Alberto Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción, y ahora está acusado de vender armas a las FARC.
El gobierno peruano pedirá a la justicia chilena que amplíe los cargos de extradición contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que también sea juzgado por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.
Así lo anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Guido Bellido, al término de la reunión del Consejo de Ministros en la que, a petición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprobó esta resolución que será remitida a las autoridades chilenas para su consideración.
Por este episodio, Vladimiro Montesinos, principal asesor de Fujimori, fue condenado en 2006 a 20 años de prisión. Montesinos compró un cargamento de 10.000 fusiles AK-47 en Jordania con la ayuda de traficantes de armas y luego los vendió a las FARC.
El Sr. Bellido, que ha sido acusado por la fiscalía de apología del terrorismo y de presunto lavado de dinero en la financiación de su campaña al Congreso, recordó que estas armas habían llegado a «grupos terroristas cuando el ex presidente Fujimori estaba en el poder».
Las armas fueron lanzadas sobre la selva colombiana en aviones que lanzaron en paracaídas la mercancía ilegal en lugares previamente coordinados con las FARC.
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— Política LRepública (@Politica_LR) August 18, 2021
El 2007 Fujimori fue extraditado de Chile para ser procesado en Perú por los delitos que cometió cuando fue presidente de la República.https://t.co/RlaY2etq8K
Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, aunque también ha sido condenado por varios casos de corrupción desde su extradición desde Chile.
Sobornos a los opositores
Después de renunciar por fax a Japón en 2000 tras descubrirse la enorme red de corrupción que se había desarrollado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue capturado en 2005 en Chile cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del año siguiente.
En 2007 fue extraditado a Perú y en 2009 fue condenado a la pena principal de 25 años de prisión por ordenar el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar clandestino Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Fujimori del 5 de abril de 1992, que le permitió cerrar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar el Ministerio Público y el poder judicial.
Fujimori también fue condenado por sobornar a miembros del Congreso y a periodistas de la oposición, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciera pasar por fiscal para registrar el domicilio de la esposa de Montesinos.
Actualmente está procesado por la masacre de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y acusado de esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato, un caso que está actualmente en los tribunales.
Tras la anulación del indulto que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por irregularidades procesales, a Fujimori le quedan una docena de años por cumplir en prisión, por lo que no saldría en libertad hasta 2033, cuando tendría 94 años.
mg (efe, La República, Europa Press,dw)
