Los jefes de la inteligencia civil y militar de Venezuela cometieron crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, liderada por Nicolás Maduro y sus allegados, ha denunciado la ONU.
«El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) han sido el cerebro detrás del diseño, la implementación y el mantenimiento de un mecanismo para reprimir la disidencia», dijo el martes (20.09.2022) una misión internacional de investigación establecida por la ONU para Venezuela.
«Incluidos los actos de tortura y violencia sexual».
«El Estado venezolano utiliza sus servicios y agentes de inteligencia para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidas la tortura y la violencia sexual», se lee en un informe detallado presentado a la prensa por la misión.
El informe se basa en las conclusiones de la misma misión 2020 y se centra ahora en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe nombra como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de reclusión) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos durante este periodo, Ronny González.
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En la DGCIM se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a ex funcionarios de diferentes niveles del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Órdenes deliberadas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
Sin embargo, se afirma que las acciones de cada uno de ellos fueron el resultado de órdenes directas de Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
«Los actos de violencia documentados no fueron perpetrados por individuos aislados e inconexos que actuaron solos dentro del Sebin y el DGCIM. Estas violaciones, que constituyen crímenes contra la humanidad, forman parte de una política gubernamental deliberada para silenciar y reprimir a la oposición», afirma el informe.
La misión documentó los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en la sede principal de Caracas (conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.
Aunque los casos denunciados pertenecen principalmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y delitos cometidos por el Sebin y la DGCIM continúan hasta hoy, manteniendo las mismas estructuras, patrones y prácticas, señala la misión, dirigida por la abogada Marta Valiñas.
rml (efe, afp,dw)
