La Corte Suprema mantuvo el primer día de la semana que el gobierno puede evitar que los no ciudadanos, que están en EUA bajo un programa que los resguarda temporalmente de la deportación en ciertas situaciones, soliciten una tarjeta verde si ingresaron ilegalmente al país.
La situación, que enfrentó a la administración de Biden con los partidarios de los derechos de los inmigrantes, podría perjudicar a una cantidad enorme de las 400.000 personas a las que se les ha otorgado el «Estatus de protección temporal».
La posición de la administración Biden en el caso, aunque menos estricta que la de la administración Trump, consternó a los partidarios de los derechos de los inmigrantes.
Esta situación se refiere a una pareja de Novedosa Jersey que llegó al país ilegalmente en 1997 y 1998 y ahora tiene 4 hijos. El menor nació en Estados Unidos y es ciudadano.
Después de una secuencia de terremotos en El Salvador en 2001, solicitaron y recibieron el “Estatus de Protección Temporal”. Tal estado resguarda a los ciudadanos extranjeros presentes en EE. UU. de la expulsión si han estado sujetos a conflictos bélicos o catástrofes ambientales en su país de origen. En 2014, la pareja buscó solicitar «ajustar» su estado para transformarse en residentes permanentes legales y pedir una tarjeta verde.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos denegaron su petición, señalando que no eran seleccionables para pedirla pues no habían ingresado legalmente al país y jamás habían sido admitidos formalmente en EE. UU.
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El caso enfrentó 2 secciones de la ley de inmigración. Uno que dice que aquellos en TPS han de ser considerados como «que mantienen un estatus legal» y otro que dice que para ajustar el estatus, un individuo en TPS debe haber sido admitido legalmente.
Hoy en día, hay alrededor de 400.000 personas con estatus TPS en el país y 85.000 han logrado cambiar su estatus.
