La Comisión de Energía, Petróleo y Minas de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobó en primera discusión una nueva Ley de Minas, aunque la misma no ha pasado por debate en plenaria del Parlamento.
Esta nueva ley no propone soluciones sustanciales sobre los problemas financieros y los crímenes que rodean la explotación del Arco Minero del Orinoco, sino que simplemente busca crear un nuevo régimen legal que favorezca los intereses de los partidos predominantes de la oposición y a los consorcios extranjeros que dichos partidos defienden, con el fin de que sigan manteniendo las mismas prácticas nocivas en esta región.
El Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo es el diputado Elías Matta del partido Un Nuevo Tiempo. Se puede apreciar como se repiten los mismos nombres y las mismas comisiones en todos los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional no ha hecho un informe detallado sobre el Arco Minero
Desde que se instauró en 2017 el proyecto del Arco Minero del Orinoco que ha permitido que empresas extranjeras exploten recursos minerales venezolanos, ha habido una campaña justificada contra la explotación del oro en el sur de Venezuela. Su derivado ha sido llamado por organismos nacionales e internacionales como «oro de sangre» por todos los crímenes e ilegalidades involucrados en el proceso
Vale preguntarse por qué la Comisión de Energía y Petróleo no ha presentado un informe detallado basado una investigación amplia sobre la realidad de la explotación de recursos mineros en esta región venezolano. Esta es una de las facultades esenciales de la Asamblea Nacional, el control. Y quienes forman parte de esta Comisión deberían ser expertos.
La realidad es que la ley la están desarrollando diputados que en su vida han pisado una mina y tampoco se han formado a profundidad en esta materia. La estrategia ha sido satanizar el Arco Minero (que es más que satanizable, aunque nunca han elaborado un informe oficial al respecto) y hacer una ley que no busca sustituir todas las irregularidades que lo rodean, sino sustituir a quienes están a cargo.
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Una ley para Crystallex y no para Venezuela
Detrás de esta ley hay una comisión de abogados en Colombia. Los que desarrollan el proyecto plantean devolver a las empresas que estaban antes sus derechos de explotación, aunque esos derechos ya expiraron.
Surge nuevamente la empresa Crystallex, que tiene un litigio en Estados Unidos para cobrar dinero que le debe el Estado venezolano y que posiblemente será pagado con la entrega de los bienes de la empresa venezolana Citgo.
Se ha denunciado que Crystallex logrará ganar esta disputa con la República venezolana gracias a la asesoría del abogado José Ignacio Hernández, quien contradictoriamente luego fue nombrado como Procurador de la República por Juan Guaidó. Es decir, es el encargado de «defender» al Estado venezolano de la empresa que él antes asesoraba.
Uno de los personajes que está detrás de la elaboración de esta Ley de Minas es Jorge Neher, quien también ha sido asesor de Crystallex al igual que José Ignacio Hernández. Lo cierto es que ambos promueven este proyecto en defensa de estos consorcios extranjeros, con el fin de que salgan las actuales empresas del Arco Minero y entren las de ellos para seguir haciendo la misma explotación indiscriminada en esta región.
En la nueva Ley que redacta el G4 se contempla devolverle a Crystallex las concesiones que tenían previamente. Estas concesiones estaba en las minas de las Cristinas, las cuales tienen una cantidad de oro incomparable con cualquier otro lugar del mundo.
La nueva ley eliminaría todos los contratos de las empresas que operan actualmente en el Arco Minero. La consecuencia de esto será que estas empresas internacionales demandarán al Estado venezolano, perjudicando aún más su situación financiera.
Un ejemplo de esto es la empresa Gold Reserve, que en caso de que le revoquen la concesión demandaría al Estado venezolano por 4 mil millones de dólares.
Cambian los corruptos, pero la corrupción se mantiene
Los principales promotores de este nuevo guiso son Elías Matta (UNT) y Francisco Sucre (VP). El autor intelectual es el ya mencionado Jorge Neher, quien opera para favorecer a Crystallex en asociación con varios fondos de inversión en Estados Unidos y Colombia
En uno de los foros el abogado Jorge Neher propuso pagarle la deuda a Crystallex (deuda que reconoce) a través de la entrega de concesiones que son de otras empresas. ¿Pero acaso esto no generará nuevas deudas del Estado con las empresas que actualmente se encuentran ahí? ¿Debe ser Crystallex la beneficiara de este nuevo marco legal, después de haber demandado al Estado venezolano y estar a muy poco de quitarle bienes de Citgo?
Otra propuesta de la ley es quitarle a 1300 pequeños mineros los espacios que tienen concedidos para la explotación y entregárselo a grandes industrias, con lo que los pequeños mineros pasarían a ser empleados de las mismas. Esto podría profundizar aún más los conflictos en el lugar.
En vez de estar promoviendo una nueva Ley en esta materia cuando el país atraviesa la crisis humanitaria más grande de su último siglo, lo primero que deberían hacer es elaborar un informa serio y técnico de la situación en el Arco Minero que sirva de guía para resolver los problemas en esta región y ponerla al servicio de los venezolanos. Sin embargo, el plan parece ser quitar a unos para ponerse ellos y hacer lo mismo que se ha venido haciendo.
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