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¿Es el espionaje de periodistas un peligro para la democracia?

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El sonado caso de espionaje a un periodista por parte de los militares chilenos ha reavivado el debate sobre la delgada capa que separa la seguridad de la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia.

Se llamó “Operación W”. En septiembre de 2017, la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) pidió permiso a la Corte de Apelaciones de Santiago para interceptar las comunicaciones de un presunto agente extranjero. Poco después se supo que el número “interceptado”, como se conoce el acto de intervenir un teléfono, pertenecía al periodista Mauricio Weibel, quien había publicado en mayo de 2016 el libro “Traición a la Patria”, sobre un millonario desfalco de fondos públicos que llevó a procesar a altos mandos militares.

La fiscalía comenzó a investigar el espionaje contra Weibel y lo amplió a cuatro ex oficiales del ejército, todos los cuales habían denunciado corrupción en la institución. Posteriormente se supo que la rama terrestre de las fuerzas armadas chilenas también había estado investigando información de otros profesionales que habían investigado irregularidades en el uso de los fondos que todos los chilenos pagan a sus militares a través del erario público.

Weibel declaró ante el tribunal, denunciando acoso, llamadas telefónicas sospechosas y el misterioso robo de ordenadores, un fenómeno que también afectó a otros profesionales. En comunicación con DW, el periodista, autor de otros libros, como “Ni orden ni patria” -sobre el fraude fiscal realizado por los Carabineros de Chile-, destacó que “no me siento intimidado, pero sí irritado como demócrata”. Este es un comportamiento inaceptable por parte de los poderes militares y políticos.

No es una excepción

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Paula Cejas, directora de la oficina regional de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) para América Latina y el Caribe, afirma que lo ocurrido en Chile no es un fenómeno inusual. “Puedo señalar los casos recientes de Argentina, donde en 2018 más de 400 periodistas habrían sido investigados por la Agencia Federal de Inteligencia (FIA) en relación con la reunión del G20 y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en el país. Del mismo modo, ha habido otros casos en México, donde en 2017 hubo denuncias de espionaje contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos”, dice a DW.

“Lo importante es entender que los periodistas, en el derecho internacional, se equiparan a los defensores de los derechos humanos y que los Estados tienen la obligación de ofrecer mayores garantías para el ejercicio libre, plural y seguro de la prensa”, añade Weibel, que insiste en que lo ocurrido en su caso “está fuera de toda norma democrática” porque es un grave ataque a la libertad de expresión. “Y es a través de la libertad de expresión que las personas exigen el respeto de otros derechos humanos y expresan sus opiniones sobre la sociedad, de ahí la importancia de protegerla.

Ejemplos similares de espionaje o intimidación han tenido lugar en El Salvador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia, a diferentes niveles y contra medios de comunicación, tanto grandes como pequeños. “Los que espían o investigan a los periodistas quieren que éstos sepan que los están espiando porque les hace sentirse vulnerables y expuestos. Quieren que conozcan su familia, su trabajo, su vida privada”, dijo Cejas. Son acciones que “buscan intimidar y silenciar, fomentando una cultura de la censura y el miedo”.

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