La normativa penaliza la «subversión social», la difusión de noticias falsas en Internet y el ciberterrorismo.
Cuba penaliza delitos como la «subversión social» y la difusión de noticias falsas en Internet, así como el ciberterrorismo, en su primera norma de ciberseguridad publicada el martes, una medida que provocó la reacción de los tuiteros que reclamaban el «derecho a la disidencia» tras las protestas sin precedentes de julio.
«Por primera vez, el país contará con una norma legal que asocia los incidentes y tipos de ciberseguridad que van más allá de los límites de la tecnología», dijo el director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), Pablo Domínguez, citado por el portal oficial de noticias Cubadebate.
El nuevo marco legal, el primero de este tipo que aprueba el gobierno cubano en materia de telecomunicaciones, entró en vigor el martes con la publicación en la Gaceta Oficial de tres decretos del Consejo de Ministros e igual número de resoluciones del MINCOM.
Se produce un mes después de las históricas protestas que sacudieron el país los días 11 y 12 de julio, dejando un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
En cuanto al «cumplimiento obligatorio para las personas físicas y jurídicas», el reglamento establece 17 «incidentes (delitos) de ciberseguridad», con niveles de «peligro» que van de «medio» a «muy alto».
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Entre ellas se encuentran la «subversión social», cuyo objetivo es «alterar el orden público» y «promover el malestar social», el ciberterrorismo y la ciberguerra.
También incluyen, entre otros, «la difusión de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación que afecte al prestigio del país», el ciberacoso, el engaño a menores, el servicio ilegal de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y el robo de información.
Las reacciones al acuerdo comenzaron a aparecer casi inmediatamente en Twitter. «Tenemos derecho a discrepar y a expresarlo», tuiteó @SailydeAmarillo, empresario cubano.
La periodista independiente Luz Escobar también tuiteó «#NoAlDecretoLey35 #SOSCuba», un hashtag que se replicó rápidamente en la red social.
Interrupción de Internet
«Cuba es una dictadura y criminaliza la libertad de expresión», dijo Karly, una joven cubana que vive en Costa Rica, en su cuenta de Twitter.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que el «régimen cubano está restringiendo aún más» Internet al emitir «normas que permiten el cierre de Internet cuando se publica información que el gobierno considera «falsa».»
Añadió que Cuba trata «la difusión de noticias que atentan contra el ‘prestigio del país’ como un caso de ciberseguridad».
El internet móvil, que recién llegó a Cuba en 2018, se ha convertido en el gran aliado de los colectivos y organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio, cuando las protestas se replicaron masivamente en las redes de la isla.
Asimismo, la regulación se produce mientras Cuba acusó el jueves al Senado de EE.UU. de «agresión» por permitir a la administración de Joe Biden proporcionar acceso a Internet a los cubanos para sortear un posible apagón digital del gobierno.
Durante el brote, el gobierno cerró durante cinco días aplicaciones y servicios de conectividad que eran fundamentales para la movilización. Biden anunció entonces que su administración estaba explorando formas de restablecer la conectividad.
Por ello, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes una enmienda para crear un fondo destinado a desarrollar y desplegar las tecnologías existentes para proporcionar acceso a Internet a los cubanos.
En un acontecimiento relacionado, los Departamentos del Tesoro y de Comercio de EE.UU. publicaron al día siguiente una hoja informativa en la que se detallan los pasos necesarios para conceder licencias a los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados con Cuba.
mg (afp, AP,dw)
