Salvador Fernando Franco era un preso político e indígena de la etnia Pemón que se encontraba detenido desde el 30 de diciembre de 2019. Este domingo 3 de enero se confirmó su fallecimiento. El régimen de Nicolás Maduro lo dejó morir de mengua a pesar de que diversas ONGs y medios de comunicación social denunciaron que su estado de salud era muy delicado.
Franco venía padeciendo de fiebre muy alta, problemas estomacales y desnutrición aguda, tanto que, el pasado 27 de noviembre de 2020 Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con Competencia en casos vinculados a los delitos asociados al terrorismo emitió una orden judicial para que fuera trasladado a un centro asistencial.
Las autoridades del ministerio para los Servicios Penitenciarios hicieron caso omiso de la recomendación. Franco se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo II, ubicado en el estado Miranda.
Indígena pemón es el octavo preso político que muere bajo la custodia del Estado venezolano
Franco y 12 indígenas más fueron acusados por el régimen de haber participado en el asalto al Batallón “Mariano Montilla” de Infantería de Selva 513, ubicado el sector Luepa del municipio Gran Sabana en el estado Bolívar.
Este hecho se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2019 y fue denominado por el régimen venezolano como “Operación Aurora”.
De acuerdo al reporte realizado por el Foro Penal, los 13 indígenas fueron detenidos arbitrariamente entre los días 22 y 30 de diciembre de 2019.
Te puede interesar
“Fueron desaparecidos forzosamente, algunos por pocos días, otros por un mes y uno en particular, Frank Fernández, lo mantuvieron bajo desaparición forzosa por 56 días”, informó la ONG.
De manera reiterada las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos denunciaron que estos 13 indígenas de la etnia Pemón fueron víctimas de torturas graves y tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“En marzo de 2020, en virtud del Decreto de Estado de Emergencia producto de la pandemia del coronavirus, estos 13 indígenas fueron trasladados desde la DGCIM, en Caracas, a la cárcel del Rodeo II, ubicada en el estado Miranda”, denunció el Foro Penal.
A más de un año de la detención, el juicio contra estos 13 indígenas pemones no ha comenzado y las audiencias preliminares se han diferido en diversas oportunidades.
Salvador Franco murió bajo la custodia del Estado sin tener acceso a abogados privados y a sus familiares.
La acusación penal
Los otros 12 indígenas detenidos por este caso quedaron identificados como: Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Williy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
Todos pertenecen a la comunidad indígena “Kumaracapay”, ubicada en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
El 9 de enero de 2020 fueron imputados de los delitos: Asociación para delinquir, Conspiración contra la forma política, Terrorismo y Sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.
Diversas ONG denunciaron que estos indígenas pemones fueron aislados y sometidos a torturas físicas, tales como asfixia y fuertes golpizas.
Al radicar este caso en Caracas y no en el estado Bolívar, alejó a estos presos políticos de sus familiares más cercanos, es por esta razón que no recibían alimentos ni medicinas.
Desde el mes de mayo 2020 los 12 indígenas pemones se encuentran detenidos en el Internado Judicial Rodeo II, ubicado en el estado Miranda.
Este recinto penitenciario no recibe porciones de comida por parte del Estado ni cuenta con servicio médico ni de traslados a pesar de que un buen porcentaje de la población reclusa tiene tuberculosis y presenta evidentes síntomas de desnutrición aguda.
8 presos políticos han muerto bajo la custodia del Estado durante mandato de Maduro
El artículo 43 de la CRBV establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad”. A juzgar por lo que ha sucedido este artículo es violentado a diario.
La población penitenciaria del país, es decir los hombres y mujeres procesados por delitos comunes, asciende aproximadamente a 110 mil personas. Todas se encuentran en una deplorable situación.
El hacinamiento supera el 400%, de hecho, la mayoría de internos padece de enfermedades infecto-contagiosas como tuberculosis, VIH/SIDA, malaria, paludismo.
A diario la desnutrición cobra la vida de decenas de privados de libertad. Ningún organismo del Estado investiga estas muertes ni establece responsabilidades al respecto.
De acuerdo a las cifras que maneja el Foro Penal, actualmente hay 354 presos políticos en Venezuela.
