El juez dijo que la ley se basa en «raíces racistas y nativistas» y discrimina a las personas mexicanas y latinas en violación de la cláusula de protección igualitaria de la Quinta Enmienda.
En un fallo judicial con implicaciones potencialmente amplias para los casos de inmigración en EE.UU., un juez federal de Nevada determinó que es inconstitucional una ley penal que data de 1929 y que convierte en un delito grave el hecho de que una persona que haya sido deportada regrese a Estados Unidos.
El juez de distrito Miranda Du en Reno, en una orden emitida el miércoles, encontró que la ley ampliamente conocida como Sección 1326 se basa en «raíces racistas y nativistas» y discrimina a las personas mexicanas y latinas en violación de la cláusula de protección igual de la Quinta Enmienda.
«Cualquiera que trabaje en los tribunales federales conoce el estatuto», dijo el jueves Franny Forsman, jefa jubilada de la Oficina del Defensor Público Federal en Nevada. «Realmente hay un gran número de casos que se han presentado a lo largo de los años bajo esa sección. Son en su mayoría casos de defensores públicos».
La sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad tipifica como delito la entrada de una persona en Estados Unidos si se le ha denegado la admisión, ha sido deportada o expulsada. Se promulgó en 1952 utilizando el lenguaje de la Ley de Extranjeros Indeseables aprobada por el Congreso en 1929. Las sanciones se endurecieron cinco veces entre 1988 y 1996 para aumentar su valor disuasorio.
Forsman dijo que esperaba que el gobierno apelara al Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. en San Francisco.
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Pero Julián Castro, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en la administración Obama, tuiteó que dudaba que el Departamento de Justicia quisiera defender una ley con «una historia increíblemente racista».
El fiscal federal en funciones Christopher Chiou y un asesor no respondieron inmediatamente a los mensajes sobre el fallo.
Forsman calificó la orden de Du de innovadora por su rigurosidad. Du, un inmigrante vietnamita, fue nominado a la judicatura federal por el presidente Barack Obama y juró su cargo en 2012.
«Creo que tendrá implicaciones porque va a ser difícil sortear su razonamiento», dijo Forsman sobre la orden judicial. «Es un poco difícil sortear un estatuto que fue llamado ‘Ley de espalda mojada’ por las personas que lo promulgaron». El término despectivo suele referirse a los inmigrantes mexicanos que han entrado ilegalmente en el país, pero también se utiliza para despreciar a todos los hispanos.
Du dijo que consideró los argumentos escritos y orales y el testimonio de expertos sobre la historia legislativa de la ley de los profesores Benjamín González O’Brien de la Universidad Estatal de San Diego y Kelly Lytle Hernández de la Universidad de California en Los Ángeles.
«Es importante destacar que el gobierno no discute que la Sección 1326 afecta más a los individuos mexicanos y latinos», dijo la jueza en su orden de 43 páginas que desestima la acusación penal de junio de 2020 contra Gustavo Carrillo-López.
Carrillo-López fue detenido en Nevada en 2019 después de haber sido deportado en 1999 y de nuevo en 2012, según los fiscales. Su defensora pública federal, Lauren Gorman en Reno, no respondió inmediatamente el jueves a un correo electrónico.
La jueza dijo que no vio datos disponibles públicamente sobre el origen nacional de las personas procesadas en virtud de la Sección 1326, pero citó las estadísticas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que muestran que más del 97% de las personas aprehendidas en la frontera en 2000 eran de ascendencia mexicana, el 86% en 2005 y el 87% en 2010.
«El gobierno argumenta que el impacto declarado es ‘un producto de la geografía, no de la discriminación’, y que las estadísticas son más bien una característica de la proximidad de México a los Estados Unidos, la historia de los patrones de empleo mexicanos y los factores sociopolíticos y económicos que impulsan la migración», escribió Du. «El tribunal no está persuadido».
