La medida fue aprobada sin estudio ni discusión por la mayoría oficialista del Congreso.
El martes (19.07.2022), el Congreso de El Salvador, con una amplia mayoría del partido gobernante, aprobó la cuarta prórroga del régimen de excepción vigente desde finales de marzo, que ha dejado más de 46.600 personas detenidas y miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos.
La prórroga, que prolongará el régimen al menos cinco meses, fue aprobada por 67 votos de los 84 diputados que componen el órgano legislativo, dominado principalmente por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), y sin más debate.
Como en otras ocasiones, la medida, que suspende las garantías constitucionales para otorgar poderes especiales al Ejecutivo, fue prorrogada sin estudio parlamentario ni discusión en comisión, y sólo horas después de que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentara la solicitud de prórroga al Consejo de Ministros.
La Constitución salvadoreña establece que la prórroga de la suspensión de estos derechos no debe exceder de un plazo máximo de 30 días y sólo se prorrogará si se mantienen las causas que generaron la declaración.
Según el decreto, sigue existiendo una «grave amenaza».
Según el gobierno y el Congreso, esta condición se ha cumplido, aunque se ha controlado la escalada de asesinatos que marcó los días más sangrientos de la administración Bukele y el 26 de marzo con el mayor número de asesinatos del presente siglo (62).
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Según el decreto, las bandas siguen representando una «grave amenaza» y «continúan su proceso de desintegración», poniendo «en riesgo a los ciudadanos salvadoreños».
El documento aprobado afirma que si se revocara la medida extraordinaria, se produciría un «retroceso en los avances logrados».
Los familiares de los detenidos se manifiestan en San Salvador
Cientos de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción se manifestaron el martes en San Salvador para defender su inocencia y exigir su liberación.
Las personas, unas 200, se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo de San Salvador con pancartas, fotografías, carteles y camisetas con imágenes de sus familiares para exigir la liberación de sus seres queridos, que dicen son inocentes y están detenidos injustamente.
A principios de junio, una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales están perpetrando «graves violaciones» de los derechos humanos bajo el régimen de excepción y advirtió de la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
jc (efe, afp, ElSalvador.com, El Faro,dw)