El 26 de julio de 2011 el difunto Presidente Hugo Chávez Frías creó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Ese mismo día designó a la abogada María Iris Varela, mejor conocida como “La Fosforito”, como la encargada de ese despacho ministerial.
Se suponía que la funcionaria resolvería el grave problema penitenciario del país, pero sucedió todo lo contrario: desde que Varela asumió el cargo, hace 9 años, se incrementó el llamado “Pranato”, la corrupción, el hacinamiento y las muertes por desnutrición en las cárceles venezolanas.
A pesar de su ineficiencia el partido de gobierno, PSUV, ofrece la candidatura de Varela para que ocupe una curul en la Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero de 2021. Su nombre aparece de cuarto lugar en la Lista de Adjudicación Nacional, una posición privilegiada.
De resultar electa no procederá ninguna investigación en su contra, todo lo contrario, lo sucedido en las cárceles venezolanas durante la última década será silenciado en las Comisiones de Régimen Penitenciario y Política Interior.
Pequeños campos de concentración
Durante sus nueve años de gestión, “La Fosforito” convirtió, por ejemplo, los centros de detención preventiva (comisarías y retenes policiales) en pequeños campos de concentración donde los internos mueren de hambre y de enfermedades infectocontagiosas como VIH/SIDA, tuberculosis o paludismo.
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El 3 de agosto de 2011, siete días después de su nombramiento, Varela tomó la arbitraria decisión de suspender el ingreso de nuevos presos en las cárceles venezolanas, a menos que ella lo autorizara.
En aquel momento prometió “descongestionar” las cárceles y dijo que la medida tardaría el menor tiempo posible, pero eso nunca ocurrió. Desde hace 9 años miles de hombres y mujeres permanecen hacinados en las comisarias y retenes policiales de todo el país.
Los centros de detención preventiva no son cárceles ni penitenciarias sino lugares para albergar detenidos durante lapsos de tiempo menores a 48 horas.
Se trata de recintos policiales con pequeños espacios, sin baños suficientes, con poca ventilación, sin comedores ni consultorios médicos y sin transporte para llevar a los enfermos a un centro asistencial.
Gracias a la decisión tomada por Iris Varela estos lugares se convirtieron en un sistema penitenciario paralelo donde la muerte acecha constantemente a los internos. Allí permanecen, por igual, reclusos procesados y condenados.
Uno de los ejemplos más dramáticos de esta situación fue lo ocurrido el 28 de marzo de 2018 en la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo donde 66 privados de libertad y dos mujeres que visitaban el recinto, murieron calcinados.
Organismos internacionales y ONG como Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones calificaron el hecho como “la peor tragedia carcelaria de Venezuela”.
Ante la llamada “Masacre de Carabobo” Varela solo alcanzó a decir que el hecho “es un asunto policial” y que las comisarías están bajo la responsabilidad de las gobernaciones de estado.
Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, se limitó a ofrecer el pago de los entierros en fosas comunes y nunca ordenó una investigación sobre el lamentable hecho.
Tareck William Saab, Fiscal general, designó 4 fiscales para investigar el delicado asunto e informó que 5 funcionarios policiales habían sido detenidos por estar involucrados en la muerte de estas personas. Hasta la fecha no se conoce qué destino judicial tuvo este caso.
En su más reciente informe (Septiembre 2020), la ONG Una Ventana a la Libertad informa que 22.664 personas permanecen detenidos en comisarías y retenes judiciales de 19 estados. Destacan que dichos lugares tienen capacidad solo para 1.191 internos, es decir que el hacinamiento es alarmante.
“Un total de 65 privados de libertad murieron de tuberculosis, esto antes de la llegada de la COVID-19 y un porcentaje muy alto presenta signos de desnutrición”, indica el documento.
Una de las comisarías policiales que ha presentado mayor cantidad de casos de tuberculosis es la ubicada en Cabimas, estado Zulia.
Durante las últimas semanas, 4 privados de libertad han fallecido en ese lugar y sus compañeros de celda los envuelven en desteñidas sábanas y colocan el cadáver en medio de la calle para que los funcionarios policiales se vean en la obligación de llamar la atención de las autoridades.
En las cárceles del país, como Yare I y Rodeo II la situación no es diferente, todos los días fallecen privados de libertad a consecuencia de la desnutrición y la tuberculosis.
Mientras tanto Varela hace campaña para obtener una curul dentro de la Asamblea Nacional.
Pranato y algo más
María Iris Varela Rangel, no es precisamente la imagen más preciada de la mujer venezolana, todo lo contrario, en lugar de ser afable, maternal, luchadora y decente, es un símbolo de descomposición social, corrupción y muerte.
En enero del 2016, luego de salir de una discoteca ubicada en el estado Nueva Esparta, fue asesinado de varios tiros, un “Pran” (líder negativo de una cárcel) que respondía al nombre de Teófilo Rodríguez Cazorla y era conocido como “El Conejo”.
Días después circuló en las redes sociales una fotografía en la cual se ve a Iris Varela, en su condición de ministra, sentada en una cama abrazando al delincuente.
Varela se limitó a decir que ella acostumbraba a fotografiarse con los presos y que demandaría a quien siguiera preguntando sobre el tema.
En febrero de 2019, cuando la oposición venezolana intentó que la ayuda humanitaria entrara a territorio venezolano, la ministra para los Servicios Penitenciarios, fue retratada junto a un grupo de hombres armados que hicieron acto de presencia en el Puente Francisco de Paula de Santander, que comunica al estado Táchira con Colombia.
El escuadrón armado liderado por la funcionaria portaba, entre otros, un AR15, un fusil de largo alcance capaz de disparar 100 balas por minutos.
En ese momento, tal como lo declaró Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, Varela violó varias leyes debido a que no tiene competencia en materia de orden público ni pertenece a ningún cuerpo de seguridad del Estado.
Se presume que los sujetos armados son Pranes que Varela se permite sacar de las cárceles para fines inconfesables.
De nuevo en la Asamblea Nacional
María Iris Varela Rangel fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Nacional de 1999 y luego diputada a la Asamblea Nacional desde el año 2000 hasta el 2011, año que fue designada Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
Además del ministro Aristóbulo Istúriz es la única funcionaria de la gestión de Hugo Chávez Frías que ha sobrevivido a las dos administraciones.
En el 2017 “pidió permiso” a su jefe Nicolás Maduro y se postuló para la Asamblea Nacional Constituyente, “resultó electa” y a los pocos meses se regresó al despacho ministerial.
Por los momentos su cargo como ministra lo ocupa otra militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que responde al nombre de Mirelys Contreras.
No se descarta que el paso de Varela por la nueva Asamblea Nacional sea muy breve. Seguramente Nicolás Maduro le pedirá que retome el cargo de ministra para el Servicio Penitenciario puesto que el desastroso y corrupto modelo penitenciario que existe en Venezuela está hecho a su imagen y semejanza.
