Militares acusados de delitos de lesa humanidad integrarán la Asamblea Nacional que se escogerá este 6-D en Venezuela

Un total de trece (13) militares, plenamente identificados con el régimen de Nicolás Maduro, seis de ellos acusados internacionalmente por violación de derechos humanos, corrupción  y delitos de lesa humanidad, podrían integrar la Asamblea Nacional que se escogerá este domingo 6 de diciembre.

La lista de oficiales sancionados por países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Panamá y la Unión Europea la encabeza el capitán en situación de retiro (Ej) Diosdado Cabello Rondón. Tanto él como los demás tendrán, entre otras tareas, aprobar leyes, designar nuevas autoridades en los Poderes Públicos (TSJ y CNE) y abrir investigaciones en contra de los representantes de la oposición como el diputado Juan Guaidó.

De acuerdo con lo publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), designado ilegalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, Cabello es el número 1 en la Lista de Adjudicación Nacional, una posición privilegiada que evidentemente le asegura una curul dentro del nuevo Parlamento.  

Cabello ha sido sancionado reiteradamente por los delitos de narcotráfico y violación de los derechos humanos y su nombre es mencionado en el informe, sobre delitos de lesa humanidad, que realizó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

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El mencionado documento fue  difundido el pasado 16 de septiembre de 2020 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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“Existen motivos razonables para creer que Diosdado Cabello ejerció una influencia significativa en el SEBIN, a pesar de no haber ocupado un puesto en la jerarquía de la organización durante el período examinado. Como se ha señalado, varios testigos dijeron que dio órdenes al SEBIN. Varias de las detenciones en los casos investigados habrían formado parte de la Operación Tun Tun anunciada por él en su programa de televisión Con el Mazo Dando”, indica el informe en su página 415.

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El 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en voz de su Secretario William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico y terrorismo contra varias autoridades venezolanas, entre ellos, Diosdado Cabello Rondón. En esa oportunidad las autoridades norteamericanas ofrecieron una recompensa de 10 millones de dólares por su ubicación y captura.

Antonio Benavides y los demás oficiales sancionados que seguramente serán diputados

De acuerdo con comentarios dentro del oficialismo, en esta oportunidad Cabello no presidirá la Asamblea Nacional que se instalará a partir del 5 de enero de 2021 porque Nicolás Maduro ha decidido que esa responsabilidad sea asumida, durante el primer año, por el ex ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

Otro de los militares que aspiran ocupar una curul dentro de la nueva Asamblea Nacional es el Mayor General (GNB) Antonio Benavides Torres, ex Comandante de la GNB.

Este oficial, acusado de violación de derechos humanos, entre otros delitos, es candidato nominal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Circuito 4 de Caracas que comprende las parroquias El Valle, Santa Rosalía y Coche.

Benavides Torres,  incluido en las “Listas Negras” de países como  Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea tiene un extenso historial de violaciones de derechos humanos y actos represivos.

Por ejemplo, el 18 de enero de 2018 este oficial fue sancionado por la Unión Europea, coalición de países que lo responsabilizó junto a otros representantes del régimen de Nicolás Maduro, de la represión y grave situación política de Venezuela.

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En el año 2010, diversas Organizaciones No Gubernamentales como PROVEA pidieron su destitución como jefe del Plan Patria Segura debido a la represión que ejerció en contra  de manifestantes y disidentes del gobierno.

PROVEA indicó que en el año 2009 este oficial había comandado las unidades militares que usaron bombas lacrimógenas para dispersar la marcha opositora que se realizó en Caracas contra la nueva Ley de Educación. En el hecho varias personas resultaron gravemente heridas.

Luego de la marcha que se realizó en la ciudad de Caracas el día 12 de febrero de 2014, en la cual resultaron asesinadas 2 personas, entre ellas el estudiante Bassil Da Costa, el antiguo comandante Benavides defendió la actuación de sus compañeros de armas.

En el año 2016 la Asociación Civil “Control Ciudadano” informó que este oficial debía ser llamado por el Ministerio Público para que declare por lo ocurrido durante la Masacre de Tumeremo, estado Bolívar. En el hecho “desaparecieron” 28 mineros de la zona.

En el año 2017 hasta la cuestionada fiscal, Luisa Ortega Díaz, lo denunció y solicitó orden de captura en su contra ante la Corte Penal Internacional. La funcionaria alegó que el oficial había cometido delitos de lesa humanidad: asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil desarmada.

