La investigación comenzó en 2019 y se centró en el actual jefe de Carabineros por su papel como director de orden y seguridad en la época de las masivas protestas en el país.
La fiscalía chilena anunció este martes (23.08.2022) que citará como imputado al general de Carabineros Ricardo Yañez por posibles delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía durante la ola de protestas de 2019.
La investigación, ahora a cargo de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la fiscal Ximena Chong, comenzó en 2019 en Valparaíso y se centró en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de orden y seguridad al momento de estallar las masivas protestas en el país.
Según El Mercurio, la investigación se enmarca en la indagación por presuntos delitos de lesa humanidad, aunque está vinculada a una causa iniciada en 2021 que busca establecer la responsabilidad del mando en presuntos «delitos de omisión» en las coacciones ilegales ocurridas durante la revuelta social entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021.
Yañez ya declaró como imputado en febrero de 2022, cuando también era comandante de la institución militarizada, y fue citado por la fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien llevó la investigación en la primera fase. En estas declaraciones, Yañez descartó una política de ataques sistemáticos contra la población civil, subrayando que «nadie ha muerto como consecuencia de la actuación de los carabineros».
A finales de 2019, Chile vivió la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que comenzó con una protesta por el aumento del precio del billete de metro y se convirtió en una demanda de un modelo económico más justo y con más derechos sociales.
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Los disturbios dejaron más de treinta muertos y miles de heridos. La ONU y Human Rights Watch han acusado a las fuerzas de seguridad de violaciones generalizadas de los derechos humanos, así como de incidentes de violencia que han llevado al Ministerio Público a abrir más de 5.000 expedientes por delitos cometidos durante las marchas.
ama (efe, la tercera,dw)
