Mientras tanto, la JEP acusó a dos coroneles y a otros 13 militares de 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la segunda acusación del caso de los «falsos positivos».
El coronel retirado del ejército colombiano Juan Carlos Castañeda Villamizar fue condenado a 40 años de prisión por su participación en el asesinato y la desaparición forzada de 54 personas en 2002 y 2003 en el departamento oriental de Casanare, anunció el jueves (15.07.2021) la Fiscalía General de la Nación.
La directora especializada en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos, Deicy Jaramillo Rivera, dijo que la Fiscalía había obtenido la condena de Castañeda por «su participación en los actos de tortura, asesinatos y desapariciones de 54 personas entre 2002 y 2003» en los municipios de Chámeza y Recetor, ambos en Casanare. Asimismo, la fiscalía señaló que el ex alcalde de la localidad de Recetor, Flaminio Cocinero Costo, también fue condenado a 40 años de prisión por los mismos delitos que Castañeda.
#ATENCIÓN | #Fiscalía obtuvo condena de 40 años de prisión contra el coronel en retiro del Ejército, Juan Carlos Castañeda Villamizar; y el exalcalde de Recetor, #Casanare, Flaminio Cocinero Costo, por su participación en actos de tortura, homicidio y desaparición de 54 personas. pic.twitter.com/5szMThUJG2
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 15, 2021
El oficial retirado, que fue comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, y el ex alcalde «participaron activamente en un plan criminal ejecutado» por los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), comandados por Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, contra los pobladores de Chámeza y Recetor, según la Fiscalía. Los dos detenidos «entregaron a la instalación ilegal listas con nombres de presuntos simpatizantes de grupos guerrilleros», explicó la entidad.
«Con esta información, algunas personas fueron citadas en las zonas donde actuaba la estructura paramilitar, y otras fueron registradas en sus casas por hombres armados que las sometieron. En total, 54 residentes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos», dijo la Fiscalía General en un comunicado, añadiendo que los dos ex oficiales incumplieron su deber de proteger a la comunidad y, con «pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, permitieron que las incursiones violentas se llevaran a cabo de manera sistemática».
Con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juzgado Único Especializado de Yopal (Casanare) encontró a Castañeda y Cocinero culpables de los delitos de «homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado y asociación para delinquir agravada». La decisión, que es en primera instancia y por tanto susceptible de recurso, también ordenó la detención de Castañeda, que estaba en libertad bajo fianza. También solicitó que se emitiera una difusión roja de Interpol para Cocinero «al entender que es un prófugo de la justicia».
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La PEC acusa a otros 15 militares de falsos positivos
Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acusado a dos tenientes coroneles y a otros 13 militares de 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano. Esta es la segunda acusación en el caso de las ejecuciones de civiles conocidas como falsos positivos, por las que ya han sido acusados 10 militares y un civil.
«El CPE acusa a otros 15 miembros del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad por los falsos positivos en la Costa Caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del Batallón La Popa (con sede en Valledupar, en el noreste)», explicó el magistrado Óscar Parra.
El CPE volvió a encontrar «patrones de macrocriminalidad» en las acciones y alianzas del ejército con los grupos paramilitares para atraer a los jóvenes y matarlos para presentarlos como guerrilleros muertos, inflando las cifras de «muertos en combate» y obteniendo recompensas e incentivos de sus superiores. «Estos hechos no habrían tenido lugar sin las alianzas con miembros de grupos paramilitares y una serie de incentivos, amenazas y presiones ejercidas por los mandos sobre sus subordinados para obtener muertes en combate», señala el SJP.
Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, así como otros implicados, fueron considerados máximos responsables y acusados de los delitos de asesinato de persona protegida y desaparición forzada, de los delitos de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y del crimen de guerra de asesinato.
