Las injusticias dentro de Venezuela son el pan de cada día. De acuerdo con un informe desarrollado por la ONG Provea y publicado este jueves, en los primeros 6 meses de cuarentena el régimen de Maduro realizó 601 detenciones arbitrarias.
De esta manera, a todos esos ciudadanos les fueron vulnerados sus derechos entre marzo y septiembre de 2020 en medio de la pandemia generada por el coronavirus.
“Los primeros seis meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad (en Venezuela)”, aseguró el informe.
Igualmente, Provea resaltó que al menos 159 detenciones se dieron contra periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban decir la verdad de las cifras de COVID-19 en el país.
“159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena”, agregaron.
En esta línea, el balance registró otras tantas detenciones enmarcadas en protestas dentro de la nación. La mayoría de dichas manifestaciones se generaron, y siguen generando, por las fallas en los servicios públicos (de electricidad, de gas, de agua, de internet, de telefonía, etc.) y la grave escasez de combustible, irónicamente, en un país petrolero.
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“Otras 442 (personas) fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país”, entre el mismo periodo de tiempo, lo que eleva el número total de detenciones denunciadas a 601.
¿En qué contexto se dan estas detenciones arbitrarias?
El texto de la ONG señaló que “la ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social (…) ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos”.
Esto quiere decir que las “autoridades” o funcionarios chavistas optaron por defender más el “orden público” que por respetar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de los ciudadanos que reclamaban sus derechos.
Por consiguiente, se denotó y reflejó en el informe que todas estas detenciones se desarrollaron “como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria”.
Además, tenían el claro “objetivo de mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia”.
No solo detenciones: registraron 5 “asesinatos”
Más allá de lo anteriormente expuesto, Provea reportó al menos 5 decesos catalogados como “asesinatos” gubernamentales, lo que continúa demostrado el tipo de Estado que gestiona el régimen de Maduro y sus fuerzas policiales.
Todas las muertes se dieron en medio de «enfrentamientos» con las autoridades durante manifestaciones, un hecho que la ONG resaltó que “reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país”.
Finalmente, son las mismas acciones que ejecutan una y otra vez no solo con quien piensa diferente, sino con los ciudadanos de a pie que están casados de la indolencia, de las constantes fallas de luz, de la escasez de gas doméstico, de los sueldos de hambre, de las largas colas para surtir gasolina y otros de los innumerables problemas que se enfrentan en Venezuela.
