La corrupción es de tal magnitud en el llamado G4 que hasta Julio Borges, supuesto Canciller del Gobierno interino de Juan Guaidó, volvió a pedir transparencia y rendición de cuentas en torno al manejo de los fondos de activos venezolanos en el exterior.
Este 22 de enero Borges utilizó su cuenta en la red social Twitter, para indicar lo siguiente: “Reiteramos que la mejor forma de combatir las mentiras de la dictadura es con transparencia”.
El llamado “comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela” advirtió que la írrita Asamblea de @NicolasMaduro viene con una andanada de guerra sucia y acusaciones falsas contra el liderazgo democrático.
“Es fundamental dar respuesta a cada caso que ha creado dudas en la opinión pública y dar acceso a toda la información necesaria para esclarecer de manera correcta cada uno de los eventos”, indicó el Coordinador de Primero Justicia.
Aunque es muy tarde para realizar tal señalamiento, Julio Borges indicó en su cuenta de Twitter que Venezuela merece una explicación sobre casos como el de la protección de activos en el exterior, Crystallex, Petro-Paraguay, el manejo de la Fundación Simón Bolívar de CITGO y las irregularidades de la Comisión de Contraloría, entre otras.
“Lo correcto es mostrar transparencia en la gestión”, indica quien ha sido cómplice de todas las irregularidades y corruptelas cometidas con dinero del Estado venezolano desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente de la República.
Te puede interesar
En los últimos 6 meses Julio Borges ha solicitado en tres oportunidades informar sobre las investigaciones de casos puntuales. Por supuesto, lo hace a través de las redes sociales, pero no convoca una rueda de prensa o a una reunión abierta para debatir el delicado asunto.
En realidad no se conoce la verdadera intención de estas exigencias realizadas por Julio Borges y tampoco se sabe si ha consignado alguna prueba o denuncia ante alguno de los gobiernos que siguen apoyando política y económicamente a Guaidó. Cualquier cosa pudiera estar ocurriendo tras bastidores.
Ante este nuevo hecho Juan Guaidó guarda silencio. Al menos en su cuenta de Twitter no hay ninguna respuesta para “su canciller”.
Lapsus mentis
Por razones que desconocemos, Borges no solicitó investigar, por ejemplo, por qué Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, residenciado en Miami, lleva una vida de rico sin poder justificar de dónde obtiene tanto dinero.
Borges también olvidó que en noviembre de 2019, Humberto Calderón Berti, embajador en Colombia del Gobierno interino, renunció alegando irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la operación fallida para el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, hecho que se llevaría a cabo el día 23 de febrero de 2019.
“Allegados al líder opositor manejaron fondos de cuya procedencia y destino nunca conocí, además, personal de la embajada detectó casos de doble facturación”, dijo Calderón Berti.
El diplomático declaró a los medios de comunicación que hubo un mal manejo de las cosas y que las mismas autoridades colombianas le dieron el alerta y le mostraron documentos en los cuales se hablaba de “prostitutas” y “consumo de alcohol”.
Los diputados Sergio Vergara, jefe de la Fracción de Voluntad Popular, y Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, serían, entre otros, los involucrados en este escándalo denominado “El Cucutazo”.
La Fiscalía de Colombia abrió una investigación oficial sobre este entramado de corrupción en el cual no se conoce el paradero de la cantidad de 99.110 dólares que Susana Barrera, cuñada de Sergio Vergara recibió para que atendiera a los militares que habían desertado a territorio neogranadino a efectos de apoyar el interinato.
Millonario contrato con mercenario norteamericano, extorsión y Monómeros
Otro de los casos de corrupción cometidos durante el interinato de Juan Guaidó es el contrato millonario suscrito por éste y la empresa de seguridad Silvercorp, propiedad del mercenario norteamericano Jordan Goudreau y que fue denunciado en exclusiva por la periodista Patricia Poleo.
Tal como se informó en Factores de Poder el mencionado documento incluía el pago de una millonaria suma en dólares. El propósito de dicho contrato era asesinar no solo a Nicolás Maduro sino a buena parte de los integrantes de su tren ejecutivo y sus allegados como Diosdado Cabello.
