La posesión de marihuana ya debería estar regulada en México, pero la estrategia electoral, los grupos de presión y una élite política dividida lo han impedido hasta ahora.
En un país desangrado por la delincuencia relacionada con las drogas, la batalla por la legalización de la marihuana es un eterno tira y afloja entre las fuerzas progresistas y conservadoras. La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una posición clara sobre el tema y declaró el lunes (28 de junio de 2021) que es inconstitucional prohibir legalmente el uso de la marihuana y pidió al Congreso que haga las regulaciones pertinentes al respecto.
Inseguridad a pesar del hito legal
Liza Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), celebra la sentencia: «Debemos estar contentos con la decisión de la Corte porque reafirma que el consumo personal está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No hay muchos tribunales en el mundo que se atrevan a decir esto, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni los gringos», dijo a DW. Pero Sánchez también siente frustración porque «el Congreso tuvo dos años, no pudieron sacar una ley, y la que sacaron era tan mala que daban ganas de llorar». Son incompetentes. Este es un tema que no es del todo comprendido por la clase política, no hay voluntad de entenderlo, todavía hay muchos tabúes.
La primavera pasada, los grupos de presión empresariales y militares frenaron la regularización en el Congreso, y el gobierno está enviando señales contradictorias sobre la cuestión. Tras la decisión de la Suprema Corte, los consumidores pueden solicitar una licencia a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual ya no puede ser negada. Pero la seguridad jurídica solo llega hasta cierto punto, ya que todavía hay leyes que prohíben el cultivo, el comercio y la posesión de más de 5 gramos de cannabis.
Un tema que divide
«Una parte de la élite política, incluido el presidente, es muy conservadora, le tiene miedo, no está convencida de los beneficios», dijo a DW Zara Snapp, cofundadora del Instituto de Investigación sobre Políticas de Drogas y Paz (DPRI). «La regulación les asusta, no creen en los beneficios. Para muchos de nosotros que votamos por Morena porque queríamos ese cambio gradual con otro programa, fue un poco decepcionante», añadió Snapp.
La opinión pública también está dividida. En una reciente encuesta de El Financiero de abril de 2021, sólo el 52 por ciento estaba a favor de la legalización, aunque los niveles de aceptación han fluctuado considerablemente en las últimas encuestas anuales.
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Los activistas han acudido a los tribunales y han ganado varias sentencias a su favor desde 2015. Según los plazos legales, la ley para regular el cannabis debía estar lista a finales de abril de 2021, pero a principios de junio se celebraron elecciones regionales y parlamentarias en México, y para muchos partidos había mucho en juego. «Tuvimos la confesión de AMLO en el noticiero de la mañana, cuando dijo que su gabinete estaba dividido y que, por falta de acuerdo, se había detenido el proceso legislativo. Se trata de una desafortunada injerencia del ejecutivo sobre el legislativo», dice Liza Sánchez.
El turno del Congreso
«Lo que hemos visto es que un proyecto de ley aprobado en el Senado va a la Cámara y se cambia mucho, es por la influencia del gobierno federal, de los diferentes secretarios que lo hacen con cuchara», confirma Zara Snapp. Para Snapp, en el proyecto de ley original «había más restricciones para las empresas y un énfasis en más justicia social, con licencias exclusivas, para las comunidades y la autocultura.
Las fuerzas de seguridad también se oponen a la legalización porque «utilizan la posesión de drogas como forma preventiva de encarcelar a la gente». Para que un sospechoso no cometa otro delito, le plantan marihuana», explica Sánchez. Con la legalización, esta maniobra ya no podrá realizarse.
Tras la decisión del Tribunal Supremo, es el turno del Congreso. «Es una gran oportunidad para México», afirma Snapp. «La regulación del cannabis no va a ser una varita mágica, pero es una de las muchas cosas que pueden empezar a tener un impacto, para cambiar la dinámica y ofrecer más oportunidades a las comunidades rurales y pobres, para reducir el conflicto entre los estados y las comunidades de cultivadores. Puede tener un impacto en la forma en que funcionamos como sociedad», concluye Snapp.
(ms/ers)
