El 30 de agosto es el Día Internacional de los Desaparecidos. En México, miles de personas desaparecen cada año. Los familiares y los activistas de derechos humanos acusan al Estado de no actuar.
Cactus, rocas, montañas y arena gris del desierto, salpicada de restos de edificios abandonados y destripados. Esto es todo lo que hay que ver al pie de la montaña Picachos del Fraile, a las afueras de la ciudad industrial de Monterrey, en el norte de México. Tal vez por eso los cárteles de la droga eligieron este lugar para matar y enterrar a sus oponentes y por eso la guerra del narcotráfico se desató allí con especial intensidad en 2010. Cientos de personas han desaparecido.
Más de 4.000 fosas comunes
Algunos fueron secuestrados para trabajar para los cárteles o para el tráfico de drogas. Otros fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y luego se les perdió la pista.
En julio, diez miembros de la etnia indígena yaqui desaparecieron en el estado de Sonora mientras conducían ganado a una subasta a 85 kilómetros de distancia. Los familiares sospechan que su desaparición está relacionada con la resistencia yaqui a los proyectos mineros.
Un informe anónimo reveló que algunas de las víctimas habían sido enterradas en las arenas del desierto a las afueras de Monterrey. Un equipo forense de la fiscalía regional está buscando los cuerpos. La cinta de plástico amarilla delimita una zona del tamaño de un campo de fútbol. Agentes con monos blancos cavan en el suelo con picos y palas. Cuando encuentran un hueso, lo pasan a sus compañeros, que limpian los restos con cepillos bajo una lámina de plástico y los colocan en bolsas de plástico transparentes numeradas. Los huesos se envían a la oficina del fiscal para realizar pruebas de ADN. Los resultados se comparan con una base de datos de familiares.
En un país casi seis veces mayor que Alemania, la búsqueda de los 90.000 desaparecidos en los últimos 15 años es una tarea difícil. A menudo son los familiares los que encuentran las escenas del crimen. En México operan casi 100 brigadas privadas de búsqueda: panaderos y agricultores, propietarios de tiendas y madres que buscan a sus familiares desaparecidos. Los expertos forenses extranjeros les han enseñado a evaluar las pruebas y a recuperar adecuadamente los restos humanos. Se han descubierto más de 4.000 fosas comunes secretas y se han recuperado más de 6.900 cadáveres.
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Relaciones rotas
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, México ha tenido tres gobiernos, cada uno de un bando político diferente. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta referirse al «legado» de sus predecesores, pero sólo en 2020 se sumaron 4.960 desaparecidos a la lista. Durante su campaña electoral de 2018, prometió ayudar a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y acabar con el derramamiento de sangre. No tuvo éxito.
El secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se jacta del éxito de los operativos de búsqueda y de la capacitación de las agencias regionales de investigación, y se apresura a señalar que en el año pandémico 2020, las denuncias de desapariciones se redujeron en un 22%.
En un país casi seis veces mayor que Alemania, la búsqueda de los 90.000 desaparecidos en los últimos 15 años es una tarea difícil. A menudo son los familiares los que descubren las escenas del crimen. Casi 100 brigadas privadas de búsqueda están en marcha en México: panaderos y agricultores, propietarios de tiendas y madres que buscan a sus familiares desaparecidos. Los expertos forenses extranjeros les han enseñado a evaluar las pruebas y a recuperar adecuadamente los restos humanos. Se han descubierto más de 4.000 fosas comunes secretas y se han recuperado más de 6.900 cadáveres.