En esta “negociación” también está involucrado el diputado Sergio Vergara y el consultor Juan José Rondón. Los miembros del gobierno interino, incluyendo a Julio Borges, prefirieron guardar silencio cómplice ante estos graves hechos.
Julio Borges tampoco mencionó el caso de la empresa colombo-venezolana denominada Monómeros, en la cual se han cometido graves hechos de corrupción.
La periodista Patricia Poleo, de Factores de Poder, realizó una exhaustiva investigación en torno al manejo que la junta directiva AD HOC, nombrada en 2019 por el gobierno interino de Juan Guaidó, realizó en Monómeros, empresa venezolana con sede en Barranquilla, Colombia.
Los indicios no pudieron ser más graves: la periodista reveló que la directiva designada por el gobierno interino incurrió en hechos muy graves de corrupción, además de la ineficiente gestión.
“La corrupción solo cambió de manos, se diversificaron las formas de malversación, tanto, que se le ha causado un daño irreversible a la empresa líder fundamental para la seguridad agroalimentaria tanto para Colombia como para Venezuela”, indica la investigación.
El flamante “Canciller” también olvidó la trama de extorsión en la que funcionarios de Juan Guaidó incurrieron al exigirles sumas millonarias en dólares a los directores del Consorcio CRA a cambio de otorgarles un contrato para la “recuperación” de activos del Estado.
La periodista Patricia Poleo explicó extensamente cómo ocurrieron los hechos, incluso entrevistó a los afectados en su programa “Agárrate”.
Luego el diario norteamericano The Washington Post informó que los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar explicaron que Fernando Blasi (vinculado a Carlos Vecchio) y Javier Troconis, este último designado por Guaidó como comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, cobraron sobornos hasta por la cantidad de 40 millones de dólares.
Antes de esta publicación, Poleo había informado ampliamente sobre la firma de un contrato que no llegó a ejecutarse. En el documento, dijo la periodista, se acordaba el cobro de 750 mil dólares para iniciar litigios por activos estatales en 19 países que forman parte de Petrocaribe.
Poleo mostró en su programa una hoja de papel donde se escribe, a mano, cuál sería el porcentaje de los mencionados cobros.
Por cierto, la mano que sostiene el papel es de Javier Troconis, jefe de la Comisión para Gestión de Activos de la administración de Juan Guaidó, quien habría pedido la comisión de 750 mil dólares y el 18% de lo recuperado
Se trata, sin duda alguna, de crímenes federales cometidos por funcionarios de la administración de Juan Guaidó en territorio norteamericano.
Goicochea le pide silencio a Julio Borges
Yon Goicoechea, miembro de Voluntad Popular, también utilizó su cuenta de Twitter, para recordarle a Julio Borges que en su condición de Canciller del gobierno interino no debe hacer ese tipo de señalamientos.
“Julio, eres Canciller y jefe de una de las fracciones parlamentarias que apoyan a Guaidó”, indicó Goicoechea.
Agregó: “Has participado en la protección de cada empresa recuperada. Por eso PJ puede aportar mucho en esa tarea común de explicar mejor al país lo que se ha logrado salvar”.
En pocas palabras el dirigente de VP llamó cómplice al diplomático venezolano.
Paraguay: Hubo robo de 150 millones de dólares a Venezuela
Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete del Gobierno de Paraguay, denunció que Juan Guaidó aprobó condonar la deuda de ese país con la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela. Agregó que dicha operación se llevaría a cabo como un “ahorro”.
Paraguay mantiene una deuda con PDVSA que asciende a la cantidad de 269 millones de dólares. De acuerdo a la denuncia realizada por el alto funcionario de Paraguay, Juan Guaidó prometió la condonación de la mitad de esa deuda, pero la medida no se ejecutó.
“Los documentos de las actas de acuerdos entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y los representantes de Juan Guaidó, los cuales ratificarían el 50% de la deuda del capital y del 100% de los intereses, lo cual calificó de ahorro. La propuesta generaría un ahorro de 150 millones de dólares, todo ello en detrimento de Venezuela”, indicó Villamayor.
Todo esto ocurrió en el año 2019 cuando Paraguay rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
Este 23 de enero de 2021 se cumplieron dos años desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela. Hasta los momentos no ha rendido cuentas de su gestión ni de la de sus más cercanos colaboradores.
