Según el más reciente informe difundido por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), no cabe la menor duda de que Nicolás Maduro superó al difunto Hugo Chávez Frías en materia de represión y persecución contra la disidencia política del país, de hecho, durante su gobierno, 332 personas han sido asesinadas en el marco de protestas ciudadanas.
En el documento titulado “Venezuela: Política de represión y persecución”, publicado este 26 de noviembre, se indica que abundan las evidencias de que Maduro, a efectos de conservar el poder, convirtió al sistema de justicia en un brazo de persecución política.
También ha permitido las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza, institucionalizó la impunidad, creó un marco legal para tales fines, reprime a todo aquel que manifieste públicamente en su contra y mantiene, bajo tortura, a un importante número de presos políticos civiles y militares.
“Dicha represión se sustenta en un aparataje estatal que aborda el sistema de administración de justicia, penitenciario y de seguridad ciudadana, entre otros aspectos”, indica el documento.
Misión impunidad
De acuerdo al artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley, sin embargo, hacerlo contra Maduro puede costar la vida o la libertad.
De acuerdo con la investigación emprendida por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el patrón utilizado para reprimir a la disidencia, desde el año 2014 hasta la fecha, implica, entre otras cosas, lo siguiente: uso excesivo de la fuerza, asesinato de disidentes en el marco de las protestas, uso de grupos de civiles armados, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y malos tratos, inhumanos y degradantes, allanamientos ilegales en los hogares de ciudadanos indefensos y uso de tribunales militares para procesar y enjuiciar a civiles.
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“Un total de 332 personas, desde el año 2014 hasta la fecha, han resultado asesinadas bajo el esquema o patrón de represión: 187 de estas personas fueron víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación, 129 resultaron asesinadas en el contexto de manifestaciones pacíficas y 16 resultaron muertas en persecución política”, señala el informe.
Para colmo, 241 de estos casos se mantienen en “fase de investigación”, es decir, que el Estado venezolano no solo asesina a quienes disienten del régimen sino que no investiga los pormenores de cada caso, es decir, que el Ministerio Público, en manos de Tareck William Saab, no castiga a los responsables aunque muchas veces están plenamente identificados.
“Todo lo anterior da por resultado una situación de total impunidad, la ausencia de castigo al autor de un crimen se constituye en un cáncer que carcome las entrañas de la sociedad. Criminales sin castigos son la certeza de nuevos delitos y la multiplicidad de víctimas”, refieren los investigadores.
La represión en leyes y ordenanzas
Contraviniendo el texto constitucional y cualquier tratado o pacto internacional, durante la administración de Nicolás Maduro se han aprobado una serie de leyes y ordenanzas que establecen el patrón estatal de represión.
Bajo el pretexto de la llamada unión cívico-militar se aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en la cual se introduce la figura del “sistema de protección para la paz” (noviembre 2014) y además se crearon cuatro subsistemas totalmente excluyentes para que el mencionado sistema funcione en base a misiones sociales, comunas, consejos comunales y unidades de batalla Bolívar-Chávez.
En el 2015 se emitieron nuevas normas de actuación de la FANB en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Dichas normas han dado lugar a mayores excesos puesto que autorizan el uso excesivo de la fuerza y de armas letales.
Cabe destacar que durante el gobierno de Maduro se establecieron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y los Colectivos Armados han actuado con mayor impunidad.
“Todo este andamiaje termina convirtiéndose en una política de Estado que Nicolás Maduro denominó ´Plan Zamora´, el cual, según se circunscribe a la unión cívico-militar para evitar un Golpe de Estado´”.
Poder judicial como instrumento de persecución
En materia de debido proceso y acceso a la justicia el régimen de Nicolás Maduro también viola la Carta Magna: deterioró las instituciones garantes de justicia, menoscabó los derechos civiles y políticos, todos los Poderes Públicos, especialmente Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, actúan sistemáticamente para mantener al régimen autoritario.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón cita el caso de la Juez María Lourdes Afiuni como uno de los ejemplos más aberrantes de la justicia roja implementada por Hugo Chávez Frías y perfeccionada por Nicolás Maduro.
“Este caso sirvió de castigo ejemplarizante frente a todos los funcionarios del Poder Judicial, en cuanto a las consecuencias que podrían acarrear el desobedecimiento de órdenes dadas por el Poder Ejecutivo, en cuanto a la utilización del Poder Judicial, como instrumento de persecución o retaliación política”.
Los representantes de la ONG concluyen que de esta manera el Poder Judicial pasó a ser un instrumento de represión sistemática de los derechos humanos.
“Las decisiones del TSJ y, en general, de los tribunales en los que cursan causas de interés político para el régimen terminan siendo fraudes procesales que se iniciaron en el gobierno de Hugo Chávez y se prosiguieron en el régimen de Nicolás Maduro”.
En este sentido destacan que el proceso contra la Juez Afiuni se inició el 10 de diciembre de 2009, cuando aun Hugo Chávez gobernaba el país y terminó siendo condenada a 5 años de prisión, por “corrupción espiritual”, el 21 de marzo de 2019, en pleno mandato de Nicolás Maduro.
333 presos políticos torturados y vejados
Según el mencionado informe, hasta el mes de noviembre de 2020, el régimen autoritario que existe en Venezuela mantiene a 333 personas encarceladas por razones políticas.
Todas estas personas, civiles o militares, han sido sometidas a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y por supuesto, a violación del debido proceso y el derecho a la defensa.
“ACNUDH ha corroborado que estas personas han sido sometidas a palizas con tablas, asfixia con bolsas plásticas y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales”.
Agregan que a los presos políticos también los someten a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposados y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares.
JEP concluye ratificando lo expresado en el Informe de la Misión internacional independiente de determinación de hechos que el pasado 16 de septiembre presentó la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
“No en vano la misión de la ONU estima, y tiene motivos razonables, para creer que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad.
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) es una organización no gubernamental venezolana, independiente e imparcial y no partidista, que promueve la defensa de los derechos humanos, la justicia y el encuentro de la sociedad mediante el perdón.
Esta ONG se encarga de documentar, denunciar y difundir las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Venezuela, específicamente en el ejercicio del derecho a la manifestación política.
Haga click aquí para acceder al Informe de la ONG de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP): https://drive.google.com/drive/folders/1vKIdGrxrAd4wp44-nCcjh9letp4pb7PA
