«En Nicaragua, en 22 días, hemos asistido a la mayor violación del ordenamiento jurídico a nivel constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos», dijo a DW la jurista Asunción Moreno.
Entre octubre del año pasado y febrero de este año, se aprobaron en Nicaragua una serie de leyes y reglamentos que cambiaron el marco legal del país, convirtiéndolo en un corsé cada vez más estrecho para los opositores.
Es difícil decir cuál ha tenido el mayor impacto: «Todos son parte del mismo rompecabezas», dijo a DW la abogada Asunción Moreno, miembro de la Alianza Ciudadana por la Libertad. Y cuando se pone todo junto, el panorama se aclara: «Todos están dirigidos a limitar y prácticamente anular el ejercicio de los derechos civiles y políticos», dijo el académico, quien tiene una maestría en derecho constitucional y ciencia política, y subrayó: «Para mí, es una cadena de ilegalidad y arbitrariedad». En el espacio de 22 días, hemos sido testigos de la mayor violación del sistema legal a nivel constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
En opinión de Esteban Cuya, miembro del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, en realidad, esta situación de ruptura con el Estado de Derecho, de reducción de la democracia, es algo que ya se está desarrollando, sobre todo en los últimos tres años, desde que comenzaron las protestas ciudadanas en Nicaragua. El investigador de derechos humanos dijo a DW que «solo están poniendo sobre el papel lo que ya estaban practicando, para dar un barniz de legalidad a lo que han hecho para limitar aún más las posibilidades de disidencia política.»
Precandidatos «secuestrados» en Nicaragua
En cualquier caso, basándonos en las nuevas leyes aprobadas desde octubre, se ha desatado una escalada represiva en la que ya han sido detenidos cinco precandidatos a la presidencia de Nicaragua. Asunción Moreno prefiere decir que fueron secuestrados. Y da sus razones: «Fueron secuestrados porque fueron detenidos, y sus domicilios fueron registrados sin respetar las formalidades que establece la Constitución nicaragüense».
Explica que en los últimos 20 casos registrados desde el 2 de junio, los afectados fueron sometidos a audiencias «secretas y clandestinas» en las que no se respetó su presunción de inocencia, y que en ese momento no se les permitió designar a sus defensores.
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«La verdad es que no se permitió a sus familias verlos. Y, con tres excepciones, a los defensores designados por las familias ni siquiera se les permitió reunirse con ellas», dijo. Y subraya que «lo más grave es que estas audiencias dan lugar a una resolución judicial que se traduce en 90 días de prisión preventiva, lo que en realidad viola todo el marco constitucional nicaragüense, porque nuestra Constitución establece 48 horas como tiempo máximo de detención para llevar a una persona ante la autoridad competente.»
Las nuevas leyes de Nicaragua
Una de las leyes, aprobada a principios de febrero, amplía la duración de la detención preventiva y forma parte del arsenal de herramientas legales utilizadas por el gobierno contra los opositores. La primera es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre de 2020, que prácticamente cierra el acceso a la financiación internacional a las organizaciones no gubernamentales. Si reciben fondos del extranjero, deben registrarse como agentes extranjeros. «Esta ley prohíbe a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense aceptar donaciones del extranjero, o bien están obligadas a declararlas y explicar a qué se destinan; esto dificulta las posibilidades de trabajo de las ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos y la educación para la democracia», dice Esteban Cuya.
La lista también incluye la nueva ley especial sobre delitos informáticos, cuyo artículo 30, sobre la difusión de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, establece, entre otras cosas, que «si la publicación o difusión de información falsa y/o distorsionada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, será castigada con tres a cinco años de prisión y multa de 500 a 800 días.»
Además, una enmienda constitucional permitirá la cadena perpetua para los «delitos de odio» ampliamente definidos. La Constitución nicaragüense establece penas máximas de 30 años de prisión, y la oposición cree que esta enmienda también les afecta. También se ha añadido a la lista la nueva «Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz», que prohíbe presentarse a las elecciones a quienes hayan cometido «traición». Esta categoría también incluye a quienes «proponen y gestionan bloqueos económicos, comerciales y financieros contra el país y sus instituciones, a quienes piden, exaltan y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos.»
Bloqueo de la oposición
Los analistas coinciden en la intención del gobierno de Daniel Ortega de bloquear el camino de la oposición hacia las elecciones de noviembre. Esteban Cuya recordó que en el pasado, «los regímenes dictatoriales de América Latina han recurrido al uso de las leyes, incluso en conflicto con la propia Constitución del Estado; así lo hizo, por ejemplo, el régimen de Alberto Fujimori en Perú, dictando leyes draconianas para castigar a la oposición cuando esta exigía el respeto a la democracia y al Estado de Derecho.» Y subrayó que «en el caso de Nicaragua, al ser un régimen dictatorial, no respetan el estado de derecho; no quieren oposición de ninguna forma».
Para Asunción Moreno, «vemos que se ponen todas las trabas para que los nicaragüenses no participen ni tengan la oportunidad de cambiar el gobierno por medios cívicos y pacíficos, y esto es realmente lamentable.»
