En Venezuela: Al menos 2.853 personas fueron asesinadas por militares y policías durante el año 2020

En Venezuela los cuerpos policiales del Estado son más letales que la pandemia del coronavirus: Solo en el año 2020 al menos 2.853 personas fueron asesinadas impunemente por funcionarios militares y policiales.

De acuerdo al más reciente informe realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares de edades comprendidas entre 18 y 30 años.

El estado con mayor número de víctimas es el estado Zulia donde se registraron 667 asesinatos en menos de un año.

La violencia estatal desmedida también enlutó a las familias de los estados Aragua (297), Bolívar (269), Lara (193), Carabobo y Miranda.

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“En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versión del enfrentamiento”, indica el informe. La organización no gubernamental precisa que estas ejecuciones extrajudiciales pudieran constituir crímenes de lesa humanidad y agrega que un país como Venezuela, donde se ha perdido el bono demográfico dicho patrón represivo profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

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Las FAES realizan operativo en Petare, Caracas, Venezuela. Imagen cortesía.

Los datos publicados este 9 de marzo son el resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando Provea y el Centro de Investigación del Centro Gumilla, perteneciente a los jesuitas en Venezuela.

FAES el cuerpo policial más letal en Venezuela

Luego de investigar en profundidad la violencia institucional policial y militar, las organizaciones antes mencionadas realizaron un informe y le dieron por nombre: “Lupa por la vida, construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones judiciales”.

En dicho documento se indica que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es el cuerpo policial más letal que existe en Venezuela.

“Durante 2020, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total de asesinatos”. Indican que le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos, lo que equivales al 17,52% del total.

No obstante, las policías regionales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, ello equivale a 25,71% del total.

La Fuerza Armada nacional Bolivariana no escapa de este vil cuadro de exterminio, por el contrario, los hombres de verde son responsables de 359 casos. Los militares que ejercen mayor letalidad son los de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Es una política de Estado

La mencionada investigación apunta a demostrar que no se trata de hechos aislados, por el contrario, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dada la saturación del sistema de administración de justicia.

“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada”, indica la información.

Añade que los funcionarios cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.

“En los pocos casos que se investigan las instituciones actúan con discriminación”, precisan las organizaciones.

A manera de ejemplo, relatan que e 21 de agosto de 2020 funcionarios de la PNB, adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia.

Dos meses antes, funcionarios de las FAES asesinaron a 5 personas en el sector El Limón, en Caracas.

Las víctimas fueron identificadas como Arquímedes Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima era escolta de la ex ministra y actual diputada Iris Varela.

“En Venezuela la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, están excluidas del acceso a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el documento.

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