Tras siete años de cierre de los siete pasos fronterizos legales entre Colombia y Venezuela, Bogotá y Caracas reabrirán la frontera el 26 de septiembre de 2022. El restablecimiento de su relación conlleva retos, incertidumbres y oportunidades.
«Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, así como desde Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (ONG apoyada, entre otros, por la Fundación alemana Friedrich Ebert), hemos insistido desde hace tiempo en la necesidad de restablecer al menos las relaciones consulares, porque la gente no debería pagar las consecuencias de las diferencias políticas e ideológicas entre los gobiernos», dice la investigadora Ligia Bolívar a DW, y añade que «estamos hablando de millones de personas a ambos lados de la frontera que no tienen acceso a servicios consulares, a un pasaporte, a la inscripción de un recién nacido, etc.». En el libro «Colombia-Venezuela: equilibrios y desafíos», Socorro Ramírez y Ligia Bolívar exponen los principales aspectos de las relaciones y el entendimiento entre ambos países.
Con el intempestivo y definitivo cierre de la frontera el 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro provocó un éxodo masivo de su población, que hoy supera los dos millones y medio de refugiados en Colombia que tuvieron que arriesgar sus vidas cruzando las ‘trochas’.
En 2019, después de que el entonces presidente colombiano Iván Duque reconociera oficialmente a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela y de los intentos fallidos de entregar ayuda humanitaria a Venezuela tras el Venezuela Aid Live, las relaciones quedaron literalmente bloqueadas por contenedores.
El comercio binacional, la esperanza de los más afectados
Contenedores que la gente de ambos lados espera llenar para reactivar la economía regional, víctima del conflicto político entre Bogotá y Caracas. Un declive económico que ha servido de plataforma para la informalidad y el crimen organizado binacional.
En la actualidad, el presidente colombiano Gustavo Petro intenta devolver el carácter institucional a las relaciones binacionales. Aunque la reanudación del comercio no será fácil, ya que «Venezuela no produce nada», como señala Ligia Bolívar, los retos políticos y diplomáticos son aún mayores. El gobierno de Petro se encontrará, en algún momento, en una «encrucijada ética», augura a DW Zair Mundaray, exfiscal venezolano exiliado en Colombia, ya que las posiciones y visiones de Petro y Maduro son «absolutamente antagónicas».
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Un poder global de la muerte
El abogado Mundaray señala que mientras ‘el objetivo de Petro es convertir a Colombia en una potencia mundial de vida, Maduro ya ha convertido a Venezuela en una potencia de muerte’, y explica: ‘Nunca ha habido un desastre ecológico mayor que el promovido por Maduro en el Arco Minero, con derrames de mercurio en cuerpos de agua que abarcan 112.000 kilómetros cuadrados, destruyendo la flora y la fauna, devastando a las poblaciones indígenas y desplazándolas hasta Brasil. Petro, por su parte, añade Mundaray, propone promover nuevas energías limpias y mecanismos de protección de los pueblos indígenas.
En cuanto a las vidas humanas, la situación es mucho más grave, dice Zair Mundaray, citando informes de la Comisión de Investigación de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado. Según estos, «en Venezuela, desde 2015 hasta la fecha, los organismos de seguridad del Estado venezolano han cometido más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales». En Colombia, por su parte, compara el ex fiscal venezolano, «el gobierno propone el respeto a los derechos humanos, para que el Estado tenga una posición más justa con los ciudadanos, y el respeto a la protesta pública».
El respeto a las instituciones debe ser mutuo
La migración venezolana es uno de los temas más importantes y delicados de las relaciones bilaterales. En Colombia, «el Permiso Temporal de Protección (PTP) sigue siendo una medida de regularización migratoria muy válida, aunque insuficiente, pero es un gran avance para evitar, entre otras cosas, el riesgo de apatridia», dice a DW la socióloga Ligia Bolívar, que recuerda al Gobierno colombiano la necesidad de «ampliar esta medida más allá del plazo establecido y la urgencia de extender la (re)integración en todas las direcciones».
Por parte del gobierno venezolano, la aceptación de la salida forzada de millones de venezolanos hacia Colombia será parte de un proceso que comienza con el respeto a las instituciones colombianas, como lo demuestra la reciente solicitud del diputado venezolano Diosdado Cabello al gobierno colombiano de «extraditar a los opositores venezolanos». La respuesta de Gustavo Petro fue inmediata y contundente: «Colombia garantiza el derecho de asilo y refugio».
(ms en dw)