De resultar electo Benavides Torres, debido a su formación militar, deberá integrar las Comisiones Permanentes de Defensa y Seguridad o la de Política Interior.

Jesús Chourio entre los futuros parlamentarios

No obstante,  el General en Jefe (Ej) Jesús Rafael Suárez Chourio, ex Comandante del Ejército,  fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral como candidato a diputado a la Asamblea Nacional el día 4 de septiembre de 2020. En esa fecha aun ejercía el cargo de jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe de la FAN.

Suárez Chourio encabeza la Lista Regional del PSUV en el estado Apure. Los electores de los municipios Múñoz, Rómulo Gallegos y Páez tendrán la oportunidad de votar por él este 6 de diciembre.  

Este oficial, ahora en situación de retiro, también está incluido en las “Listas Negras” de los Estados Unidos, Suiza, Canadá, Panamá y la Unión Europea por cometer violaciones de derechos humanos y corrupción, en consecuencia, no puede viajar a ninguno de esos países.  

Panamá, por ejemplo, lo ha considerado “de alto riesgo” por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Manuel Quevedo, destituido de PDVSA para la AN

El General de Brigada (GNB) Manuel Salvador Quevedo Fernández, ex presidente de Petróleos de Venezuela y ex Ministro de Petróleo y Minería, sancionado por Estados Unidos y Canadá por los delitos de Malversación de Activos, Fraude y Corrupción, es el número dos de la Lista Regional del estado Zulia del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Los electores del Circuito 1, que comprende los municipios Rosario de Perijá, Jesús María Semprún y Machiques de Perijá podrán respaldar, con su voto, a este oficial.

El 15 de febrero de 2019 el Secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, informó, a través de un comunicado, que Quevedo, entre otros, “facilitan” la corrupción y la depredación de la democracia en Venezuela. En el documento se le señala como autor de malversación de activos que legítimamente pertenecen al pueblo venezolano.

Quevedo, antes de estar al frente de la presidencia de PDVSA,  fue presidente de las misiones Barrio Nuevo-Barrio Tricolor y de la Gran Misión Vivienda Venezuela, además estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Francisco Ameliach, por colaborar con el deterioro de la democracia

En agosto de 2017 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra varios funcionarios venezolanos. En esta oportunidad el capitán (Ej) en situación de retiro, Francisco José Ameliach Orta, resultó uno de los señalados.

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Las autoridades norteamericanas consideraron que Ameliach contribuyó al deterioro de la democracia venezolana al apoyar y participar en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Este oficial también está sancionado por los gobiernos de Panamá y Canadá.  En septiembre de 2017 el Gobierno de Canadá lo consideró, junto a 39 funcionarios más, “cómplice” del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Ameliach Orta siembre ha sido un dirigente político del estado Carabobo, de hecho, fue gobernador de esa entidad federal del país, pero en esta oportunidad, por razones que se desconocen, es el candidato No. 1 de la Lista Regional del estado Lara.

Los electores oficialistas del municipio Iribarren (Circuito 1) deberán votar por alguien que nunca ha vivido la zona.

En noviembre de 2017 el Gobierno de Canadá sancionó a 19 funcionarios venezolanos, entre ellos al Teniente (Ej) José Gregorio Vielma Mora.

“Estos individuos  son responsables de, o cómplices en, graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente, han cometido actos de corrupción significativos, o ambos”, indicó el portavoz del Gobierno de Canadá.

En junio de 2019 Vielma Mora volvió a ser objeto de sanciones. En esta oportunidad el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) indicó que este funcionario venezolano formaba parte de la red de corrupción que encabeza el empresario Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde, país ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África. 

“Se llevaron a cabo una serie de sobornos no solo con los hijos de Cilia Flores, sino también para otros funcionarios del Gobierno con el objetivo de mantener el acceso a los contratos de los Clap”, indica el comunicado del Departamento del Tesoro.

Actualmente Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, es el candidato No. 1 de la Lista Regional del estado Carabobo.

Los electores oficialistas del Circuito 1, que abarca los municipios Juan José Mora, Puerto Cabello, Bejuma, Miranda y Montalbán darán su voto a un candidato que no vive en la zona.

Juan Escalona Camargo, un edecán de Nicolás Maduro

La figura del capitán (Ej) Juan Francisco Escalona Camargo, es muy emblemática. Primero fue edecán del difunto Presidente, Hugo Chávez Frías, y hasta hace poco lo fue del gobernante Nicolás Maduro Moros, por lo tanto, siempre se le ha visto en la pantalla de TV “asistiendo” a ambos mandatarios.

