Por: Eugenio Narbaiza
El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional de España ha elevado un escrito al Tribunal Supremo, solicitando que se abra una investigación contra el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias Turrión, dada su condición de aforado (derecho a no ser juzgado por tribunales ordinarios) y al considerar que podría haber cometido tres delitos, en el caso conocido como “caso Dina”.
Esta petición de imputación de Pablo Iglesias por parte del Magistrado tiene su origen, según el juez, en el hecho de que una
asesora del líder de Podemos hubiera denunciado el robo de su teléfono móvil, dándose la circunstancia de que una copia de la tarjeta del mismo apareció en casa del ex comisario Villarejo cuando se estaba realizando un registro en su domicilio, debido a una investigación judicial, derivada de otras causas.
En este escrito de 63 folios, en los que el juez desarrolla una argumentación justificativa de la comisión de tres delitos por parte del vicepresidente del gobierno, se centra en los hechos que han dado lugar a que se haya producido un descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, el haber provocado daños informáticos al haber destruido el contenido de la tarjeta y el haber dado lugar con la presentación de la denuncia a una denuncia falsa o a la simulación de delitos.
Esta casi segura imputación del vicepresidente segundo del gobierno que será decidida en breve por la sala segunda del Tribunal Supremo que es la que se ocupa de los temas relacionados con los políticos, podría suponer un terremoto político tanto para el partido Podemos como para la carrera política del vicepresidente segundo del gobierno, dado que podría verse obligado a dimitir de su cargo en el gobierno, así como pondría en grave posición el hecho de su liderazgo en la formación de extrema izquierda, dado que el código ético de Podemos plantea la dimisión inmediata en casos como en los que se está viendo afectado su líder.
A partir de este momento, el procedimiento que se seguirá en la posible imputación de Pablo Iglesias (una vez que la sala del Supremo admita a trámite la petición del magistrado de la Audiencia Nacional) se basará en la petición vía suplicatorio al Congreso de los Diputados para que, en votación, se dé el beneplácito al mismo y se desarrollen los actos que se precisan para la apertura de un juicio oral.
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Hay que señalar, que, hasta el momento, a lo largo de los 43 años de democracia, siempre que el Supremo ha solicitado un suplicatorio, siempre ha sido concedido por las Cortes Españolas, especialmente cuando los hechos en cuestión, como es el caso, no corresponden a la actividad parlamentaria.
Las reacciones a esta petición de imputación del vicepresidente segundo del gobierno, no se han hecho esperar, puesto que, desde la oposición, se ha pedido su inmediata dimisión, señalando, además que, a lo largo de la existencia de su partido, el líder de la formación podemita siempre ha exigido la dimisión de los políticos al ser involucrados en un procedimiento judicial, motivo por el que todavía resulta más evidente que Pablo Iglesias deba dimitir.
Ni que decir tiene que esta petición judicial contra Pablo Iglesias puede alterar la posición mayoritaria del gobierno que preside Pedro Sánchez, ya que Podemos además de ser su socio de coalición en el ejecutivo, es la fuerza política en la que sustenta el PSOE su posible mayoría absoluta para la continuación del gobierno, lo que pudiera poner en peligro la continuidad de Sánchez, en un momento en el que el actual presidente del gobierno está elaborando planes de cara a la recepción de los 140 mil millones de euros que tiene previsto percibir de la UE para paliar los daños causados por la pandemia, así como en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
