El Tribunal expresó su preocupación por la falta de información sobre el lugar de detención y las condiciones de vida de los detenidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió el jueves (24.06.2021) al Estado de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata y garantice la protección de la vida e integridad de cuatro opositores encarcelados, a los que el presidente Daniel Ortega ha calificado de «delincuentes».
En una resolución sobre las medidas provisionales, la Corte Internacional consideró que era necesario, debido a las circunstancias excepcionales del caso, que el Estado tomara sin demora las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida, la integridad y la libertad personal de los líderes de la oposición Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera.
«La privación de libertad de estas personas lleva implícito un mensaje de intimidación destinado a desanimar y silenciar a otros opositores políticos exponiéndolos a la privación de libertad, cuestión de especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de mantenerse, erosionaría las reglas del juego democrático y el Estado de Derecho», reza el texto.
Como parte de estas medidas, el Estado de Nicaragua deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 8 de julio de 2021, de las medidas urgentes adoptadas para cumplir con esta decisión.
«Una situación de extrema gravedad».
La Corte añade que «observa con preocupación que hasta la fecha el Estado no ha proporcionado ninguna información sobre el paradero y las condiciones de detención de estas cuatro personas, a pesar de las numerosas solicitudes realizadas por los familiares y representantes legales y, en particular, por la Comisión. «
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«La Corte considera que existen elementos suficientes para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, en consecuencia, la urgencia de adoptar las medidas necesarias para evitar un daño irreparable a los derechos a la vida y a la integridad personal» de los opositores encarcelados «por las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones», dice la resolución.
«Todas estas personas han sido objeto de persecución y amenazas desde abril de 2018 (…) Esta situación se ha intensificado en el tiempo y alcanza su punto álgido en 2021, a partir de la convocatoria de estas personas para participar en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año», explica la conclusión del tribunal.
Los familiares exigen saber dónde están y cómo están.
El mismo jueves, familiares de casi una veintena de opositores detenidos en las últimas semanas exigieron al Gobierno que les permita «verlos y saber dónde están y cómo están», y que deje entrar alimentos y medicinas en la cárcel de El Chipote, donde supuestamente están recluidos.
Durante una conferencia de prensa virtual, los familiares de 16 presos, muchos de los cuales son candidatos a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, dijeron que temían por su salud y su vida. La mayoría de los presos tienen más de 50 años y algunos padecen enfermedades crónicas.
«Llevamos 11 días sin verle, no le dejan hablar con su abogado y sólo nos permiten darle agua. ¿Por qué lo golpean?», preguntó Cristian Tinoco, hija del ex viceministro de Asuntos Exteriores y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, de 68 años, detenido por la policía el 13 de junio.
El miércoles por la noche, en un mitin del partido, Ortega se refirió por primera vez a las detenciones masivas de opositores y dijo que no se les retiene «por ser candidatos» sino por ser «delincuentes» y «agentes del imperio yanqui» que preparan «otro golpe» para derrocarle.
«El único criminal aquí es Daniel Ortega, que es responsable de la muerte de más de 300 personas», respondió Cristian Tinoco.
jc (efe, afp, ap)
