Entre estos tres países latinoamericanos, el informe de Estados Unidos es más brutal con Venezuela, a la que acusa de no hacer ningún esfuerzo para combatir el tráfico.
El martes (19.07.2022), el gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su «lista negra» de traficantes de personas, por considerar que no cumplen las normas establecidas por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para prevenirlo y proteger a las víctimas.
Así lo destaca el Informe sobre la Trata de Personas 2022 del Departamento de Estado, que hace un balance de la situación en todo el mundo. Además de Cuba, Venezuela y Nicaragua, otros diecinueve países figuran en la «lista negra», entre ellos China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
De estos tres países latinoamericanos, el informe es más contundente con Venezuela, que «no cumple las normas mínimas para la eliminación de la trata y no hace ningún esfuerzo por hacerlo».
Los traficantes se valen de la «corrupción» para inducir a los gobiernos a hacer la vista gorda, según Estados Unidos.
El régimen de Caracas tolera a las bandas
EE.UU. señala que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que se refiere como «régimen» en el informe, no ha informado de ninguna asistencia a las víctimas de la trata de personas ni de ningún esfuerzo para perseguir a los traficantes.
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El documento señala que el ejecutivo venezolano «siguió prestando apoyo y manteniendo un entorno permisivo para los grupos armados no estatales que reclutaron y utilizaron niños soldados para el conflicto armado y colaboraron en la trata de personas con fines sexuales y el trabajo forzoso, operando con impunidad».
En cuanto a Cuba, el informe afirma que, «a pesar de la falta de esfuerzos significativos», el gobierno de La Habana ha tomado algunas medidas para combatir la trata de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes.
La exportación de trabajadores cubanos
Sin embargo, señala que durante el periodo examinado hubo una «política o patrón de explotación gubernamental» de los programas de exportación de mano de obra «con fuertes indicios» de trabajo forzoso.
En este sentido, el gobierno estadounidense cita las misiones médicas cubanas en otros países y afirma que La Habana «continuó desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas» y sin abordar «las violaciones de la legislación laboral y los delitos de tráfico de personas».
En cuanto a Nicaragua, el informe afirma que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega ha «minimizado» la gravedad del fenómeno.
En particular, el informe señala que Managua no ha informado de investigaciones, enjuiciamientos o condenas de funcionarios cómplices de delitos de trata, a pesar de la «corrupción rampante y la complicidad generalizada de los funcionarios», ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas.
EE.UU. señala que los «observadores» han cuestionado la validez de la documentación del gobierno nicaragüense sobre el tráfico de personas, citando como ejemplo los datos de las fuerzas de seguridad, ya que algunos de estos «observadores» señalaron que el gobierno «ocultó intencionadamente o clasificó erróneamente los casos de tráfico para minimizar las estadísticas.»
jc (efe, afp, dw)
