala que afectaron la humanidad de Pérez y sus acompañantes.

 “No cabe dudas que Óscar Pérez y sus acompañantes fueron ejecutados”, dijo Azuaje.

De acuerdo a las gráficas, Pérez y sus compañeros de lucha, recibieron “tiros de gracia”, es decir, les asestaron más disparos después de haber sido mortalmente heridos.

Heridas
herida mortal

Dos muertes adicionales que también deben ser investigadas

Ese día, 15 de enero de 2018, dos individuos, aparentemente funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también resultaron muertos en el hecho.

Los occisos fueron identificados como Andriun Domingo Ugarte Ferrera y Nelson Antonio Chirinos Ruíz.

El nombre real de Ugarte Ferrera era Heyker Leobaldo Vásquez, miembro del Colectivo  “Tres Raíces”, un grupo armado que opera con total impunidad en la populosa parroquia del 23 de Enero, al oeste de la capital.

Las autoridades venezolanas acostumbran a darle identidades falsas a este tipo de individuos para que puedan evadir la justicia en caso de cometer crímenes, asaltos o ataques a edificaciones privadas.

A juzgar por un voice transmitido por Freddy Bernal, en ese momento Ministro del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Vásquez era prácticamente un héroe que murió “en combate”. 

El dirigente del PSUV nunca explicó por qué este ciudadano tenía doble identidad.

YouTube video

Toda la escena del crimen referida a la “Masacre del Junquito” fue destruida con el objeto de impedir una investigación posterior (planimetría forense).

Si la casa existiera se pudiera determinar, por ejemplo, quién asesinó a los dos funcionarios policiales caídos (colectivos): o los rebeldes alzados en armas o sus propios compañeros de la PNB.

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