La violencia del conflicto cocalero requiere una acción constructiva por parte de las autoridades, respetando el derecho a la protesta pacífica», dijo la organización.
Foto de archivo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia expresó el jueves (11.08.2022) su preocupación por el «uso excesivo de la fuerza» en el conflicto cocalero y pidió un «diálogo respetuoso» entre las partes.
La «violencia del conflicto de la coca requiere una acción constructiva por parte de las autoridades, respetando el derecho a la protesta pacífica», dijo la organización en Twitter. También señaló que «el uso excesivo de la fuerza y la exhibición pública de los detenidos es preocupante y contrario a las obligaciones en materia de derechos humanos». El diálogo respetuoso es el camino para encontrar soluciones.
Desde hace una semana, miembros de la Asociación Departamental Independiente de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA), liderados por Freddy Machicado, protestan contra el funcionamiento del llamado «mercado paralelo», que depende del bloqueo de Arnold Alanes, a quien culpan del apoyo que reciben del Gobierno. Durante varios días, grupos de cocaleros movilizados se enfrentaron a la policía -que intentaba impedirles llegar al lugar del «mercado paralelo»- utilizando dinamita y gases lacrimógenos, con el resultado de varios heridos, uno de ellos grave, y una veintena de detenciones.
La oficina del Defensor del Pueblo propuso una mediación entre las partes, pero los miembros de ADEPCOCA ya han declarado que no dialogarán hasta que se cierre el «mercado paralelo», se libere a los detenidos y se respete la independencia de esta institución privada.
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En medio de los enfrentamientos, la policía detuvo a más de 20 cocaleros que luego fueron expuestos públicamente -sin ser llevados ante un juez- en una conferencia de prensa por el ministro del gobierno, Eduardo del Castillo.
La actuación del ministro ya ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que aseguran que se ha vulnerado la «presunción de inocencia» de los detenidos.
Además, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que la policía ha intentado «limitar o restringir las actuaciones formales de investigación» que realiza para verificar la situación de los detenidos, que, según el Defensor del Pueblo, son en varios casos «irrelevantes».
Los grupos de cocaleros movilizados, que han alcanzado una tregua temporal, han anunciado que a partir de la próxima semana «masificarán» sus medidas de presión si no se libera a los detenidos y si no se cierra el «mercado paralelo».
La normativa boliviana que regula la venta de hoja de coca para consumo legal y tradicional sólo reconoce el mercado de Villa Fátima en La Paz y el de Sacaba en Cochabamba. Por lo tanto, ADEPCOCA exige que el otro mercado se realice de acuerdo con la ley y se cierre.
ama (efe, afp,dw)