Escalona encabeza la Lista Regional del PSUV en el estado Portuguesa. Los electores del Circuito 1, el cual comprende los municipios Sucre, Guanare y Genaro Boconoíto, entre otros, podrán votar por él.

El otro oficial que aspira una curul dentro del Parlamento es el Mayor General (Ej) Alexis Rodríguez Cabello, ex Comandante General del Ejército venezolano.

Rodríguez Cabello es el candidato No. 1 de la Lista Regional (Circuito 1) del estado Bolívar, el cual incluye los municipios Sucre, Angostura del Orinoco y Cedeño.  De resultar electo tendrá el desafío de denunciar, por ejemplo, las irregularidades cometidas en torno al Arco Minero, la venta ilegal de oro, la presencia de irregularidades colombianos (FARC-ELN) en la zona y el desplazamiento de poblaciones indígenas.

Se supone que estos dos últimos oficiales ya pasaron a retiro, de lo contrario su candidatura estaría violando flagrantemente el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la militancia política a los uniformados.

La lista es larga

Los otros militares, todos en situación de retiro, que posiblemente ocupen una curul de la Asamblea Nacional que se instalará a partir del 5 de enero de 2021 son:

William Fariñas: Teniente coronel (Ej), ex constituyente 1999, ex diputado por el PSUV y candidato No. 43 de la Lista de Adjudicación Nacional.

Gilberto Pinto: Almirante, ex Comandante General de la Armada, ex diputado de la Asamblea Nacional y candidato (Lista Regional-Circuito 1) por el estado Sucre.

Carlos Julio Rodríguez Rabán: General de División (GNB), expresidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y candidato (Lista Regional-Circuito 1) por el estado Lara.

Pedro Carreño: Capitán (Ej), ex diputado, ex miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (2017) y candidato (Lista Regional-Circuito 1) por el estado Delta Amacuro.

Gerardo Márquez: Mayor (Ej), ex diputado suplente, participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y candidato (Lista Regional-Circuito 1) por el estado Trujillo.

Nótese que todos aparecen de número 1 en las listas de aspirantes en cada uno de los circuitos indicados, es decir, que es casi imposible que no resulten electos. Una vez juramentados todos estos hombres de uniforme ocuparan puestos claves en las comisiones, entre otras,  de Defensa y Seguridad y Política Interior.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la AN, vigente desde el año 2010, a la Comisión de Defensa y Seguridad, por ejemplo, “le corresponde  el estudio de  los asuntos de defensa y seguridad de la Nación, funcionamiento, organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, política fronteriza y ordenación territorial y adecuada integración del territorio en la promoción de su desarrollo económico”, mientras que la Comisión de Política Interior: “conocerá los asuntos relativos al régimen político, funcionamiento e interrelación con las instituciones públicas, administración de justicia, la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías constitucionales, identificación, registro civil, uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento al terrorismo y la seguridad ciudadana”.

La civilidad del Poder Legislativo

El Poder Legislativo es, en cualquier país del mundo, la casa de las leyes, pero sobre todo la casa de la civilidad. Por su naturaleza, el Parlamento es una institución integrada por los políticos más probos de la sociedad, no por militares.

En estas instituciones no se imparten órdenes, se debaten las ideas, se diseñan políticas públicas  y se llega a consensos en pro de la sociedad.

De acuerdo al artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional tiene la facultad, entre otras, de legislar y ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública.

Resultará un desafío para estos militares, sobre todo para los que acaban de pasar a retiro como Juan Francisco Escalona, pronunciarse en contra de quien aún consideran su comandante en jefe o sus compañeros de armas.

El dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006) es uno de los pocos casos de militares que integraron el Poder Legislativo de su país. El cargo de senador vitalicio le correspondió por haber sido Presidente de esa nación suramericana.

La civilidad de la Asamblea Nacional, incluso, está expresada en el artículo 65 del Reglamento Interior y de Debates.

Al abordar el tema del “Uso de la fuerza pública” el mencionado instrumento  indica lo siguiente: “La custodia en el interior de la sede estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la dirección de la Presidencia de la Asamblea Nacional. La presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los espacios de Sesión de la Asamblea Nacional, de las comisiones, subcomisiones u otros órganos y dependencias de la misma, sólo podrá admitirse en casos especiales previa solicitud del Presidente o Presidenta o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional”.


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