Según un informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aproximadamente el 40% de los refugiados y migrantes venezolanos han sido desalojados durante la pandemia por el COVID-19.
Con esto se evidencia que la realidad de los venezolanos que deciden huir de su país de origen para establecerse en naciones latinoamericanas cada vez es más complicada.
Asimismo, en el informe publicado este miércoles se exponen cifras muy lamentables. Todas relacionadas con las personas que buscan en otro país lo que no encontraron en el suyo.
Más datos expuestos sobre los refugiados y migrantes venezolanos
El texto indicó que además del 40% de refugiados y migrantes venezolanos que fueron desalojados durante la pandemia, hay un 38% adicional está en riesgo de desalojo.
En el mismo sentido, los datos señalaron que 3 de cada 4 hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que aproximadamente una quinta parte de las personas afectadas estaban embarazas o eran madres de niñas y niños.
“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”
Julissa Mantilla, Relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH.
Desalojos por problemas de pago
De acuerdo con lo explicado en el documento, muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe dependen directamente del trabajo diario en la economía informal. Por consiguiente y en medio de la pandemia perdieron sus trabajos y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo aquí el pago de alquiler.
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Es importante destacar que para este informe se realizaron una serie de encuestas en siete países de América Latina y del Caribe: Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana.
De esta manera, se conoció que la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación y que el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia. Finalmente, se reveló que 3 de cada 4 de hogares terminarían con el mismo destino (en indigencia) si fueran desalojados, lo cual por cierto incrementaría el riesgo de contagio por COVID-19.
Además, el texto resalta que más allá de los graves riesgos de salud que pueden generarse en la indigencia, los refugiados y migrantes venezolanos que fueron desalojados y que viven en las calles “se enfrentan a la estigmatización y al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente”.
Prohibiciones de desalojos
Uno de los causantes de desalojos más relevante es la irregularidad de muchos ciudadanos. Esto ya que la mitad de las familias desalojadas en situación irregular en su país de acogida y sin la posibilidad de establecer contratos de arriendo formales.
“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”
Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos
Afortunadamente, muchos países de la región declararon prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas cuando inició la pandemia. No obstante, muchas de estas regulaciones ya están vencidas o se vencerán próximamente cuando finalice la declaración de emergencia en el país, lo cual supone un posible incremento en desalojos.
Desalojos fuera de la ley
Aunque existen todavía este tipo de prohibiciones, los propietarios no están respetando dichas medidas en muchos de los casos. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían ningún contrato formal firmado, precisamente por la condición de irregular que tienen los ciudadanos.
La falta de presencia y asistencia institucional aumenta la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes venezolanos, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Finalmente, según el informe se evidenciaron diferentes tácticas y medias inhumanas de desalojos. Algunas de ellas, reportadas por organizaciones humanitarias, incluyeron amenazas, uso de violencia, violencia sexual, acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas.
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