La mesa está servida: En el año 2021, con una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Nicolás Maduro podrá acabar con las organizaciones no gubernamentales (ONG), nacionales e internacionales, que vigilan, documentan y denuncian la violación de los derechos humanos en el país.
Sin importar el trabajo que realizan en pro de aliviar el sufrimiento de la gente que pasa hambre o enfermedades graves, durante la campaña, Diosdado Cabello, quien resultó electo el domingo 6 de diciembre por la Lista de Adjudicación Nacional, ha propuesto, entre otras cosas, sancionar a las ONG financiadas desde los Estados Unidos.
El capitán Cabello Rondón considera necesario prohibir, a través de una ley, el financiamiento internacional a las diferentes organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales que trabajan en el país.
“El chavismo no puede permitir que potencias extranjeras continúen financiando a políticos y a ONG que conspiran contra el país”, dijo Cabello en uno de sus programas de TV, “Con el Mazo Dando”.
De concretarse esta amenaza aquellas ONG que no tienen filiales en Venezuela, pero que apoyan, por ejemplo, el plan de respuesta humanitaria del sistema de las Naciones Unidas o la Agencia para los Refugiados de la ONU (Acnur) y la Organización Internacional de Migrantes, no podrían seguir ayudando a los venezolanos que se encuentran en la frontera con Colombia o Brasil.
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Por lo general este tipo de organizaciones no gubernamentales llevan a cabo una labor de asesoría y otorgamiento de recursos a países, como Venezuela, que atraviesan una Crisis Humanitaria Compleja provocada, precisamente por los desaciertos gubernamentales.
De acuerdo al “Informe de situación noviembre 2020”, emitido este 01 de diciembre por la Organización de Estados Americanos, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos se ha profundizado.
Hasta la fecha 5,4 millones de venezolanos tienen estatus de migrantes o refugiados, 500 venezolanos ingresas diariamente a Colombia por pasos irregulares (trochas) y 46 mil venezolanos han sido reconocidos como refugiados en Brasil, según la Declaración de Cartagena.
La crueldad del régimen de Maduro impediría prestar asistencia a todas esas personas que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Amenazas datan del año 2006
Las amenazas de aprobar una Ley de Cooperación Internacional, que limite o desaparezca a las ONG defensoras de los derechos humanos, se iniciaron en el año 2006 cuando Nicolás Maduro presidía la Asamblea Nacional.
En esa oportunidad se aprobó en primera discusión un instrumento referido al tema, pero el documento quedó en alguna gaveta de la Comisión Permanente de Política Exterior, encabezada en aquel momento por el diputado Saúl Ortega.
En el 2010, cuando Cilia Flores presidía el Parlamento, se retomó la posibilidad de aprobar la mencionada ley, pero en esta oportunidad tampoco prosperó.
El 7 de octubre de 2015, siendo Diosdado Cabello presidente del ente legislativo, solicitó en su programa televisivo “Con el Mazo Dando” que la AN retomara el trabajo que ya se había adelantado sobre la Ley de Cooperación Internacional.
Cumpliendo las órdenes emanadas de Cabello, los miembros de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración presentaron apresuradamente ante la Cámara el informe para la segunda discusión del mencionado instrumento.
Se suponía que ese debate se realizaría en la sesión del 10 de noviembre de 2015, pero no fue así. Nunca se conocieron las razones por las cuales se postergó la aprobación de la mencionada ley.
A partir de enero 2020, con el respaldo de la mayoría de miembros de la Cámara, seguramente se retome la discusión y se apruebe la Ley de Cooperación Internacional.
En el proyecto de ley aprobado en el 2006 se establecía, entre otras cosas, lo siguiente: “Las áreas de la cooperación internacional serán las establecidas en los planes nacionales y abarcarán preferentemente los sectores educativo, cultural, científico, tecnológico, social, económico, ambiental y financiero”.
Nótese que no incluye el tema de los derechos humanos.
La realización del Informe o Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que se difundió el pasado 16 de septiembre de 2020 fue posible gracias, precisamente, al aporte que hicieron no solo las víctimas sino las ONG que documentan violaciones de derechos humanos en el país.
En la práctica, lo que se busca es que ya más nadie pueda aportar ese tipo de información a los organismos internacionales y que no haya registro ni memoria documental de las atrocidades.
Todas las ONG’s deben registrarse
El pasado 27 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial No. 41.994 una Resolución Conjunta mediante la cual se dictan las Normas especiales para el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela.
En la mencionada resolución se establece el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas.
La decisión implica, entre otras cosas que las ONG que no tienen domicilio en el territorio venezolano, deben obtener una certificación en el mencionado registro. Muy sencillo: es la condición para poder laborar en el país.
Según el régimen esto les permitirá proveer a dichas ONG de elementos mínimos de acompañamiento cabal de sus actividades, además de vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada.
Hacer Click aquí para acceder a la GO No. 41.994 (27-10-2020)
Sudeban monitorea todo
En fecha 20 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) emitió una circular con el objeto de “instruir” al sector bancario nacional implementar medidas para fortalecer los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear todas las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por las organizaciones sin fines de lucro.
“Esto con el propósito de identificar a las personas naturales o jurídicas que reciben o envían fondos desde o hacia esas organizaciones y de este modo detectar operaciones inusuales o actividades sospechosas de legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”.
La Circular SIB-DSB-CJ-0D-06524 ha sido calificada por la ONG Acceso a la Justicia como una acción que se encuadra en el plan sistemático de asfixia y hostigamiento diseñado contra las ONG.
Agregan que todo ello atenta contra su funcionamiento y pone en entredicho el ejercicio de los derechos constitucionales a la asociación y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
“El cerco que el chavismo viene tendiendo a la sociedad civil organizada se estrecha”, expresaron en un boletín.
Aquí el documento emitido por la Sudeban.
Estas decisiones ponen en riego el arduo trabajo que, por años, han realizado ONG como Provea, Cofavic, Una Ventana a la Libertad, Foro Penal, Acceso a la Justicia, Control Ciudadano, Observatorio Venezolano de Prisiones y ACCSI.
Ésta última, por ejemplo, trabaja en función de darles respuesta a las personas contagiadas de VIH/SIDA.
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