La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la inacción que ha tenido la Corte Penal Internacional (CPI) ante las violaciones de DDHH en Venezuela.
De esta forma, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el asesor especial sobre la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron un informe “que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes”.
En este sentido, Almagro declaró que “cada día de inacción es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo de Venezuela” por lo que instó a los fiscales de las instancias internacionales a acelerar todas las investigaciones sobre los presuntos crímenes que involucran al régimen de Nicolás Maduro.
Por su parte, Jared Genser agregó que la “acción de hoy no es un ataque a la fiscalía, sino simplemente un llamado a la acción”, para avanzar en los procesos que iniciaron en el año 2018 y que aún no se han completado.
Hallazgos del nuevo informe publicado por la OEA
En el texto titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” señalan que desde la publicación del informe de 2018, “los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos”.
Por esta razón, aseguran que “el nuevo informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario”.
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Sin embargo, no es solo este punto el que resalta el texto, pues expone una serie hallazgos importantes los cuales son detallados de manera exacta a continuación:
- Refleja 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
- Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación de libertad desde 2014.
- Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. En este punto se incluyen otros informes que detectaron 7.000.000 de personas necesitadas y más de 100.000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Además, suman que una ONG local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24% de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100% y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, se reportaron también brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Finalmente, registraron casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.
- Detectó 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.
- Reportó 653 casos documentados de tortura desde 2014.
- Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
- Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
- Recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
Personajes investigados
Finalmente, el informe resaltó los nombres de funcionarios del régimen que, según Almagro y las pruebas recabadas, deben ser “investigados por crímenes de lesa humanidad”.
La lista la encabeza Nicolás Maduro, seguido por Delcy Rodríguez, Tareck El Aissami, Jorge Arreaza Montserrat, Elías Jaua Milano, Aristóbulo Istúriz Almeida, Jorge Rodríguez Gómez, Freddy Ñáñez, Diosdado Cabello Rondón, Vladimir Padrino López, Néstor Luis Reverol Torres, Gustavo Enrique González López, Antonio Benavides Torres y Carlos Alfredo Pérez Ampueda.
