Nuevos tipos de delincuencia están desafiando a las autoridades chilenas, un fenómeno asociado a la inmigración de grupos criminales que cometen delitos antes desconocidos por la policía y la fiscalía chilena.
En medio de su conversación con DW, el fiscal jefe de la región chilena de Tarapacá, Raúl Arancibia, hace una pausa y aclara que cuando habla de delitos cometidos por inmigrantes, «siempre me refiero a delincuentes, no a personas que vienen en busca de mejores horizontes.»
El comentario es pertinente. Durante mucho tiempo la prensa chilena evitó hablar de los delitos cometidos por extranjeros, una tendencia que ha empezado a cambiar en los últimos tiempos, especialmente por la implantación en el país sudamericano de bandas criminales como el Tren de Aragua, de origen venezolano.
Se trata de «delincuentes», no de inmigrantes en general.
Las encuestas muestran una creciente sensación de inseguridad entre los ciudadanos. El tipo de delito que se comete es cada vez más violento e incluso el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, declaró que el país tiene «la peor situación de seguridad desde el retorno a la democracia». Añadió que hay que evitar el populismo a la hora de abordar este problema, que es complejo y a largo plazo, «pero hay que reconocer la verdad».
La inmigración de bandas que se han instalado en distintos puntos del país ha propiciado un debate cada vez más abierto sobre la cuestión. Y si bien es cierto que, proporcionalmente, los inmigrantes cometen menos delitos que los chilenos, también lo es que hay grupos de delincuentes extranjeros que han extendido sus armas por todo el país, cometiendo actos hasta ahora poco vistos en Chile: secuestros por encargo, asesinatos por encargo, asesinatos y mutilaciones de cuerpos, tráfico de personas, entre otros.
Prácticas más violentas, como el «descuartizamiento» de cadáveres.
Una de las regiones más afectadas es Tarapacá, que pasó de 18 asesinatos en 2020 a 54 en 2021 y ya tiene 25 en 2022, con la mayoría de estos crímenes cometidos por bandas extranjeras.
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‘La delincuencia aumentó de forma muy violenta con la llegada de los colombianos, y con ellos llegaron los primeros asesinatos por encargo o ajustes de cuentas, todo ello con un grado de violencia inusual para nosotros’, dijo a DW Arancibia, un fiscal con más de 20 años de experiencia en la zona.
Arica, Antofagasta, Valparaíso, Iquique y Alto Hospicio son algunas de las ciudades afectadas por este cambio. En el caso de los dos últimos, la tasa de homicidios alcanzó los 14 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la media nacional que rara vez supera los 4 por cada 100.000.
El control fronterizo está fuera de control, debido a la porosidad de la frontera.
Arancibia explica que el problema está relacionado con la falta de control fronterizo: el Estado no puede saber quién entra o sale de su territorio debido a la porosidad de la frontera, un escenario que favorece a estos delincuentes. «Estas bandas están presentes a ambos lados de la frontera y a veces obligan a los migrantes a llevar armas o drogas», explica Arancibia.
Su historia está llena de tragedias: desde las escuchas telefónicas en las que los delincuentes colombianos hablan de «cortar» cadáveres cuando transportan ketamina, «una droga con la que trafican principalmente los venezolanos», hasta los préstamos con altos intereses que agobian a los pequeños comerciantes, que se ven obligados a huir de la región por la presión de los grupos organizados extranjeros.
Como resultado, el malestar de la población se ha extendido, desencadenando algo habitual en estas circunstancias: una cierta animosidad hacia los inmigrantes de cierto origen.
DW