Hasta el 28 de diciembre de 2020 el Foro Penal había contabilizado la existencia de 351 presos políticos, hasta la fecha, ocho (8) de ellos, incluyendo al indígena Pemón, Salvador Franco, han muerto bajo la custodia del Estado:
1.- 13-03-2015: Rodolfo González, de 63 años de edad, mejor conocido como “El Aviador” presuntamente se ahorcó estando recluido en una celda del Sebin, en Plaza Venezuela. González tomó la fatídica decisión luego de recibir una vista de la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien le informó que sería trasladado a un penal de presos comunes. Los custodios no hicieron nada para evitar que este procesado concretara su suicidio.
2.- 17-09-2017: Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado Apure y dirigente de Primero Justicia, falleció luego de sufrir un ACV en el interior de una celda del Sebin. El concejal había sido detenido arbitrariamente y padecía de hipertensión. Dado su grave estado de salud, el tribunal de la causa le otorgó la medida cautelar de casa por cárcel, pero los funcionarios policiales jamás ejecutaron la medida. Cuando fue trasladado a un centro asistencial ya era muy tarde.
3.- 8-10-2018: Fernando Albán, concejal del municipio Libertador y dirigente de Primero Justicia, murió al caer del piso 10 de la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela. La versión oficial dada a conocer por el Fiscal del régimen, Tareck William Saab indica que Albán se suicidó luego de pedir permiso para ir al baño. Otros presos políticos que han estado en el lugar explicaron que los detenidos nunca son dejados solos y sin esposas ni siquiera cuando van al baño, por lo tanto resulta cuesta arriba creer en la versión ofrecida por el representante del Ministerio Público.
4.- 4-11-2018: Modesto Díaz, Guardia Nacional retirado, de 63 años de edad, fue detenido por participar en protestas antigubernamentales, se encontraba recluido en el Helicoide, sede del Sebin. Allí comenzó a presentar problemas de salud que nunca fueron atendidos. Tampoco le permitieron recibir visitas. Al morir sus hijos informaron que el deceso se produjo debido a un infarto intestinal que evidentemente se pudo evitar.
5.- 13-12-2018: Nelson Martínez, ex presidente de PDVSA y exministro de Petróleo se encontraba arrestado desde el año 2017. Fue acusado de presuntos hechos de corrupción. Su condición de militante chavista no lo exoneró de la crueldad, por el contrario, fue recluido en la DGCIM a pesar de presentar problemas renales. Fue trasladado tardíamente al Hospital Militar en Caracas donde falleció de un infarto.
6.- 2-02-2019: Virgilio Jiménez Urbina, de 20 años de edad, se encontraba detenido en la cárcel de Uribana, estado Lara, por haber participado en las protestas antigubernamentales del año 2017. Nunca fue llevado a tribunales ni a un centro asistencial. En diciembre de 2018 comenzó a presentar fiebre y desnutrición. Llegó a informarles a sus familiares que la comida que le suministraban tenía cucarachas y gusanos. Al ser llevado al hospital, por presentar fiebre muy alta y evacuaciones con sangre, murió. Se cree que tenía tuberculosis.
7.- 29-06-2019: Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta fue detenido arbitrariamente y acusado de conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Fue brutalmente torturado en la sede de la DGCIM, en Boleíta, Caracas. A pesar de presentar fracturas en las costillas y en el tabique nasal, de no poder caminar y presentar restos de sangre en las uñas de las manos y los pies fue llevado a un tribunal penal. Al no poder responder las preguntas realizadas por el juez Maykel Amézquita éste decidió enviarlo al hospital ubicado dentro del Fuerte Tiuna, lugar donde llegó sin signos vitales. La autopsia reveló que el cuerpo de este oficial había sido torturado, quemado y “tasajeado” con un arma blanca.
8.- 3-01-2021: Salvador Franco, indígena Pemón fue presentando graves problemas de salud por no ingerir alimentos ni recibir atención médica. En noviembre 2020 el tribunal de la causa ordenó su traslado a un centro asistencial, pero la ministra encargada para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, siguiendo el mismo patrón de crueldad de su antecesora, Iris Varela, no ejecutó la orden. Franco falleció en una celda del Retén Judicial Rodeo II, ubicado en el estado Miranda.
