«No nos van a callar», declararon los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
El lunes (26.09.2022), activistas y familiares organizaron una protesta masiva en la capital mexicana para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, una tragedia que marcó la historia de México.
Cientos de estudiantes de escuelas rurales de Guerrero, la capital y otras partes del país acompañaron a padres de familia y activistas desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el Zócalo central. Aunque los edificios públicos estaban blindados y los comercios acordonados, la marcha fue pacífica, con pocos incidentes de violencia.
En el Zócalo, los padres de familia expresaron en un micrófono sus demandas, entre ellas la solicitud de pruebas científicas después de que el último informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia dijera que no había pruebas de que los estudiantes estuvieran vivos.
«No hay señales de vida, pero tampoco hay señales de muerte», dijo Blanca Nava, madre de uno de los desaparecidos de septiembre de 2014, Jorge Álvarez Nava, durante la manifestación en el Zócalo.
«Han pasado ocho años desde que paramos en la calle y todavía no nos han dado una respuesta. Enrique Peña Nieto (presidente entre 2012 y 2018) nos engañó con la verdad histórica y le digo a este nuevo gobierno que no se burle más de nosotros, que no se burle del dolor y del sufrimiento. Queremos saber la verdad», continuó la mujer.
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El último informe de la Comisión de la Verdad reconoce la implicación del crimen organizado y de las autoridades mexicanas, en un intento de refutar la «verdad histórica» presentada por la administración del ex presidente Peña Nieto.
Órdenes de detención anuladas
El 19 de agosto se dijo que se habían dictado 83 órdenes de detención contra personas presuntamente relacionadas con el caso, pero el domingo un medio de comunicación nacional informó de que se habían anulado 16 de ellas.
Hasta la fecha, han sido detenidos varios miembros del ejército y el ex procurador general Jesús Murillo Karam, considerado uno de los artífices de la «verdad histórica».
«Estamos aquí para exigir que el gobierno mexicano, que se ha comprometido con nosotros, conozca la verdad sobre el destino de los normalistas. No estoy satisfecho con este informe que dice que nuestros niños están muertos. ¿Dónde están?», dijo Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez, en una entrevista con varios medios de comunicación extranjeros.
Se ha identificado un hueso del pie de Christian, pero el padre insiste en que no se trata de la entrega de un cuerpo a un padre.
Por su parte, el presidente Andrés López Obrador ha asegurado que la investigación del caso, que su propio gobierno ha calificado de «crimen de Estado», continuará. «No tenemos ninguna intención de dar carpetazo al asunto», dijo desde el Palacio Nacional durante su sesión informativa diaria.
El sábado se publicaron fragmentos del informe de la comisión, presentado el 18 de agosto. Los fragmentos revelan detalles de cómo fueron supuestamente asesinados los estudiantes a través de conversaciones con personas supuestamente implicadas.
La marcha fue la culminación de varias semanas de protestas que comenzaron en Guerrero, el estado donde los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, y continuaron en varios puntos clave del caso y en otros lugares emblemáticos de la Ciudad de México.
gs (efe, El Sol de México, El Financiero,dw)