La historia de los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) de Caracas es larga, triste y llena de mucho dolor: A pesar de ser inocentes de forma comprobada, 8 funcionarios adscritos a este cuerpo policial fueron condenados a penas de 16, 17 y 30 años de prisión.
El exsecretario de seguridad de la Alcaldía Metropolitana, comisario Iván Simonovis, también fue incluido entre los castigados por los hechos violentos del 11 de abril de 2002.
Dos de los condenados ya recobraron la libertad plena porque cumplieron la pena corporal en su totalidad, tres se encuentran en arresto domiciliario por padecer de enfermedades crónicas, uno vive en los Estados Unidos porque logró escaparse de su casa y tres aun siguen sometidos a prisión por la inclemencia del régimen venezolano.
Todos estos funcionarios policiales fueron vilmente condenados a prisión después de casi 7 años de celebrarse un juicio completamente amañado.
La sentencia fue dictada el 3 de abril de 2009 por la juez Cuarta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, hoy magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.
Juez espera una orden de Miraflores
Desde hace casi 18 años la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, es el recinto penitenciario donde los funcionarios policiales Erasmo Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada y Héctor Rovaín, purgan la condena de 30 años que injustamente les impusieron.
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De acuerdo con un pronunciamiento emitido el 5 de abril de 2011 por el tribunal que actualmente conoce la causa (Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Aragua en Funciones de Primero de Ejecución) todos estos hombres son objeto de beneficios procesales desde el año 2007, a pesar de ello, el régimen venezolano es inclemente y los mantiene en prisión.
Por ejemplo, Héctor José Rovaín, imputado por los delitos de Homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva y Lesiones personales graves y leves fue condenado a 30 años de prisión, pero de acuerdo con el cómputo de la pena, sumado a que ha trabajado durante la reclusión y ha presentado buena conducta, puede optar a beneficios tales como Destacamento de Trabajo y Régimen Abierto.
Lo mismo, de acuerdo con el pronunciamiento del mencionado tribunal, aplica para Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, quienes permanecen confinados en las frías celdas de la cárcel de Ramo Verde.
El tribunal de la causa, incluso, ha emitido pronunciamientos favorables a estos detenidos. Por ejemplo, ha confirmado que ninguno de ellos ha cometido algún delito o falta durante el cumplimiento de la pena, todos han sido clasificados en el grado de mínima seguridad y los pronósticos de conducta han resultado favorables.
“Los tres expolicías metropolitanos que siguen presos en la cárcel de Ramos Verde dependen de una orden superior que lleve a la juez Ada Marina Hernández a otorgarles beneficios procesales”, dijo al diario “Tal Cual” Yarahis Heredia, esposa del funcionario Erasmo Bolívar.
De no recibir ningún tipo de beneficio procesal estas tres personas, a pesar de su inocencia, permaneceran 12 años más en prisión.
Por pena cumplida
El pasado 15 de febrero, después de haber cumplido 17 años y 10 meses de prisión, el Cabo Primero de la PM, Arube José Pérez Salazar de 51 años de edad, recobró la libertad plena.
Al salir de la prisión un familiar que grabó el momento le pidió emitir un mensaje, pero el funcionario, privado de emoción, no logró decir una palabra.
Arube Pérez también había sido condenado por los delitos de Homicidio calificado en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.
Lo curioso es que todas las pruebas balísticas que se hicieron determinaron que este funcionario nunca accionó su arma de fuego esa tarde del 11 de abril de 2002.
El lunes 23 de enero de 2020, luego de cumplir 16 años y 8 meses de presidio, y más de un mes de secuestro judicial, quedó en libertad plena el SubComisario de la extinta Policía Metropolitana, Marco Javier Hurtado, uno de los nueve funcionarios policiales que fue condenado, siendo inocente, por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Hurtado cumplió la pena el domingo 15 de diciembre de 2019, pero la juez de la causa, Ada Marina Armas, no emitió a tiempo la boleta de excarcelación por lo que el detenido tuvo que permanecer mes y medio más de lo indicado en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques.
En esta oportunidad la juez Ada Marina Armas dijo que la causa de los PM es “un caso especial” y por lo tanto “requiere instrucciones desde Caracas”.
El día 11 de abril de 2002, a propósito de una multitudinaria marcha que pretendió llegar al Palacio de Miraflores, Hurtado se encontraba destacado en la Comisaría Urdaneta, ubicada en la Zona 5 de El Calvario. Allí lo ubicaron sus jefes superiores a efectos de impedir que motorizados oficialistas entraran al lugar.
A pesar de esto, este funcionario fue señalado de haber asesinado a dos personas que se encontraban en la avenida Urdaneta de Caracas.
En sus casas, pero enfermos
El agente Julio Ramón Rodríguez, además de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, se encuentra en su casa purgando la condena de 30 años que le fue impuesta.
Estos tres funcionarios recibieron una medida humanitaria en el año 2011 luego de presentar graves problemas de salud (cáncer de próstata).
Vivas y Forero fueron condenados por los delitos de Cómplice necesario en la comisión del delito de homicidio calificado, en el delito de homicidio calificado frustrado y Lesiones personales graves en complicidad correspectiva.
Se escapó de su residencia en Caracas
A pesar de tener en su tobillo izquierdo un brazalete de seguridad, el 16 de mayo de 2019, el comisario Iván Simonovis se escapó de su residencia. Luego, al ofrecer declaraciones a la prensa, reconoció que sus carceleros colaboraron para que se concretara la fuga.
En la actualidad el experimentado funcionario policial vive en Estados Unidos y desde allí ejerce el cargo de Comisionado Presidencial de Seguridad para el gobierno interino de Juan Guaidó.
Dado que Simonovis presentaba graves problemas de salud, entre ellos, una voraz artrosis degenerativa por no haber recibido sol durante 7 años, fue llevado a su domicilio para que recibiera tratamiento médico.
“Chávez me ordenó condenarlos”
En el año 2012, el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, huyó del país y estando en Costa Rica notarió una declaración en la cual relata que el Poder Ejecutivo en Venezuela ejerce una manipulación sistemática de la justicia.
Luego, al llegar a la ciudad de Miami y ofrecer una declaración al canal de televisión “Soi TV”, el mencionado funcionario dijo: “Chávez me llamó y me dijo: “jode a los comisarios, díctale la pena máxima”.
Según el relato de Aponte Aponte todos estos juicios eran planificados en la oficina de Elías Jaua Milano, quien ejercía el cargo en ese momento de Vicepresidente Ejecutivo de la República.
Aponte Aponte agregó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para entonces, Luisa Estela Morales, era partícipe de estos planes y reconoció, además, que con este juicio se dio inicio a una manera distinta de administrar justicia.
“Los Policías Metropolitanos fueron los culpables necesarios que el régimen chavista requería para establecer una justicia a la usanza de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, en lo adelante el Poder Judicial jamás volvió a ser imparcial y mucho menos administró justicia”, dijo Aponte Aponte.
La PM
La Policía Metropolitana de Caracas (PM) fue un órgano policial venezolano con competencia para cumplir sus funciones preventivas solo en el Área Metropolitana de Caracas.
Este cuerpo policial fue creado el 21 de diciembre de 1969 y funcionó hasta el 5 de abril de 2011.
La Policía Metropolitana fue sustituida por la Policía Nacional Bolivariana, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
