El caso, relativo a un presunto delito contra el Estado, se presentará ante el Tribunal Constitucional del país.
Un juez de la Corte Penal de Cotopaxi anunció el lunes (4 de julio de 2022) la suspensión de la audiencia en la que se procesaba al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, por un supuesto delito contra el Estado ecuatoriano. El caso está ahora ante el Tribunal Constitucional del país.
La jueza Paola Bedón decidió devolver el caso al máximo tribunal del país para determinar si la actuación del líder indígena durante las protestas fue constitucional o no, después de que la defensa de Iza pidiera 45 días para valorar las pruebas, según informa el diario ecuatoriano El Universo.
«El juez decidió devolver inmediatamente el caso al Tribunal Constitucional para que decida sobre el plazo. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece un plazo muy corto para este tipo de situaciones, solo 15 días, y el procedimiento del juicio tarda más’, explicó el abogado de Iza, Carlos Poveda, quien señaló que esta decisión también fue compartida por la Fiscalía en este caso,
Poveda también cuestionó la parcialidad del juicio en el que se acusa a Iza de paralizar los servicios públicos -y por el que el presidente de la CONIAE fue detenido el 14 de junio- debido a la ausencia de testimonios de la Policía Nacional, Petroecuador y la Fiscalía.
Tras el juicio de Cotopaxi, Iza anunció que acudiría a las instancias jurídicas internacionales «independientemente de la resolución que emita Bedón».
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Iza calificó su detención de «ilegal, arbitraria e ilegítima» y afirmó que «los cargos que se le imputan no han sido probados y nunca lo serán». «Lo que me atribuyen es mentira, no he cometido ningún delito atroz», declaró.
Durante las movilizaciones que tuvieron lugar en Ecuador en las últimas tres semanas, el líder indígena llegó a acusar a las fuerzas de seguridad del Estado de detenerlo y pidió el encarcelamiento de todos los manifestantes.
La lucha no pertenece a una organización o a una persona, pertenece a los indígenas, pertenece al pueblo. Así que si quieren encarcelar a una persona por reclamar derechos, deberíamos estar todos en la cárcel, porque todos estuvimos presentes en las manifestaciones’, dijo un Iza en la plaza de El Salto, en Latacunga, en el centro del país.
jc (europa press/dpa, efe/dw)
