El fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, informó sobre la emisión de órdenes de captura e incautación de bienes para José Ramón Pocaterra y Andrés Felipe Yrigoyen, dos directivos de Citgo que fueron designados por Juan Guaidó.
De esta forma, los ciudadanos serán imputados por “delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia”, aunque no se encuentran en Venezuela.
“Se solicitó orden de aprehensión y medida de aseguramiento consistente en la prohibición de enajenar, gravar bienes muebles e inmuebles, orden de allanamiento y de incautación de bienes muebles e inmuebles contra los ciudadanos José Ramón Pocaterra, designado ilegalmente como miembro de la junta directiva, y Andrés Felipe Irrigoyen, designado ilegalmente como nuevo presidente”, dijo Saab en medio de una rueda de prensa.
Igualmente, el fiscal chavista manifestó que esperan que con el apoyo de la Interpol se logre que esos ciudadanos “paguen por todo el daño que le han causado a Venezuela”. También, comentó que la comisión delegada, refiriéndose a la extensión de mandato de Guaidó, “ha pretendido continuar con la ficción de que el Poder Legislativo, ya vencido, ostenta el control del Poder Ejecutivo”.
Ahora, más allá de las órdenes de captura contra los representantes de Guaidó ante Citgo, el régimen venezolano incautará los bienes que ambos tengan en Venezuela. Por su parte, se desconoce si la Interpol responderá a la solicitud del régimen contra Pocaterra e Irrigoyen.
Citgo y situación con Venezuela
Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EEUU, estuvo en manos de Guaidó mientras fue reconocido como presidente interino y mientras contó con el reconocimiento de la administración de Trump.
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La filial aún se mantiene “protegida” ya que el Departamento del Tesoro de la administración Trump, que no reconoce a Maduro y apoya a Guaidó, emitió una licencia que prohíbe embargar activos de PDVSA al menos hasta julio de 2021.
Esto quiere decir que todas las operaciones relacionadas con la petrolera deberían ser evaluadas o suspendidas por estar “protegidas” por EEUU que respalda al interinato de Guaidó.
Sin embargo, un dictamen de un tribunal estadounidense, en enero 2021, dio luz verde para la venta de acciones de Citgo. Todo esto, para compensar a la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina que operaba en Venezuela en el año 2011, mientras gobernaba el difunto Chávez.
“Todas las partes acuerdan que, de acuerdo con las leyes y políticas aplicables, no se puede realizar una venta de acciones de PDVH (el holding de Citgo en Estados Unidos) sin una licencia específica del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez federal Leonard Stark encargado del caso. Pero, agregó que “todas las etapas preparatorias que se puedan tomar sin tal licencia pueden y deben tomarse”.
Seguidamente, el dictamen del juez Stark expresó que “la alternativa sería hacer esperar a Crystallex por un período adicional indefinido, que no se puede justificar considerando la década y los recursos que Crystallex ya ha destinado a tratar de recuperar lo que le había sido adjudicado, y considerando sus victorias judiciales ininterrumpidas”.
Deuda a Crystallex
En el 2011, Chávez estatizó la mina de oro que había sido adjudicada a Crystallex sin reembolsar a la empresa los 1.200 millones de dólares que se dispusieron.
Según datos de Infobae, desde ese momento hasta ahora, la cantidad se incrementó a 1.400 millones de dólares y la empresa canadiense ha hecho de todo para lograr la aprobación de la venta de acciones y así poder recuperar lo perdido.
Finalmente, el tema con Citgo seguirá extendiéndose mientras el régimen lucha por su control y la oposición considera que es una refinadora y comercializadora de combustible clave para responder como un “motor” económico en una eventual Venezuela post Maduro.
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